8M: demanda sin resultados

1.- 8M: demanda sin resultados

Guanajuato llega al 8 de marzo en medio de una crisis institucional por no lograr la consolidación de sus estructuras contra la violencia de género, la discriminación y la inequidad en perjuicio de las mujeres. Su capacidad de respuesta se ha visto en momentos específicos, siempre dando muestras del largo camino que falta por recorrer.

Los vaivenes políticos que a menudo zarandean la burocracia municipal y estatal, no han permitido darle firmeza a las instancias que deben estar preocupadas y ocupadas en el tema. Aún con las álgidas coyunturas de ineficiencia, sobre todo ante la violencia de género, persiste la omisión, la negligencia y hasta la protección a los agresores.

El caso del Instituto de la Mujeres Guanajuatenses (IMUG) es puntual. Después de ser considerado un espacio meramente asistencial en el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez hasta la primera mitad del de Miguel Márquez Márquez, fue designado por primera vez un perfil especializado en la persona de Anabel Pulido López.

Su llegada fue justo en marzo de 2016 y obedeció a la urgencia política de evadir la declaratoria de Alerta de Género que se solicitó entonces, como se ha hecho ahora en condiciones muy distintas; mientras su perfil elevó expectativas al ser designada, hoy se ha mimetizado con el resto de la burocracia y su militancia en el PAN.

El caso que contrasta es del Instituto Municipal de las Mujeres de León (Immujeres), pues este ha venido ensanchado su estructura a partir del gobierno de Bárbara Botello Santibañez y luego con Héctor López Santillana, gestión de la que proviene su actual titular, Mónica Maciel Méndez Morales.

Este dependencia será reestructurada e incrementará sus plazas una vez más, luego del trágico caso de Abril Zárate López, madre de familia que fue asesinada por su expareja en su domicilio, luego de haber puesto todas las denuncias posibles por violencia previa. El fracaso en la protección y atención del caso, obligó a la reacción.

Pero quizá la lucha más sinuosa e inaudita de todas se encuentra en la Universidad de Guanajuato (UG). La máxima casa de estudios ha sido objeto de movilizaciones estudiantiles y asonadas protestas de sus estudiantes, por la impunidad y protección a agresores sexuales y acosadores.

Recientemente le hemos informado el caso de Paula, empleada administrativa de la preparatoria oficial de Silao que denunció a su jefe director por acoso sexual ante la propia ventanilla de UGénero –creada en 2018 con el objetivo de brindar esa atención- pero no sólo no hubo resultados, sino que sobrevino su despido como represalia.

De este tamaño son las deudas de las instituciones frente a las mujeres. Una causa de peso, una motivación, un agravante más que las orilla a exigir en este 8M.

2.- El fracaso anticorrupción

No hay señal más evidente del fracaso de un sistema anticorrupción que la impunidad. De nada sirve contar con todo un andamiaje burocrático, supuestamente encadenado en un solo objetivo, si al final los esfuerzos por castigar los ilícitos cometidos por servidores públicos queda encajonado.

Dentro de la red de dependencias obligadas a prevenir, fiscalizar, investigar y en su caso castigar un acto irregular, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a cargo de Javier Pérez Salazar, y la Fiscalía Anticorrupción asignada a Marco Antonio Medina Torres, son las encargadas de dar el cerrojazo, pero han quedado en resultados estériles.

Ayer en el informe de Pérez Salazar ante la comisión de Hacienda y Fiscalización, brillaron más los pendientes que los avances, pues en promedio durante la segunda mitad del 2022 se archivaron cuatro denuncias presentadas por la ASEG cada mes, a pesar de que implicaban hechos de corrupción detectados en municipios del estado. 

Pero lo que resultó más ilustrativo, eran los años de procedencia de los casos.

El rezago de los asuntos data del 2012 a 2017 en municipios como San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe y Jerécuaro. A estas agregó casos de 2015 en San Miguel de Allende y Tarimoro, así como de dos programas del gobierno estatal revisados en 2018.

El sistema estatal anticorrupción está por cumplir seis años de instalado, pero apenas se ha hecho notar que, como la ASEG no tiene la calidad de víctima no recibe notificaciones ni seguimientos de los casos que recibe Medina Torres.

Todo lo anterior explica la omisión en la parte más importante de la justicia, que es la reparación del daño. Resulta que luego de las revisiones al ejercicio público del 2022, se calcula un daño de 109 millones de pesos. Sin embargo, de estos sólo se ha recuperado el 25 por ciento.

¿A qué juegan estas instancias que se suponen garantes de la legalidad? Ya hemos superado un lustro en el que los esfuerzos siguen siendo endebles e insuficientes, para enfrentar uno de los grandes males de la vida pública en México y Guanajuato. Un fracaso con nombres y apellidos que requiere más voluntad política que burocracia.

3.- El inaudito caso de Juan Carlos Castillo

Uno de los pocos dientes que posee la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) a cargo de Vicente Esqueda Méndez, está a punto de aplicase en un caso verdaderamente inaudito de la política estatal.

El próximo 15 de marzo por primera vez en la historia un alcalde comparecerá ante el Congreso de Guanajuato, para explicar públicamente sus razones para rechazar las recomendaciones que fueron emitidas en agosto del año pasado. Se trata de la máxima medida política a la que puede recurrir la Prodheg, ante una negativa oficial.

Lo común es que todas las entidades del estado acepten las resoluciones de Derechos Humanos pero no fue así con el Ayuntamiento de San Diego de la Unión, que preside Juan Carlos Castillo Cantero, quien tiene razones institucionales pero también personales para atender el apercibimiento, pero todo indica que ‘no se le da la gana’.

En dicha recomendación, se determinó que violentó físicamente a una regidora cuando fue alcalde en el periodo 2015-2018. El caso se proceso y atascó por el intermedio de la pandemia, para seguir su curso y brotar ahora, que justo Castillo cantero regresó a la alcaldía de San Diego.

La resoluciones de la Prodheg no son obligatorias, pero si una autoridad decide no aceptar alguna recomendación, la obligación que tiene es notificarlo por escrito, incluyendo las razones por las que no lo acepta, pero también tiene que hacerlo público.

No es la única vez que Juan Carlos Castillo Cantero es denunciado por violencia contra subordinados o ediles. De hecho ese actuar marcó su primer trienio. Por todo ello, resta observar si este mecanismo político de sanción pública, le será suficientemente aleccionador.

CONTRA RETRATO

Alvar Cabeza de Vaca

Su labor era prevenir el delito, pero al ser un tema endilgado a la drogadicción le fue descargado. Su misión era cubrir las necesidades de seguridad en los municipios sin capacidad de fuerza, pero la violencia se incrementó incluso en la época en la que el Mando Único logró mayor extensión.

Por lo anterior, la permanencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, estuvo en vilo aunque sólo entre la vox populi. En la realidad, está apunto de culminar su segundo sexenio en el cargo sin despeinarse.

Es un hecho que la crisis de violencia persiste en Guanajuato. Con un promedio que raya en los diez asesinatos diarios, además del repunte de otros delitos patrimoniales que implican más violencia, el papel de la SSPEG no ha significado un avance real y sostenido.

Casos como el de ayer en el centro turístico la Palapa, como los ataques múltiples registrados en el pasado reciente en más de 13 municipios, implican una movilidad estatal de los hampones que no ha podido ser enfrentada por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) a cargo de Alvar.

Para el también exsecretario de seguridad pública de León, las razones están fuera de su jurisdicción. Son las drogas, las policías municipales o la falta de denuncia. Pero no hay carga de responsabilidad para él con el incremento de los índices delictivos y la violencia.

Puede haber avances o trabajos pendientes como los admitidos por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero queda claro que su encargado de velar por la seguridad pública se mantiene al margen de esa presión.