Huanímaro y el pasmo ante la violencia

1.- PAN: cuotas y cuates

Es una grilla recurrente en el PAN. Si algo distingue al panismo guanajuatense frente a la práctica y prédica del resto de los partidos, son las intrigas y apercibimientos a sus militantes –sobre todo aquellos con papel protagónico- sobre el cumplimiento en el pago de sus cuotas partidarias.

El tema ha escalado tanto en los últimos años, que dicho requisito ha provocado ciertas crisis entre militantes que pretenden apuntarse para alguna precandidatura en contienda interna, o bien, aquellos que incluso son designados por ‘dedazo’ que a menudo son consecuentados para cumplir con esta obligación estatutaria.

Justo en el contexto político actual, Correo difunde algunos datos duros de los ingresos por aportaciones de militantes al PAN de Guanajuato, el único partido que las transparenta –hay que decirlo- revelando los entretelones de un tema que se ha vuelto tarea prioritaria del Comité Directivo Estatal que preside Eduardo López Gómez.

‘Para aspirar al apoyo del PAN, primero hay que cumplir con sus obligaciones’

Palabras más palabras menos, es la consigna de los líderes de comités que en algunas plazas cuyas carencias no reflejan la hegemonía partidaria.

En esa previsión, es que estos liderazgos enfocados a funciones operativas lograron duplicar los 6.9 millones de pesos que se recaudaron a través de 4 mil 980 aportaciones en el 2021, al llegar a los 12.5 millones de pesos en 2022. Una tendencia que parece repetirse en 2023 al registrar 1.5 millones en el primer bimestre de 2023.

No es coincidencia que estos incrementos se den en el contexto de elecciones partidarias, tanto en los consejos como en la antesala del proceso electoral; estar al corriente es requisito obligatorio. Está el ejemplo de Jaime Núñez Paniagua en Moroleón que tuvo que desembolsar 108 mil 262 pesos para ser consejero estatal.

Otros casos se cuecen aparte como el de Miguel Márquez Márquez, el único de los exgobernadores que ha entregado aportaciones voluntarias, prácticamente al ritmo de

9 mil 300 pesos en el primer trimestre de este 2023. 

Con ese dato, es fácil suponer por qué Márquez se empeña en mantener el liderazgo del partido; al fin y al cabo, el PAN se ha convertido en su trinchera predilecta además de sus oficios y aficiones campiranas.

Está invirtiendo en el partido y eso explica su postura para competir frente al grupo oficial del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

 

 

2.- ASEG: confianza en crisis

Con un servilismo notable, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), Javier Pérez Salazar, defendió el préstamo de 230 millones de pesos que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo concedió a la empresa Fiera Capital –constituida para la ocasión- para que Grupo Pachuca comprara el Estadio León.

Esta declaración surgió justo cuando la flamante morenista Bárbara Botello Santibañez, presentó su denuncia ante la misma ASEG por el presunto desvío de recursos en el que se habría incurrido por tal acción. Así que, de entrada, se trata de una defensa irregular sobre un asunto del que se recibió una denuncia formal.

Así que Pérez Salazar se presentó en la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local a solicitud del panista Víctor Zanella Huerta, para asegurar que el crédito concedido con intereses mínimos desde las arcas que controla la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), justo se incluyó en la revisión ordinaria de la cuenta pública 2021.

Curioso es que se trata de la auditoría general que se volvió una papa caliente para el auditor general. Recordemos que entre noviembre y diciembre del año pasado, en este espacio le dimos a conocer el terrible atraso de trabajo que se padecía al interior de la ASEG, una que comprometía la entrega de los ejercicios 2020 y 2021.

Para colmo de males, Javier Pérez denunció en aquellos meses un ataque cibernético que precisamente afectó y encriptó la información de dichas auditorías, además, aplicó diversos cambios de personal en las direcciones clave, entre las que destacó la de auditoría de cumplimiento financiero desde enero en manos de Víctor Manuel Padilla.

Se trata pues de una ASEG en crisis de confianza ante el ritmo y calidad de trabajo que se ofrece; salir a declarar a favor de la entidad que está obligada a auditar, no ayuda mucho que digamos.

Estas circunstancias dieron la cancha completa a Morena, que en la voz de su diputada Alma Alcaraz Hernández, ligó estas inconsistencias a los resultados entregados y de forma particular a las opiniones expresadas al mentado préstamo.

Así que sin mucho que replicar, la legisladora se dio vuelo descalificando una auditoría por sus “múltiples y graves fallas”, al no notar o resaltar esta operación oculta hasta hace unas semanas en boca del presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño.

Se trata pues de una etapa de máxima duda en la credibilidad de la ASEG, con cambios de personal, acumulación de trabajo, hackeos y mucho, mucho por auditar.

 

 

3.- Huanímaro y el pasmo ante la violencia

La seguridad en los municipios considerados pequeños, ya no pueden asumirse ajenos a la  crisis de violencia que padece el estado. El hecho de que sus números no se comparan con los que registran las grandes urbes guanajuatenses, sólo advierte que los casos que se suscitan en sus calles tengan mayor impacto público que entre las grandes poblaciones.

Huanímaro cuenta con 21 mil 128 habitantes y sin duda el ataque armado en contra de dos reconocidos médicos, justo frente al jardín principal, trastocó y dejó en la consternación a un municipio que desde hace años asomaba capítulos de violencia armada.

Sin embargo, para la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo no hay mayor reacción. La percepción de inseguridad se ha incrementado y no es algo para tomar a menos; se trata de la opinión de los huanimarenses ya inmersos en un contexto de indefensión.

Precisamente la labor de garantizar la seguridad de los habitantes de Huanímaro y otros municipios con similar dimensión, se ve comprometida por sus escasos recursos, dependencia del estado y de una nula política de prevención ante un mal que consideraban lejano o privativo de las ciudades del corredor industrial.

Además, la posición de Huanímaro le da un carácter muy particular. Para muestra está el enfrentamiento armado en la comunidad de San Cristóbal de Ayala, en los límites con Michoacán donde al menos cinco pistoleros fueron abatidos y resultó un herido de gravedad. Los policías municipales tardaron más de una hora en llegar al lugar.

Así que sin mayor capacidad de respuesta, persiste la percepción de una administración municipal concentrada en los eventos y festividades, pero lejana de una realidad que poco a poco les va alcanzando.

 

 

CONTRA RETRATO

Rosario Corona Amador

Luego de una trayectoria fundamentalmente dedicada a la función partidaria, dio un salto kilométrico para ubicarse a cargo de la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La exsecretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Rosario Corona Amador, finalmente se integró nuevamente a la administración estatal. Su último y único cargo público en el gobierno fue de 2018 a 2021 como Coordinadora Transversal para la Convivencia y Cultura de la Paz en la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Su cartel es amplio, pero dentro del PAN. Desde el 2006 se integró a la nómina del partido como secretaria en funciones de afiliación, desempeño y seguimiento de planes de trabajo. Hasta que en 2018 se integró a la SEG.

Con un origen que se acercaba más al grupo del diputado Fernando Torres Graciano –hoy del lado de los rebeldes junto a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos- Rosario Corona fue incluida en la planilla del dirigente del PAN, Eduardo López Mares, como secretaria general, puesto que desempeñó de forma institucional.

Es así que por razones de currículum, las dudas cunden sobre su capacidad para desempeñarse en un organismo con particular atención en medio de la crisis de violencia entre las infancias de Guanajuato. Aunque cuenta con un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, su trayectoria pinta fuera del área.

Así que con el mismo reto a cuestas, Rosario Corona deberá demostrar que su nuevo cargo no fue un premio o beneficio político, sino una oportunidad para fortalecer un sensible flanco en los deberes del Estado.