Espectaculares: la urgente fiscalización

1.- Espectaculares: la urgente fiscalización

 

Las carreteras y principales avenidas de las ciudades del corredor industrial de Guanajuato están invadidas. La visual urbana se encuentra saturada. Los grandes anuncios espectaculares han sido topados por la clase política, concretamente por aquellas y aquellos que buscan un cargo de elección popular en 2024.

Así es, ni siquiera hay un proceso formal al interior de los partidos pero eso es lo de menos. Aspirantes del PAN y Morena promueven su imagen a través de una práctica que se vino a intensificar desde las elecciones de 2018 hasta llegar a la invasión que vivimos ahora y de la cual no ha habido una mínima fiscalización.

Los aspirantes locales, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Alejandra Gutiérrez Campos, Ernesto Prieto Ortega, Ricardo Sheffield Padilla, así como los aspirantes presidenciables como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, han sido los beneficiarios de estos anuncios con la misma lógica: "fue la editorial".

Así como ha ocurrido con la pinta de bardas, el socorrido mecanismo para evadir las restricciones de la ley es la contratación de artículos en revistas de segmento, para que luego estas promuevan su imagen en los espectaculares. Es decir, la promoción subrepticia del personaje, so pretexto de la difusión de un artículo.

Esta imágenes ya son comunes en las carreteras 45 y 57; el tramo de la Panamericana así como el de Irapuato a Silao; los principales bulevares de León, Irapuato Celaya y Salamanca. ¿Todos estos lugares fueron apetecibles para supuestamente promover una entrevista?

Este es también un problema nacional. Hace unas semanas el consejero del INE e integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, Jorge Montaño Ventura, fue cuestionado en Puebla precisamente sobre estos espectaculares y aseveró que no violan la norma electoral, porque no hacen un llamado expreso al voto.

“En algunas revistas sale algún tipo de imagen, pero mientras no haya un llamado expreso no podemos considerar que estén violentando la norma electoral”, enfatizó en entrevista con los medios de comunicación.

En lo local, la misma duda fue planteada a Branda Canchola Elizarraraz , presidenta consejera del IEEG, pero su respuesta fue más limitada aún: “en términos generales el modelo de comunicación o difusión que utilizan los partidos para los fines que sean, cada proceso es diferente, pues no tendría una opinión al respeto”.

Así que sin la proactividad que se requiere por parte de los órganos electorales, queda entonces la necesaria fiscalización que al menos descarte la posibilidad del uso de recursos públicos. La ocasión lo amerita.

 

 

2.- Las víctimas al último

Los días, meses y primeros años del reconocimiento oficial de las desapariciones de personas transcurren en Guanajuato, sin consolidar aún un sistema de atención a víctimas. Todo lo contrario. Dependiente de la voluntad política de quienes están al frente, este naufraga en varios de sus frentes.

De entrada está el tema presupuestal. La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) a cargo de Sergio Jaime Rochín del Rincón, ya ha agotado nuevamente el fondo de ayuda cuya cantidad asignada para este 2023 aparentemente fue duplicada, pero sin considerar la creciente demanda de ayuda en un estado sumido en una crisis de violencia.

Prácticamente desde mayo, la previsión que hizo Rochín del Rincón se basó en la cantidad de solicitudes y el resto que ya quedaba en sus arcas. Ahora requiere una gestión doble ante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que se faciliten más recursos, justo en un año preelectoral.

Otro ejemplo de abandono es sin duda el memorial de víctimas en el predio Rancho Grande del Barrio de San Juan de Salvatierra, con el que se pretende fijar el precedente en el primer sitio de inhumación masiva detectado en Guanajuato. Una labor loable que el alcalde Germán Cervantes Vega descartó totalmente para este año ‘por falta de recursos’.

Colectivos de búsqueda han externado su preocupación para que el lugar sirva de homenaje a las víctimas y que también se cancele definitivamente como un sitio de exterminio. Un temor real si se toma en cuenta que a principios de junio, fue hallado un cráneo y huesos en una fosa clandestina en esa misma zona.

Fijado en el irrisorio costo de 700 mil pesos, el predio que durante años fue usado como un sitio de exterminio, resulta que no es alcanzable para el municipio, el estado o la federación.

Finalmente esta la impunidad sobre el caso del asesinato de Teresa Magueyal. No hay un solo avance en la investigación, pero tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre, como la Secretaría de Gobierno a cargo de Jesús Oviedo Herrera, se han encargado de afirmar que este no tuvo que ver con su calidad de buscadora.

Por obvias razones, esa postura oficial fue tomada como una ofensa por parte de las compañeras del colectivo que acompañaba a Teresa, lo que llevó a hacer el reclamo directo a las instancias públicas que, al parecer, hicieron caso omiso.

Es así que en poco tiempo, temas como el apoyo, la remediación y la justicia para las víctimas quedan hasta el último en la lista de prioridades gubernamentales.

 

 

3.- Celaya: un trompo a la uña del valiente

Hace varios trienios que Celaya se convirtió en todo un reto para la gobernabilidad y la gobernanza. Sin duda desde hace tiempo, las complejas raíces de la criminalidad la convirtieron en una plaza que requiere mucho más que horas de servicio burocrático.

Es en ese punto que las definiciones políticas para las próximas elecciones, han requerido de un cálculo mucho más complejo que el que se realiza en otras plazas del estado. Es por ello que la posibilidad de que Javier Mendoza Márquez vaya por la reelección se mantiene abierta.

El actual alcalde de Celaya tiene la posibilidad de retirarse o quedarse con el respaldo político del grupo oficial del PAN. Una postura más que consecuente, ante los sucesos trágicos que han enlutado a la administración municipal.

Por eso llama la atención que en medio de esas cavilaciones, el secretario de desarrollo agroalimentario y rural, Paulo Bañuelos Rosales, levante la mano –otra vez- para buscar ser el siguiente presidente municipal de Celaya.

No es un paquete cualquiera. La ligereza del funcionario estatal para venderse como el perfil idóneo, contrasta con el reto que presenta gobernar la ciudad cajetera, en la que se vive un recrudecimiento de los ataques contra la policía municipal, que ya se encuentra en manos de exagentes federales de la mano de Jesús Rivera Peralta.

Sin duda alguna, la seguridad es un elemento clave para entender el futuro inmediato de Celaya. Ya sea con Javier Mendoza, Paulo Bañuelos o cualquier otro aspirante, pretender el timón de ese municipio requiere un verdadero examen interno.

 

 

CONTRA RETRATO

Tania Ramírez Hernández

Las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes enfrentan la compleja realidad de la violencia, motivaron que centrara su atención en Guanajuato. Ha dado cuenta de los riesgos y necesidades de esta población desde sus altos registros de víctimas, hasta la creciente tendencia del reclutamiento a las filas de la delincuencia, 

La directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, llamó la atención en la necesidad de ajustar las estructuras de protección a la infancia junto con verdaderas políticas de atención. Es en ese proceso que puso el dedo en la llaga de la criminalización.

La investigadora y activista dejó en claro que criminalizar a los menores que se integran a la filas del crimen, argumentando su ‘ambición por el dinero fácil’, sólo maquilla la verdadera responsabilidad de los adultos frente a la pobreza, la extorsión y la falta de justicia que padecen.

Según los estudios de Redim, Guanajuato es el quinto lugar en reclutamiento forzado de menores con el 7.3 por ciento a nivel nacional, que llegan a estos esquemas no solo a la narcocultura ni únicamente en la producción y venta de droga.

Actualmente, Redim calcula que en la entidad están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado hasta 10 mil niñas, niños y adolescentes, debido a que esa población es la que se encuentra en una situación vulnerable.

Es por lo anterior que en su visita a León, Tania Ramírez, recalcó que no es un reclutamiento por el efecto de la aspiración del marco cultural, sino por extorsión y la profunda pobreza. Una perspectiva real y hasta ahora evadida.