El derecho a una vida digna
El derecho a una vida digna
Por Cecilia Durán Mena
Cuando tenemos ciertos privilegios, es muy frecuente que los demos por hecho. No obstante, todos los seres humanos tenemos necesidades básicas para vivir dignamente. Cada persona debiera tener garantizado el acceso a la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación, el agua, el saneamiento, la seguridad social, el medio ambiente sano y la cultura. Vamos, todos debiéramos tener garantizado eso que se conoce como derechos económicos, sociales y culturales. Lo triste es que no todos cuentan con esas garantías.
El garante de estos derechos es, en primera instancia, el Estado en todos sus niveles de gobierno. Los derechos económicos, sobre todo, han pasado por un largo proceso que aún no culmina, respecto a su consagración, y con relación a los mecanismos para lograr su eficacia. Lo cierto es que, en muchos casos, el Estado no nada más falla como otorgante y cuidador de estos derechos, sino que muchas veces, los vulnera.
En teoría, cada Estado tiene el deber de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que tenga a su alcance para lograr constante y progresivamente, por todos los medios apropiados a su alcance, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas. Esto incluye, desde luego y en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, que les den a las personas los medios para vivir en forma digna.
Que los ciudadanos tengamos el derecho de vivir como se debe, es decir, que un enfermo tenga una atención digna y que no le atiendan en los pasillos y lo dejen esperando la muerte en una sala aguantándose el dolor; que si alguien tiene hambre pueda saciarla; que si una persona se siente amenazada, sea protegida; que si alguien quiere trabajar, pueda encontrar una forma decente de emplearse o de generar empleo, ese es el derecho que se nos debiera otorgar, más allá de la letra y de las buenas intenciones.
En la realidad, oímos muchos discursos y vemos poco respeto a la dignidad del ser humano. Basta abrir las páginas del periódico para darnos cuenta de que, todos los derechos económicos, sociales y culturales se vulneran y se violentan todos los días. El sistema de salud en México está colapsado, los médicos están rebasados, la medicina no llega, los aparatos no funcionan; la pobreza alimentaria ha aumentado en los últimos años y el nivel de violencia y criminalidad crece sin que lo podamos parar.
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El problema es como una mancha de tinta que se extiende en un mantel tan blanco. Contemplar su crecimiento no sirve de nada. Tenemos que empezar por algún lado y una forma de comenzar es que, si el Estado no quiere, no puede o no sabe cómo ayudar, por lo menos no estorbe. He atestiguado el esfuerzo de mujeres emprendedoras que tienen la valentía de iniciar un proyecto, de animarse a invertir y empezar un negocio sin apoyos, en soledad.
He visto como últimamente, estas mujeres emprendedoras han estado desafiando la incertidumbre que tiene en sí mismo cualquier emprendimiento. Muchos de estos proyectos mueren antes de cumplir un año, más del noventa por ciento cierran las puertas y bajan las cortinas porque no les fue bien. Ni hablar, no todos los negocios pueden florecer. Lo que no es justo es que estos negocios mueran por los abusos autoritarios del Estado.
Me refiero a estas visitas de verificación que más que buscar ayudar a remediar las fallas que pudiera tener un negocio, llegan con un ánimo de extorsionar, de sacar raja, de pedir dinero, de sangrar. Moches, mordidas, multas, sanciones, clausuras, prácticas corruptas y otras que, amparadas por un reglamento, matan fuentes de empleo y de actividad económica. Autoridades que lejos de proteger y garantizar estos derechos, los pisotean y lanzan al fracaso lo que podría estar dando frutos.
En esta miopía, se deja de ver que al matar estos emprendimientos se está atentando contra el tejido social. Una mujer que es económicamente productiva, es un agente económico que producirá riqueza para tener acceso a salud, alimentación, vivienda, educación, en fin, para procurarse una vida digna. Ahí se deberían centrar los esfuerzos, no en campañas, discursos, pancartas, fotografías, promesas y palabras que desaparecerán con el tiempo.
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