Censurable, pregonar derechos sin obligaciones

Los rezagos en la vigencia de la justicia en las relaciones sociales, ha propiciado la demagogia de propagar los derechos que resultan gratos a los oídos de la mayoría de la población, no así los deberes inherentes, que sin una sólida cultura, son rechazados por la mayoría de la sociedad, ajena a la importancia que tiene la vigencia del derecho, como sistema normativo creado para hacer factible la convivencia armónica.

Es cierto que en cada ser humano existe una aceptación tácita del valor, cuando la obligación tiene como destinatario a un conglomerado; pero en tanto nos afecta en lo individual, la actitud sufre variaciones en lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones.

La aplicación selectiva de la ley, como privilegio del gobernante, ha propiciado una conducta que identifica la importancia social del individuo, por la capacidad para vulnerar la norma. En esas condiciones no es raro que se busque el poder público, para hacer flexible  y rígida la norma, según el interés de quien está al frente de las instituciones.

La población debe unirse para renunciar al beneficio que puede representarle el privilegio de la cercanía con quienes ejercen el poder público, en aras de que sea la ley, quien rija los destinos de la sociedad; y no la voluntad de quienes tienen capacidad para hacerse obedecer, quien imparta justicia en situaciones de conflicto.

Cumplir y hacer cumplir la ley, son capacidades que deben tener quienes ejerzan el poder público. Cualidad que implica sólida cultura en quienes sean depositarios de la responsabilidad de gobernar.

Gobernar, no significa un privilegio, pues es una responsabilidad generadora de inquietud y la posibilidad de ser colocado en situación dilemática, lo que significa sufrimiento, más que vida placentera; excepto cuando el cumplimiento del deber, trae consigo la satisfacción del deber cumplido, aceptado como única gratificación.

La familia y la escuela, deben aportar condiciones para generar ciudadanos, celosos de la vigencia y evolución de las instituciones del país. De lo contrario, la sociedad produce víctimas y victimarios; en cuyo caso, acurre la parálisis que propicia la incertidumbre; la vida productiva se detiene y aparece la tendencia a apoderarse que lo que existe, empobreciendo con ello a la población en su conjunto.

EL Estado debe educar de tal manera que la población, desde la infancia, pondere lo mismo el derecho que la obligación.

Debemos analizar con seriedad, si inculcamos a la población, desde la niñez, la convicción de que podremos disfrutar de los derechos, si aceptamos con la misma fuerza el cumplimiento del deber. Tampoco debemos olvidar, convencer a la infancia que si celebramos hacer uso de un derecho, debemos asimismo, complacernos en cumplir con las obligaciones correlativas.

La población de cualquier edad, debe ser consciente del perjuicio que deriva de no cumplir las obligaciones y de las sanciones que deben aplicarse a quienes incumplan la ley. Es cuestionable, inculcar a la infancia la impunidad a causa de la edad o pretextando que la sanción le puede causar traumas; cuando avanzando en la edad, vemos con tristeza cómo los destrozan las adicciones y son arrastrados violentamente al arresto o a la muerte.