Celaya: la violencia que nunca se fue
1.- Celaya: la violencia que nunca se fue
El horror de la violencia en Celaya está lejos de terminarse. Confirmada la zona conurbada como inmersa en actividades criminales, nuevamente irrumpe ante la opinión pública con el asesinato de cinco jóvenes que fueron localizados la noche del domingo dentro de un vehículo sobre un camino de terracería justo a espaldas del campus de la Universidad de Guanajuato.
El lugar ha sido escenario de otros hechos violentos. Bloqueos, enfrentamientos, ejecuciones se han registrado en este punto que se supondría ajeno a este tipo de sucesos al ser punto frecuente de maestros, estudiantes y población en general; en definitiva, no se trata de un paraje lejos de los alcances de la Policía de Celaya que encabeza el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.
Pero quizá esta última característica ha representado el mayor acertijo para la corporación celayense que ya opera de forma mayoritaria con agentes exfederales. Desde las comunidades rurales se ha gestado la violencia que la asedia ahí mismo o que se traslada impune hasta la cabecera municipal.
Pero más grave aún son las condiciones de tensa tranquilidad o aparente pacificación en la zona Laja Bajío. Se trata de una región que abarca una cuarta parte del territorio estatal, en la que se conoce de operaciones delictivas en plenitud con una supuesta reducción de los homicidios que luego es irrumpida por masacres o sucesos fuera de toda proporción.
Justo este escenario buscó ser enfrentado con la apuesta por exelementos de la extinta Policía Federal, a consejo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, quien fue factor clave para la llegada de Rivera Peralta y su propuesta por cimentar un bloque policiaco que atendiera al menos desde Celaya hasta los Apaseos en la zona limítrofe con Querétaro.
Vaya sentido que cobra ese diagnóstico, cuando ha trascendido que los cinco estudiantes asesinados más el que continúa desaparecido, habrían asistido a una fiesta en Querétaro.
Para algunos, este hecho interrumpe una aparente etapa de reducción de la violencia en Celaya. Sin embargo, esta nunca se fue. En noviembre de 2022 la Universidad de Guanajuato tuvo que suspender actividades por bloqueos en carreteras de Guanajuato a raíz de la detención de un operador criminal. En mayo de este año se registró un enfrentamiento armado que dejó dos muertos.
Si a lo anterior le agregamos el dato de que el domingo pasado sumaron diez víctimas asesinadas, definitivamente estamos frente a violencia que nunca se fue; sólo quedó latente.
2.- IEEG: inclusión electoral a medias
No se puede negar que puede haber algo de buena intención en la determinación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para que los partidos asignen en los primeras cuatro posiciones de las planillas a las alcaldías y en la lista de plurinominales, a una persona afrodescendiente, indígena, homosexual o discapacitada.
Sin embargo las formas lo definen todo y las empleadas por el órgano que preside Brenda Canchola Elizarraraz, han terminado por indigestar a todos los partidos políticos pero más aún, a los grupos, colectivos e integrantes de las comunidades que dicen defender.
En lo que toca a los partidos, hay que dejar en claro que las intenciones del IEEG para responder a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una determinación extendida tiene más de un año. La resistencia a aplicarla vino principalmente del PAN, que aún no había modificado o abierto su agenda al tema de la diversidad sexual.
La medida naufragó por las mismas resistencias, hasta que el 22 de noviembre pasado -con la grilla partidaria ya en su máximo nivel- el IEEG aprobó el acuerdo CGIEEG/085/2023 mediante el cual se emite la acción afirmativa a favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas para las candidaturas a diputaciones locales en el Congreso del Estado.
Esto derivó en sendas impugnaciones del PRI y el PAN en contra de la medida, que de forma obligada deberán de ser resueltas por el mismo IEEG. En caso de que los partidos no estén conformes, todavía podrán acudir al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) y de ahí se podría ir hasta el Supremo Tribunal Electoral. Todo un periplo.
Pero lo más relevante es lo que dicen las poblaciones aludidas. De momento la organización LGBT Rights advierte un avance a medias, pues la comunidad de la diversidad sexual estará prácticamente compitiendo con las otras poblaciones vulneradas. Todas juntas en un mismo costal, lo cual habla de un escaso trabajo de análisis que ahora podría convertir el proceso electoral local en un galimatías.
3.- Caso Adolfo Enríquez: la FGE en la mira
Nuevamente el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) está en tela de juicio y no es para menos. La investigación del asesinato del activista digital Adolfo EnrÍquez Vanderkam ha despertado dudas y desconfianza entre sus deudos, debido a la opacidad y escasa transparencia que le ha mostrado la institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Hay dos dimensiones sobre las que ya han pedido la asistencia de organizaciones externas para mantener observancia plena sobre la FGE.
Una es la del debido proceso el cual se advierte, podría ser factor clave para definir el destino legal del presunto responsable presentado por los agentes ministeriales en una espectacular recreación que la FGE difundió en redes sociales. La otra es la participación de la familia pues no fueron informados ni siquiera de la audiencia inicial del caso. Se enteraron hasta que un familiar fue a solicitar información.
Al no involucrar directamente a la familia y que esta se entere en los medios de comunicación -con vídeos propagandísticos- no es otra cosa que una revictimización completa.
Fue el pasado viernes cuando la Fiscalía buscó vincular a proceso penal a Luis Jair “N”. Sin embargo, el imputado solicitó cambiar de defensa, de un abogado público a uno particular. Esto se hizo efectivo el sábado a las diez de la mañana, en la que solicitó al juez seis días para presentar pruebas a favor del imputado, lo que fue concedido.
Por todo lo anterior, no debe de sorprender que cada vez sea más común que víctimas y defensores de derechos humanos soliciten asistencia para vigilar el actuar de la FGE. Un recurso que se vuelve factible ante los desplantes de una fiscalía adepta a la espectacularidad de las detenciones.
CONTRA RETRATO
Román Cifuentes Negrete
Hay pocas posibilidades de verlo de nuevo en una boleta electoral, aunque en política todo puede pasar. Lo cierto es que su distanciamiento del grupo oficial en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo mantiene en vilo para el futuro mientras se desempeña en una diputación federal que no quiso concederles.
Román Cifuentes Negrete reapareció ayer en temas locales, pero no para dar buenas noticias. De hecho, fueron pésimas.
Como si se tratara de ejercer presión, advirtió que el gobierno de Guanajuato es el que deberá asumir y entrarle de lleno al proyecto para dar suficiencia de agua al estado, ante el abandono presupuestal del gobierno federal. Algo que no necesariamente es novedoso, pero envuelve la dilación histórica en un tema medular para el corredor industrial y específicamente para León.
Por otro lado, Román Cifuentes requiere de medallas que lo conviertan en un cuadro viable, incluso para el oficialismo actual en el PAN. En el entendido de que el agua es un tema bajo resguardo completamente federal -lo cual hace inviable que el estado tome la pauta- indicó que hay una reunión pendiente con los diputados federales del PAN que usará como tribuna para insistir en el tema.
Según el diputado federal, por lo menos planteará los permisos para que Guanajuato pueda emprender su propio proyecto hídrico, lo cual parece francamente insalvable.
