Banco del Bajío viento en popa
Fue un buen jueves para el mercado bursátil en México porque hubo resultados positivos en las empresas participantes. Cabe destacar que el referencial índice S&P de la Bolsa Mexicano de Valores IPC, integrado por las acciones de las 35 emisoras de más valor por capitalización y liquidez, alcanzó un máximo histórico de 51,855.80 puntos, aunque cerró con un avance de 0.57% al nivel de 51,634.6 puntos. Una de estas emisoras sobresalientes es una de las naves insignia de la economía guanajuatense, el Banco del Bajío, cuyo consejo directivo es capitaneado por Salvador Oñate Ascencio.
La institución ha tenido un desempeño sobresaliente, lo que ha generado gran confianza en sus inversionistas. En el segundo trimestre de 2021, su utilidad neta aumentó en 51.8 por ciento respecto al segundo trimestre de 2020, mientras que al cierre del primer semestre de este año BanBajío reportó una utilidad neta consolidada de 2 mil 15 millones de pesos, una cifra superior en 3.7 por ciento respecto de su similar de 2020.
Los números del Banco del Bajío son notables, porque lo ha hecho en medio de la peor caída económica del país desde 1932 por causa de la crisis sanitaria que generó la pandemia de covid-19. Ha tenido un sano crecimiento de su cartera de crédito y los depósitos, así como a mayores ingresos distintos de margen financiero y menor nivel de costo de riesgo.
Entre los resultados presentados por el banco más importante en la región, se indica que la cartera de actividad empresarial vigente, la especialidad del BanBajío, creció 4.4 por ciento con respecto al mismo período del 2020. Asimismo, en la suma depósitos a la vista y captación a plazo el incremento representó 14.1 por ciento.
Bajo las condiciones económicas sufridas por el país, uno de los referentes a tomar en cuenta por los inversionistas a la hora de valorar la solidez institucional es el Índice de Morosidad (IMOR), así como el Índice de Cobertura (ICOR), es decir lo que cubre la cartera vencida, al 30 de junio de 2021 alcanzaron 1.10% y 203.50% respectivamente, mientras que el IMOR y el ICOR del sistema nacional bancario alcanzó el 2.52% y 149.51% respectivamente a mayo 2021, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La morosidad se mantiene bajo control.
Además, de acuerdo a los análisis de riesgos, se considera que no existe un escenario factible en el cual las “variaciones en los factores de riesgo que afectan la posición de derivados pudiera poner en riesgo o causar una pérdida igual o mayor al capital contable de la institución”. Los resultados no pueden sino apoyarnos al persistir en el consejo: actualmente es un buen negocio invertir en Banco del Bajío, sus resultados lo avalan.
AVISO DE OCASIÓN
Vuelve el control sobre el costo del gas doméstico. La situación estaba tornándose complicada para los consumidores y para el propio gobierno federal, que había insistido en que habría condiciones para precios bajos. La verdad es que ha fallado en generar tales condiciones, así que ahora ha tenido que asumir una medida que pudo haber realizado desde que se forjó la Ley de Ingresos para 2021.
Ayer, la Comisión Reguladora de Energía retornó al esquema de precios máximos para la comercialización de gas licuado de petróleo (LP), del cual había renegado la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados el año pasado, a pesar de la petición de los partidos de oposición, al aprobar la publicación del Acuerdo por el cual “divide al país en 145 regiones donde cada 15 días se determinará el precio tope al que pueden vender los comercializadores y distribuidores de este combustible”. Quienes no cumplan recibirán como sanción la revocación de su permiso en términos del artículo 56, fracción III de la Ley de Hidrocarburos.
La medida es emergente y por ende presenta riesgos y defectos. De haberse tomado las previsiones de forma legislativa, no habría condiciones de judicialización, como podría darse ahora cuando los permisionarios tendrán 30 días para interponer sus amparos por violación a los derechos adquiridos en la Ley de Hidrocarburos y en la Constitución en cuanto a la existencia de un libre mercado del gas LP y la necesidad de una declaratoria de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que determine si no existen condiciones para este mercado, algo que si preveían los mecanismos legislativos de años pasados.
Veremos qué pasa.