Comité ciudadano anticorrupción: el dedo en la llaga
DUDAS. ¿Cómo es que se mide la eficacia y la razón de existir y operar del famoso comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Por los funcionarios que van a la cárcel? ¿Por los sancionados? ¿Por los proyectos entregados? ¿Por los procesos mejorados?
REFERENCIA. Ayer, el diputado de Morena Ernesto Millán Soberanes presentó una iniciativa para modificar los salarios que reciben actualmente los integrantes de ese Comité que hoy ganan más que un subsecretario del gobierno estatal. Dice que ganan mucho y quiere que solo perciban el salario de un analista de proyectos.
MUCHO. En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso local, el morenista dijo que el salario de 85 mil pesos mensuales más impuestos que perciben actualmente consejeros y consejeras no tienen razón de ser primero porque no hay otro consejo ciudadano en Guanajuato cuyos integrantes perciban un salario.
PLUS. Según las cuentas del diputado, el costo en salarios de este comité es de 5.7 millones de pesos anuales y que cada proyecto que generan le cuesta al erario, más de 400 mil pesos en promedio según sus propias cuentas.
UNA MÁS. No es la primera vez que Morena cuestiona ese comité que en su momento el PAN vendió como la gran innovación para conformar el Sistema Estatal anti corrupción. Y seguramente, sus integrantes tienen sus otros datos y sacarán las estadísticas de los estudios realizados, de los proyectos desarrollados, de los procesos de mejora impactados.
LA CAUSA. En este tema de la participación ciudadana, no hay duda que Morena ha apostado desde la Federación a noquear lo que huela a participación ciudadan.
LAS RAZONES. Un tema altamente debatible ya de por sí con los consejos ciudadanos en los que sus integrantes no reciben paga alguna pero tienen acceso a información privilegiada, imagínese con los que devengan un sueldo.
LA DEL ESTRIBO...
La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López aseguró que entre más se abran los temas de la seguridad para que no permanezcan en lo oscurito como si fueran el gran misterio, se tendrá una mayor participación ciudadana.
Ayer presumió que en Celaya, las cifras federales muestran que por ejemplo, de enero a julio 2022 en comparación del mismo período 2023 ha habido una reducción del 12% en homicidios dolosos, del 22% en robo a casa habitación y del 55% en robo con violencia.
Además, dijo que en 2020 a estas alturas del año había 668 carpetas de investigación por robo de violencia a casa habitación mientras que este año, solo hay 68. ¿Por qué será que la percepción ciudadana termina derrotando los afanes optimistas del gobierno?
DIEGO SINHUE: ¿Y LOS EMPRESARIOS QUE SE ALEJARON?
Algo ha ocurrido en la relación productiva que había trabado el gobierno estatal que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando un grupo leonés abiertamente ha mostrado simpatía con las aspiraciones de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
“Quiero hablar hoy de ese equipo que hemos hecho en Guanajuato, los empresarios y el gobierno. En Guanajuato hay un romance, que tenemos el Gobierno del Estado con los empresarios de Guanajuato y es un romance que es público y no nos avergüenza, al contrario, hacemos equipo, hacemos alianza y lo presumimos, porque ésta ha sido la clave del éxito de nuestro Estado".
Así lo dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la colocación de la primera piedra de la llamada Torre Bajío, un edificio que alberga la sede de Concamin en su delegación Guanajuato, que es encabezada por Ismael Plascencia, uno de los empresarios más consentidos de los gobiernos panistas.
El gobierno del estado aportaría ni más ni menos que 12 millones de pesos para la edificación del inmueble. ¿Quién puede asumirse como contrapeso o crítico del poder político cuando abiertamente asume esta alianza sin restricciones ni nada?
Concamin no ha sido el único beneficiario. Diversas cámaras como tal han presumido el respaldo del gobierno estatal.
Ismael Plascencia tuvo en su momento, el tino de no aceptar las ofertas que le hicieron desde el PAN-Gobierno para ser candidato a un cargo de elección popular. Él ha optado por un acercamiento "diferente" a través de diversos cargos.
El blanquiazul por ejemplo no tiene cómo pagar que en defensa de los intereses del sector inmobiliario haya enfrentado abiertamente al gobierno barbarista en un trienio en el que los protagonistas del llamado "cambio tranquilo" destaparon una guerra abierta en contra de algunos poderosos del sector inmobiliario.
Ismael Plascencia y Luis Mariano Hernández Aguado se confrontaron con funcionarios y el entonces síndico Eugenio Martínez.
Diego Sinhue Rodríguez se adornó luego con el incremento a las nóminas, un acuerdo que selló con el ahora síndico José Arturo Sánchez Castellanos cuando era presidente del Consejo Coordinador de León luego de que en tiempos de Miguel Márquez, los líderes del momento pusieron el grito en el cielo.
Los empresarios pidiendo incremento de impuestos a cambio de llevar mano y opinión en el destino de algunas obras.
Y mire lo que son las cosas. Hoy, Sánchez Castellanos es uno de los impulsores pertenecientes al ala Coparmex que apoyan las aspiraciones de Gutiérrez Campos.
Como líder del CCE León, no tuvo dudas en aliarse con el gobierno estatal y hasta declararse abiertamente dieguista y a la vuelta de unos años, cuando llegó a formar parte de la planilla de Alejandra Gutiérrez, mutó al alejandrismo.
Ismael Plascencia ha sido cercano al PAN y se había dicho que es uno de los incondicionales de Alejandra Gutiérrez pero él suele capotear las críticas y las etiquetas como ocurre con el común de los empresarios.
No obstante, Gutiérrez Campos logró que algunos enpresarios e integrantes de consejos ciudadanos se manifestaran abiertamente a su favor hace algunos meses y ayudar a incrementar la percepción de respaldo a su proyecto.
La nota es que quienes la respaldaron, asumieron una postura que no siempre es cómoda en un sistema político que advierte que si no estás conmigo, estás contra mí.
LA INMOVILIDAD LEGISLATIVA DEL PAN: NO MÁS REFORMA ELECTORAL
Contrario a lo que dijeron en su momento varios de sus diputados locales, al PAN parece tenerle sin cuidado la supuesta convocatoria que realizaría en su momento para uno o varios períodos extraordinarios de sesiones a menos que quiera hacerlo todo a matacaballo y con el tiempo encima.
Justo hoy sería el día cero de los 90 que se tienen que cumplir para que se puedan aprobar reformas electorales susceptibles de ser aplicadas en el siguiente proceso electoral que arrancaría entre el 25 y el 30 de noviembre próximo de acuerdo a la aprobada en mayo pasado,
Es decir que de acuerdo a ese plazo fijado para el arranque del proceso 2023-24, quedaría solo hasta el miércoles de la semana entrante como la fecha límite para poder hacer algo.
No es un tema menor. Parece que el PAN y el gobierno simplemente dejaron pasar el tiempo porque no ven necesario hacer más ajustes a la ley electoral a menos claro que quieran otra vez legislar con los dedos en la puerta.
La comisión la encabeza el priista Gustavo Alfaro pero el PAN tiene mayoría y la sartén por el mango para decidir cuando sale o si no sale una reforma.
Y las repercusiones serían en varios aspectos, algunos de los cuales, no disgustan a los partidos adversarios del blanquiazul.
Por ejemplo, una de las reformas que quedarían sin efecto y que el PAN había perfilado hace algunos meses es la de aquella que eliminaría la posibilidad de una doble postulación de quienes aspiran a la candidatura a alcalde y que podrían estar al mismo tiempo encabezando o en algún espacio de la lista de candidatos a regidores.
El blanquiazul planteó en su momento esa iniciativa en voz de Armando Rangel como una reacción a algo de lo cual había sacado provecho la oposición en los anteriores 2 procesos electorales. ¿Será que el PAN no quiere moverle porque sabe que en una elección más competida, esto permitirá que sus candidatos y candidatas perdedoras en alcaldías pueden tener la posibilidad de llegar por otra vía al siguiente Ayuntamiento y asegurar así un regidor combativo.
Pero aún hay más. Si no hay período extraordinario en el Congreso local, entonces ya no se habrá legislado para la famosa diputación migrante ni para asegurar espacios en candidaturas a población vulnerable como discapacitados, de la diversidad sexual y afrodescendientes.
El punto es que esas omisiones deliberadas tendrían sus repercusiones en el Instituto Estatal Electoral que deberá emitir a falta de leyes que expresamente garanticen esos derechos, sus propios lineamientos para que sean acatados por los partidos cuando integren su lista de candidatos y candidatas.
Hay otro factor que no se debe olvidar. El recurso de inconstitucionalidad que interpuso Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aún no se resuelve. De proceder ese recurso, quedaría invalidada la reforma aprobada a finales de mayo de un plumazo y entonces, los tiempos para aviso de reelección de los alcaldes en funciones se adelantarían al igual que el inicio del proceso electoral.
¿De verdad el PAN dejó morir sola la posibilidad de más reformas y se resignó a jugar con las reglas que hay.