Celaya y el Bajío bajo fuego: otro sexenio perdido

1.- Celaya y el Bajío bajo fuego: otro sexenio perdido

Celaya y el resto de la región Laja Bajío se encuentran en el peor de los mundos. La alternancia política que se dictaminó en las elecciones del 2 de junio resultaron un cobro directo a los gobiernos municipales actuales, lo que abrió un periodo de vacíos en el poder con funcionarios que prácticamente apuntan a la salida sin haber consolidado la seguridad.

Ayer nuevamente Celaya se convulsionó con cuatro sucesos a lo largo del día entre ejecuciones, balaceras y ataques directos a corporaciones de seguridad. Una muestra de que la actividad de los grupos delincuenciales jamás cesó y de paso exhibió la carente coordinación entre las diferentes corporaciones.

Dos agentes de tránsito muertos y unos herido tras un ataque en la Celaya-Salvatierra; un cadáver encontrado con signos de violencia en la entrada al tiradero municipal de Tinajitas; tres muertos en un ataque a un taller mecánico en la avenida el Sauz; dos ministeriales heridos en la Celaya-Villagrán a la altura de El Chinaco y dos asesinados en un auto en Apaseo el Alto. Es el saldo mínimo de ayer.

De entrada, no se puede dejar de lado la permanente confrontación entre el Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alvar Cabeza de Vaca Appendini, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESESP), Sophia Huett López, quien emprendió la contrapropuesta que le abrió la puerta a los exagentes federales ahora empleados como municipales.

Los “fedepales” coparon las direcciones municipales de seguridad de la región, encabezados por la figura de Jesús Rivera Peralta, quien desde la secretaría de seguridad pública de Celaya, coordinaría los esfuerzos regionales en la franja que comunica a la ciudad cajetera con los Apaseos, al menos esa fue la presunción al comenzar el gobierno de Javier Mendoza Márquez.

Seguro que el proyecto era para tres años más, pero las urnas resolvieron la alternancia y ahora Celaya espera ser gobernada por el morenista Juan Miguel Ramírez, quien a su vez espera una recomendación directa de la coordinación de la Guardia Nacional, corporación que en los hechos, poco o nada ha logrado para frenar el pandemónium en que se ha convertido la región Laja Bajío.

Ese sólo hecho, motivó que Rivera Peralta viera dilapidada su seguridad en el cargo y anunció su salida cuatro meses antes de terminar la gestión. Una actitud que parece compartida por Mendoza Márquez.

Al final el experimento de los fedepales dejó mucho que desear, como en su momento ocurrió con el modelo del Mando Único -formal o de facto- que emprendió Cabeza de Vaca. Así que, si la intención era poner a competir ambos modelos, la verdad es que el resultado ha sido un tremendo fracaso que no se salva ni celebrando alguna reducción coyuntural de los delitos patrimoniales.

2.- Puja por el gabinete: el cazador de inversiones

El suspenso que prevalece en el cuarto de guerra de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, debido al hermetismo que ella misma ha mantenido sobre la designación del gabinete, ha provocado que el espacio sea aprovechado por el grupo oficial en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comience a presionar, promover o filtrar perfiles que les son afines.

Todos obedecen a diferentes coyunturas e intereses, pero por ahora es preciso revisar el caso del consultor y gestor empresarial Juan Manuel Fernández, quien a partir de la oficina Guanajuato Investment Office Promotional & Consulting Services en Chicago, se convirtió en el verdadero autor del auge de las inversiones internacionales en Guanajuato.

Se trata de un operador a sueldo que estuvo detrás de la atracción de las empresas de manufactura en el gobierno de Juan Manuel Oliva, de las del sector automotriz con Miguel Márquez Márquez, así como de las recibidas en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. De hecho, en algún momento se lograron calcular sus honorarios de 2006 a 2015 en el orden de los 44 millones de pesos.

Las actuaciones de Juan Manuel Fernández son discretas en el campo y en lo administrativo. El recuento de sus contratos -donde se contemplaron sus emolumentos de más de 360 mil pesos mensuales en promedio- se mantienen reservados e incluso fue presentado en diversos eventos oficiales como el director de atracción de inversiones, pero su nombre no aparece en el directorio.

¿Que buscarían con impulsar al gestor de inversiones de Guanajuato como secretario? Claro está que parece un mal negocio para Juan Manuel dadas las ganancias obtenidas en casi 18 años de relaciones contractuales, sin embargo, es él la figura que representa más de 30 años de una política económica que le ha dado que celebrar y presumir a los gobiernos panistas.

Ahí es donde el criterio de la gobernadora electa se pone a una primera prueba. Liba ha sido crítica de esa inclinación tan marcada por la política empresarial y económica, por lo que se le espera una gestión eminentemente social. Además, el dinero no sobra y la liquidez es una necesidad real. Por eso será interesante ver si el perfil y sus requerimientos embonan con una apuesta política diferente.

3.- El tren llamado deseo llega… al 75%

El sólo hecho de que el nuevo sistema ferroviario ocupe un lugar entre los proyectos emblema de Claudia Sheinbaum Pardo, da para pensar que un proyecto como el llamado tren interurbano finalmente se pueda cristalizar, claro, con su debida carga de complejidad política y sobre todo presupuestal.

Ayer la presidenta electa anunció las tres nuevas rutas del tren de pasajeros que se construirán durante su gobierno: AIFA-Pachuca, México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo y México - Querétaro- Guadalajara, con las que pretende cumplir la meta de la construcción de tres mil kilómetros de trenes de pasajeros que convivirán con los de carga.

Específicamente en el caso del Tren México- Querétaro- Guadalajara, aseguró que, de ser posible, será extendido hacia Nogales, Sonora. Nada de la zona intermedia de Guanajuato que, de acuerdo al croquis del proyecto, contempla estaciones en Celaya, Salamanca e Irapuato para seguir su curso hacia Jalisco sin tocar León.

De manera que un proyecto de movilidad estatal que fue acuñado por los gobiernos del PAN en Guanajuato, podrá tener cabida si este se adapta a este proyecto federal que sigue una lógica nacional. Construir una ramal hacia León, complementaría un sistema que comunicaría con facilidad al corredor industrial de Guanajuato, paradójicamente, a partir de una obra de la 4T.

Si bien la visión de impulsar las vías férreas como medio de transporte sustentable y eficiente no es nueva, el anuncio de Sheinbaum deberá remover las posibilidades en Guanajuato de realizar un proyecto complementario estatal que termine de darle ese sentido regional por el que antes no fue aceptado por los gobiernos federales. Sólo queda la pregunta del millón: ¿habrá presupuesto?

CONTRA RETRATO

Claudia Susana Gómez López

Tal parece que otra vez la hicieron quedar mal. Prometió retirar las denuncias, establecer mecanismos de diálogo y anular la posibilidad de mayores represalias, pero ese frente sigue más vivo que nunca.

La rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López, se comprometió a retirar la denuncia por presuntos daños al patrimonio de la institución que presentó la abogada general de la institución, Alejandra Bernardino Cruz, contra los siete estudiantes que en septiembre de 2023 lideraron las protestas contra el proceso de sucesión de la Rectoría General.

Fue el pasado 15 de febrero, cuando el Poder Judicial notificó a los estudiantes de la carpeta de investigación 130424/2023 que abrió en la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Ante esto, los estudiantes agraviados sostuvieron una reunión con Gómez López, quien les prometió que retiraría la denuncia. Han pasado dos meses y esta sigue activa.

Con sobrada razón, los estudiantes indiciados han expresado su preocupación por el incumplimiento de una vía de solución que la misma rectora ofreció, a cambio de que los jóvenes se olvidaran del activismo político, como si su derecho fuera negociable. Evidentemente ellos siguen activos y participando en los procesos formales de la UG.

Desde luego, no tiene ningún sentido que la rectora prometa y no cumpla en una coyuntura tan álgida, por eso sólo puede verse la complicidad entre el exrector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, en un intento de mantener a raya a un grupo estudiantil que, al contrario, sostiene viva una causa política para transparentar la casa de estudios.