Fentanilo y Crimen Organizado Trasnacional
El fenómeno de la criminalidad ha constituido un problema tan antiguo como la existencia del hombre mismo. Diversos ilícitos en la historia de la humanidad, desde la piratería, el contrabando, la venta de seguridad, protección, tráfico de drogas y la ciberdelincuencia, se han constituido desde agrupaciones criminales independientes o descentralizados hasta complejos grupos de organizaciones estructuradas, estables, de carácter local, nacional e internacional que compiten y/o cooperan entre sí, funcionando como una suerte de empresas multinacionales, adquiriendo con ello el carácter de transnacionales.
Entendiendo por transnacional aquello que “se extiende a través de varias naciones”, actores que hacen uso de métodos violentos, grupos armados ilegales, terrorismo, paramilitarismo, cárteles, pandillas, mafias, entre otros, han logrado establecer controles sobre amplios espacios territoriales y poblacionales, imponiendo reglas, normas y controles económicos, políticos, sociales y culturales por medio del desarrollo de mecanismos al margen de la ley.
Como resultado de los procesos de globalización, los sistemas económicos locales, nacionales e internacionales se han insertado en una lógica transnacional, impactando de manera creciente en las funciones administrativas de los Estados, afectando con ello las decisiones y resultados de procesos políticos y sociales, redes de comunicación, movimientos migratorios, mantenimiento de la paz, así como el crecimiento y desarrollo de formas de violencia a través de grupos del crimen organizado. Por tanto, el entorno globalizado bajo el que nos encontramos inmersos, caracterizado por un incesante flujo trasnacional de mercancías, bienes, personas y capitales, apoyados para tal fin por un desarrollo constante de nuevas tecnologías, ha servido también para la consecución de actividades ilegales que pueden poner en riesgo la seguridad interna y externa de los países que la experimentan.
En este contexto, diferentes grupos del crimen organizado han irrumpido en las instituciones políticas y financieras, permitiéndoles extender sus campos de acción más allá de las fronteras locales, estatales y nacionales. Esto ha traído consigo la generación de relaciones con otras células criminales, implantando las propias más allá de las fronteras, o inclusive, teniendo relación con grupos terroristas y grupos armados de diverso tipo (ya sea financiándolos y/o armándolos) convirtiéndose en una amenaza seria a la seguridad global, con efectos económicos, sociales y políticos, que pueden llegar a poner en peligro la gobernabilidad de los Estados, sus instituciones y, por ende, la seguridad de los ciudadanos.
Frente a lo anterior, implementar políticas securitarias adecuadas, puede resultar en procesos difíciles y complejos de ejecutar, resultado de la falta de recursos que posibiliten la implementación de políticas eficaces y eficientes, la más de las veces, debido a la corrupción imperante dentro de las mismas estructuras y niveles de seguridad de los Estados (policías, Fuerzas Armadas, aduanas, servicios de inteligencia, controles migratorios, sistemas penitenciarios, sistemas judiciales) que permitan llevar a cabo labores de intervención, prevención y sanción de conductas y actos delictivos.
En este sentido, el crimen organizado transnacional (COT), representa un peligro para la seguridad y las sociedades constituidas democráticamente, aprovechándose de Estados y autoridades centrales débiles, que les permiten ampliar su esfera de acción, llevando a cabo conductas delictivas tales como: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, de armas, recursos naturales, especies animales, venta de medicamentos, delincuencia cibernética, entre otros, actuando en numerosas esferas públicas y privadas, más allá de los patrones tradicionales de la criminalidad, constituyéndose como una amenaza para los países en los que llevan a cabo sus actividades criminales.
Bajo esta óptica, los Estados deben lidiar con nuevas y sofisticadas maneras de combatir estas conductas delictivas, mismas que se encuentran sustentadas a partir del empleo de recursos violentos y corruptos para la consecución de sus fines. El problema toma entonces una nueva dimensión, puesto que los Estados deben resolver problemas de índice nacional que han adquirido el carácter de transnacional, lo cual implica sortear diferentes tipos de obstáculos jurídicos y políticos que permitan una efectiva cooperación internacional para su solución.
Nuestro país se ha caracterizado por una proliferación de grupos criminales, dedicados, principalmente, a actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, logrando un nivel de eficiencia tal, que les ha permitido rebasar las fronteras, globalizando sus actividades contando con presencia en otros países. El desarrollo de los cárteles mexicanos, producto de la caída de los cárteles colombianos al limitar sus rutas de abastecimiento por el Caribe, convirtieron a México en un corredor idóneo para el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, transformándose de facilitadores de transportación a productores y comercializadores a nivel global. Esta expansión ha tenido como consecuencia el fraccionamiento de carteles en diversas células independientes que controlan determinadas partes del territorio, generando una escalada de violencia en su afán de mantener y controlar otras plazas (territorios ocupados por otros carteles) disputándose el control sobre el mercado de drogas a nivel interno y externo.
El tráfico de fentanilo, producido de manera clandestina por estos carteles, es un ejemplo de lo que las organizaciones criminales trasnacionales pueden llegar a representar, adquiriendo las materias primas y los precursores químicos para su producción en contubernio con traficantes chinos e indios, distribuyéndolo y comercializándolo, prioritariamente en los Estados Unidos, en polvo, píldoras parecidas a otros medicamentos o mezclados con otras drogas, como cocaína o heroína, siendo responsable de al menos 70,000 muertes al año en la Unión Americana.
Si bien el consumo ilegal en nuestro país aún no es generalizado, las Fuerzas Armadas han decomisado, de 2018 a la fecha, poco más de 6,273 kilogramos de fentanilo. A pesar de ello, el tráfico de este opioide sigue constituyéndose como un generador de violencia, primordialmente entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, por el control de las rutas para el tráfico y comercio de este estupefaciente.
La migración del negocio del narcotráfico hacia el fentanilo, en detrimento de la marihuana, cocaína y heroína (mezclándola muchas veces con estas dos últimas), tiene que ver con su rentabilidad y demanda, siendo más fácil de ocultar (pastillas, polvo, ampolletas, frascos de gotas, rociadores nasales, gotas sobre papel, entre otras), así como no estar sujeta a ciclos agrícolas y ser más potente. Cabe apuntar que nuestros vecinos del norte han llegado a incautar más de 18,000 kilogramos de esta sustancia.
El crimen organizado trasnacional altera la coexistencia social, jurídica, política y económica, creando sus propias formas de control y organización al margen del Estado, aprovechando la vulnerabilidad de éste, auxiliándose para tal fin de recursos tecnológicos, humanos, financieros, sociales y políticos como base para el funcionamiento y desarrollo de sus actividades. Ante ello los países que experimentan esta condición requieren implementar medidas a nivel internacional de cooperación, planificación, investigación, recursos e inteligencia que no se limiten a simples intercambios de información, sino que impliquen una mayor movilización transnacional de los cuerpos securitarios, armonización legislativa que permita evitar la utilización de vacíos legales, así como compartir tecnologías y métodos integrales de combate a la delincuencia que funcionen como pilares para la lucha contra las actividades del crimen organizado trasnacional.
Aún hay mucho que decir, analizar, corregir, implementar y proponer en materia de producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas. Es tarea de todos.
@ottorenecaceres