Caso Punto Legal: resultado de la crisis de vivienda social

1.- Caso Punto Legal: resultado de la crisis de vivienda social

Los sueños de hacerse de un patrimonio terminaron en una pesadilla para cientos de familias que fueron víctimas del fraude inmobiliario de Punto Legal en León. A casi dos años de un tortuoso proceso penal, finalmente se observa una salida, aunque no para todos. Este viernes un juez condenó a 15 años de prisión y el pago por la reparación de daños por más de 6 millones de pesos, al responsable de encabezar los fraudes: Édgar Francisco “N”.

Jubilados, pensionados, familias jóvenes con la intención de tener una casa propia o aumentar sus ingresos mediante la renta. “Yo no tengo la preparación del señor. Yo tengo estudios de secundaria”, dijo una de las víctimas en la audiencia de este viernes. Son algunos de los perfiles de los defraudados. Esto no solo expone una dinámica de cómo un sujeto, haciendo uso de su conocimiento de la ley como abogado, saqueó a cientos, aprovechándose de su desconocimiento. También expone una problemática profunda en León, la de la vivienda.

La falta de vivienda asequible al final es una de las causas de que estas familias vieran en anuncios en Facebook o listas de WhatsApp, la oportunidad de materializar sus deseos de dotar de un espacio futuro a sus hijos. ¿A quién no le resultaría atractiva una vivienda en 200 mil, 300 mil o 400 mil pesos y en colonias fuera de polígonos de pobreza?

El problema se ha ido profundizando con el natural crecimiento de la población en el municipio. No es desconocido para autoridades. Según el informe de Programa Sectorial de Vivienda 2021 del gobierno municipal de León, las principales preocupaciones respecto a este tema son: insuficiente oferta de vivienda digna para sectores de bajos ingresos y sin acceso a créditos; un elevado número de viviendas deshabitadas en la zona urbana; falta de inspección de los asentamientos humanos irregulares y la especulación del suelo urbano.

El déficit sumado a que más del 50% de la población se encuentra en pobreza moderada o extrema, dan como resultado una tragedia en la que se ven insertas familias que buscan comprar una casa y que en muchos casos quedan orilladas a irse a asentamientos irregulares o fraccionamiento en los linderos de la ciudad, que terminan convirtiéndose en entornos peligros, en los que los servicios públicos no están garantizados.

Muestra de ello es la existencia de más de 60 mil casas abandonadas en León al inicio de esta década y de las que se fueron por la lejanía, la inseguridad y los problemas para pagar la hipoteca.

El caso Punto Legal solo es uno de los resultados del déficit de vivienda de interés sociales. Un problema profundo al que hasta ahora ningún gobierno ha mostrado avances importantes para resolverlo. Lo peor, sobre todo para los pobres, es que habrá más puntos legales.

2.- ¿Rompimiento de la gobernadora y cámaras empresariales?

No es una demanda de amparo contra la extinción del FIDESSEG, son varias y siguen su ruta legal, al menos tres. Lo que aumenta una crisis no vista entre el gobierno estatal y cámaras empresariales.

Los empresarios no tiraron la toalla y aún con el extinto fideicomiso se mantuvieron en la pelea. Lo que rompió la liga fue una llamada entre líderes empresariales y la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la que no lograron convencerla de blindar los recursos, promoviendo una ley que estableciera que el 0.2% de la sobretasa del Impuesto Sobre la Nómina se usara exclusivamente para proyectos sociales y el 0.1% para proyectos se seguridad. No preferentemente, como estableció el gobierno estatal.

La incomodidad estuvo presente este viernes durante el festejo por el 95 aniversario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Zona Metropolitana de León. La forma es fondo y aunque en los discursos se habló de la importancia del diálogo y la unión, ni para la foto se pusieron los presidentes de las cámaras, cosa rara en ellos. Únicamente posó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente del organismo festejado, y porque recibió un reconocimiento. Con quien sí lucieron sonrientes, fue con la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

La gobernadora no cedió en la llamada revelada por Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, y parece que tampoco cederá. La mandataria ha mostrado firmeza en sus decisiones y en su equipo se dice que no hay intenciones de meter reversa, claro, con sus restricciones porque habrá que esperar si no la obliga el amparo que mantiene vivas las esperanzas de los empresarios.

3.- Politización secuestra cuerpo de bomberos en Manuel Doblado

Entre humo durmieron dos días en la comunidad de San Pablo en Manuel Doblado, luego de un incendio en un predio de agave. Los Bomberos llegaron, vieron y se fueron.

Cuando la politización llega a las siempre carentes y tan necesarias corporaciones de bomberos, ya estamos mal. Así ocurre en Manuel Doblado, donde de plano no atienden los reportes de siniestros y como en San Pablo que, si llegan, no hacen nada. El origen no solo sería la carencia de personal, sino de índole político, pues el presidente del Consejo Directivo de Bomberos, José Carmen Loza Córdoba, apoyaba a la expresidenta Blanca Preciado Pérez y que fracasó en su búsqueda de un segundo periodo. Por lo que no vio con buenos ojos el regreso del priista, Adolfo Alfaro Reyes.

La falta de servicio de los bomberos ya provocó problemas con otras corporaciones. María Parra López, directora de Protección Civil, envió un oficio el pasado 8 de noviembre, en el que le pedía directamente a José Carmen Loza Córdoba apoyo del cuerpo de bomberos para dará atención a los reportes, dado que ellos no tenían unidades suficientes y equipo.

La petición de la directora de Protección Civil incluso se subió a Sesión de Ayuntamiento del 21 de noviembre, pero el cuerpo de bomberos, o, mejor dicho, su presidente siguió sin trabajar.

Contra Retrato

Juan Miguel Ramírez Sánchez

El presidente municipal de Celaya no denunció formalmente las amenazas del crimen organizado en su contra ni las presiones para que cediera el control de direcciones de seguridad. Que no confía en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El alcalde en realidad no confía en nadie, ni en él por eso se miente a sí mismo.

La soberbia del Juan Miguel Ramírez Sánchez es sabida, pues presume su línea directa con autoridades del gobierno federal y dijo que las denuncias ya están ante la Sedena, pero no ante la Fiscalía General de la República, que al final es la que tiene la facultad. Solo palabrería del morenista.

Que la cámara de seguridad no grabó a los responsables de un homicidio, que están intervenidas, para que luego lo desmientan. Que los homicidios bajaron y que Celaya es otro… en mes y medio. Su administración es el gobierno de los pretextos.

Si la palabra convence, el ejemplo arrastra. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, le aprendió bien a su jefe y tras los recientes hechos de violencia en Celaya, el funcionario dijo que las “personas de bien” no tienen de qué preocuparse. ¿Comerciantes asesinados por no pagar la cuota no son personas de bien? ¿todos los ejecutados en Celaya están en malos pasos? ¿se matan entre ellos? El secretario usa un discurso rancio y ya muy repetido en Guanajuato.