ASPAAUG: jugadas de presión a la rectoría de la UG
1.- ASPAAUG: jugadas de presión a la rectoría de la UG
Luis Felipe Guerrero Agripino dejó una relación con la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) definitivamente viciada. El rejuego de cómodas negociaciones, concesiones y permisividad otorgada durante su periodo a la lideresa Lizbeth Reyes Montúfar, es parte también de su mala herencia.
En una inédita actitud, la ASPAAUG decidió suspender toda negociación general sobre el salario de sus agremiados para este 2024, argumentando problemas que sugieren una violación a los derechos laborales del profesorado del Departamento de Música y Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato UG, con ocho asuntos que se mantienen en revisión.
La embestida hacia la rectora Claudia Susana Gómez López es más que clara. Sostuvieron que se “atenta contra la integridad y estabilidad laboral de las y los docentes, sino que también pone en entredicho la imagen, el prestigio y los valores de nuestra Universidad”.
En su postura pública, la ASPAAUG describe lo que sería toda una valerosa gesta digna de una organización obrera de finales del Siglo XX, al aseverar que ha llevado a cabo “múltiples acciones” de manera pacífica, con denuncias formales y propuestas de solución. Entre lo demagógico y los hechos, decidieron tronar una negociación que está en ciernes.
En este punto no se puede hacer de lado que fue la propia Reyes Montúfar la que se intervino como uno de los obstáculos para que la Junta Especial Universitaria rechazara el reconocimiento oficial al nuevo Sindicato Independiente de los Trabajadores de la UG -no afines a la administración agripinista- que el año pasado superó el periplo para lograr su meta.
Por su parte, la rectora de la UG no ha reconocido estos ocho asuntos laborales como parte de las negociaciones sindicales, una postura que la ASPAAUG tildó, faltaba más, como de falta de voluntad para la resolución de conflictos.
Como un ingrediente adicional, cabe indicar que la propuesta de la UG al sindicato, es un incremento discreto del 4 por ciento y una partida de 2 millones de pesos para prestaciones extraordinarias. Un planteamiento discreto y conservador que ya es el más bajo desde la llegada de Reyes Montúfar, al apenas considerar el índice inflacionario.
Así que de esta manera inicia la relación de la ASPAAUG con la rectora de la UG. Una jugada de presión que sin duda alguna parece extraña y completamente fuera de la dinámica acostumbrada, pero que sobre todo pone a prueba la independencia y autoridad de las actuales autoridades universitarias.
2.- CIDH: desprotección e impunidad expuestas
La circunstancia de violencia contra las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato, ya enciende focos rojos a nivel nacional. Con seis asesinadas y una desaparecida en menos de cuatro años, el tema ya ha recibido entrada por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego de aceptar la solicitud de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
La audiencia de la CIDH quedó agendada para el miércoles 28 de febrero en Washington con el tema “México: Protección de mujeres buscadoras”. Contará con una de las participaciones más nutridas, al abarcar organizaciones como Articulo 19, Fundación para el Debido Proceso, la Unión Regional de Búsqueda del Bajío y la Plataforma por la Paz y la Justicia. En total, 19 diferentes iniciativas ciudadanas.
Entre todos los tópicos pendientes por tratar y denunciar, dos conceptos son básicos: desprotección e impunidad.
La protección implica ineludiblemente a la Secretaría de Gobernación a cargo de Luis María Alcalde Luján, como la de gobierno que encabeza Jesús Oviedo Herrera. Desde los mecanismos de protección inoperantes hasta el respaldo y articulación de las búsquedas, ambas instancias han quedado a deber frente al riesgo inminente que padecen familias que hacen la labor que el Estado no hace.
La impunidad tiene un lugar preponderante en el debate, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre lleva esta marca en todos y cada uno de los casos enlistados. A esto se agrega el inexistente desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, pese a los indicios claros del crimen organizado en cada caso.
Por cierto, entre los asistentes estará Jesús Peña, Oficial en Cargo Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entidad que la semana pasada recibió el menguado informe de la FGE sobre el caso de la buscadora desaparecida Lorenza Cano Flores. La falta de avances en ese documento, parece que será su común denominador.
3.- Grupo Pachuca: relaciones de beneficio y tolerancia
La displicencia y desenfado mostrados por el dueño del Club León, Jesús Martínez Murguía, para referirse a la deuda millonaria que siguen sin cubrir por el servicio de agua potable y drenaje en el Estadio León, además de ser insultante para los leoneses que ya padecen de los tandeos por la escasez del recurso, ilustra el nivel de relación política que ya ostenta el empresario hidalguense.
No estamos ante una relación típica del gobierno estatal y municipal con un empresario cualquiera. Se trata de una ida y vuelta de intereses coyunturales de la que el afamado Grupo Pachuca se ha beneficiado; desde la compra venta de los terrenos para el fallido nuevo estadio de León, hasta el préstamo para cubrir la compra en remate del viejo inmueble, no hay pérdidas reales.
El tema de la deuda con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) se cuece aparte. Pese a recibir un más que generoso descuento de 60 por ciento sobre la deuda acumulada por 13 años, todavía no se han cubierto los 42 millones de pesos resultantes en la negociación con el equipo de futbol, que todavía buscaría otro subsidio "que hay para todas las empresas”.
Entre las últimas declaraciones de Martínez Murguía, es de llamar la atención que descarte la remodelación del Estadio León que adquirió con un préstamo público, al declararse sin fondos. Eso sí, se dijo presto para colaborar con el gran proyecto estatal del Distrito León MX, una coyuntura que supone nuevos beneficios privados con impulso público.
Así que en tiempos electorales y de cambio de sexenio, será vital seguir de cerca los andares de una empresa futbolera que ha recibido el beneplácito de los gobiernos en turno. El sello de la casa, dicen los más enterados.
CONTRA RETRATO
Alejandro Navarro Saldaña
Para muchos hace leña del árbol caído. Lo cierto es que no deja de ser extraño que haya esperado tanto tiempo para presentar una denuncia que parecía lógica pero que aguardó los tiempos electorales para hacerse efectiva.
El alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña, presentó una denuncia penal contra de quien resulte responsable de las difamaciones que dice haber recibido por un video de la televisora local Canal 8, propiedad de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, cuya candidatura a la alcaldía bajo los colores de Morena aún está en vilo.
El delito que encuadre se lo dejó al Ministerio Público. Un detalle importante si se toma en cuenta que desde la promulgación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el delito de difamación y calumnias fue derogado del Código Penal, para dar paso al delito de daño moral por el que justamente ya fue sentenciado Rodríguez Medrano en un caso anterior.
Según el edil, en su emisión televisiva el noticiero transmitido en el canal de Rodríguez Medrano exhibió una entrevista anónima donde la interlocutora, según él, lo injuria al grado de señalar que fue detenido para luego aclarar que era el día de los Santos Inocentes. El chiste se cuenta sólo.
¿Navarro Saldaña leyó la oportunidad de denunciar, una vez confirmada la condena del caso anterior? En este momento es difícil saberlo, sin embargo, es importante remarcar que las causales están a años luz de distancia.
