Claves para entender la crisis diplomática con Ecuador

El domingo 20 de agosto de 2023 la población ecuatoriana salió a las urnas para votar por los cargos de presidente y vicepresidente en elecciones anticipadas para completar el periodo constitucional 2021-2025, producto de un decreto presidencial de gobierno de Guillermo Lasso, en medio de un contexto de fuerte violencia política, crisis de seguridad y avance del crimen organizado como nunca antes había experimentado este país en su historia.

Lasso, político conservador, ex banquero, y que lograra llegar a la presidencia en su tercer intento como candidato, durando en el cargo dos años y medio, habría activado este mecanismo constitucional, denominado muerte cruzada, el cual le otorga la facultad de disolver a la Asamblea Nacional (Congreso Ecuatoriano) y convocar a elecciones extraordinarias (suceso que no se daba en Ecuador desde 1940) un día antes de que la Asamblea fuera convocada para votar sobre un juicio político en su contra, impulsado por legisladores de oposición, vinculando a Lasso en un presunto delito de malversación en contratos de la flota petrolera de ese país.   

Ecuador, que experimentara un alza de 528.1% en el número de homicidios intencionales, disputándole al Estado el control del territorio por parte de grupos criminales irregulares en la frontera que comparte con Colombia y al interior con grupos criminales dedicados al narcotráfico con fuertes nexos con cárteles mexicanos, lo convirtieron en un centro de acopio de drogas con destino a Estados Unidos y Europa, siendo los carros bomba, explosiones en gasolineras, balaceras diarias cerca de escuelas, control de las cárceles y atentados, entre otros, la nueva realidad ecuatoriana.

En este contexto, el proceso electoral se vio ensombrecido con la muerte, a 11 días de las elecciones, del candidato Fernando Villavicencio del Movimiento Concertación, uno de los ocho candidatos en disputa, de posición política de centro y periodista enfocado principalmente en mafias políticas vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal y estructuras corruptas en el sector público, asesinado a tiros (al menos 30) por sicarios a la salida de un mitin político en la capital, Quito. En ese momento, Villavicencio se encontraba posicionado en segundo lugar en intención de voto por detrás de Luisa González del partido Revolución Ciudadana. Este evento llevaría a un reposicionamiento de las preferencias electorales, posibilitando el ascenso y triunfo del empresario Daniel Noboa, de la coalición Acción Democrática Nacional, en segunda vuelta electoral.

Una vez en el cargo, Noboa tuvo que hacer frente a la crisis de seguridad que azota el país y que se intensificó con diversos motines y fugas de importantes líderes criminales de las cárceles, así como la toma de instalaciones televisivas, secuestros de policías, incursiones de grupos armados en universidades y descontrol social, llevando al gobierno a declarar la existencia de un conflicto armado interno, ordenando a las fuerzas militares a restablecer el orden y a la fiscalía lanzar una cruzada en contra de la corrupción y el narcotráfico.

Es bajo este escenario que entra en juego la figura de Jorge Glas, quien se desempeñara como vicepresidente de Ecuador en la administración del presidente Rafael Correa, de 2013 a 2017, y quien fuera acusado de haber plagiado su tesis de grado y por casos de corrupción en el sector petrolero y estratégico, condenado en 2017 por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en 2020, en conexión por la trama Oderbrecht, siendo sentenciado a seis y ocho años de prisión respectivamente, saliendo libre en 2022, después de haber cumplido cuatro años y medio de cárcel, tras un recurso de habeas corpus (institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto) otorgándole la libertad provisional por cumplimiento parcial de su condena.

Ante tal resolución, y sintiéndose perseguido político por el gobierno del presidente Noboa, Glas habría solicitado en noviembre de 2023 asilo político en la Embajada de México. Ante loa solicitud de entrega de Glas por el gobierno ecuatoriano  y las declaraciones del presidente Obrador en el sentido que el asesinato de Villavicencio habría influido en las intenciones de voto para el triunfo de Noboa, llevó a declarar como persona non grata a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, otorgándole 72 horas para abandonar el país, quedando Roberto Canseco, jefe de la misión consular, a cargo de la embajada.

Ante el impasse diplomático de considerar a Glas como huésped de la embajada, fuerzas policiacas fuertemente armadas rodearon la embajada de México en Ecuador irrumpiendo en las instalaciones capturando a Glas, violando con ello el derecho internacional y la soberanía mexicana, agrediendo físicamente a Canseco, llevando a que el gobierno mexicano rompiera relaciones con ese país, despertando una serie de reacciones unánimes por parte de otros gobiernos y organizaciones internacionales, así como una fuerte reacción por parte de la oposición al gobierno de Daniel Noboa.

Veremos si el combate frontal a la crisis de seguridad le alcanza a Noboa para enfrentar la tormenta, o al contrario, pudiera ser, incluso, objeto de juicio político. Se espera que tanto México como Ecuador resuelvan sus diferencias por medio del arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.

Crisis diplomática que se encuentra lejos de resolverse. Seguiremos pendientes.