Industria azucarera bajo fuego

La industria azucarera mexicana, que ha logrado posicionarse en los últimos años como una actividad estratégica y rentable y con resultados positivos, enfrenta actualmente severos retos, básicamente políticos, que pueden afectar su desarrollo.

El principal obstáculo se vive actualmente en el marco de la pandemia del Covid-19, ya que desde el gobierno federal se inició una campaña de satanización del azúcar al indicar que su consumo es dañino para la salud porque genera obesidad y diabetes, dos enfermedades que exponen más el daño en quienes son infectadas por el virus.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos, para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones”.

Esa posición del funcionario, que ha repetido continuamente, causó molestia y preocupación en todos los actores de la industria azucarera.

La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Unión Nacional de Cañeros, Confederación Nacional de Propietarios Rurales, la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholera y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, firmaron un documento dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que fije una posición de defensa ante los ataques hacia la producción de azúcar de caña.

En los últimos años, propietarios, cañeros y trabajadores, lograron que la industria azucarera mexicana se posicionara a nivel mundial y lograra el octavo lugar en importancia por su producción. La actividad azucarera tiene una importancia económica nacional estratégica: representa el 2.6% del PIB manufacturero, el 13.8% del PIB agropecuario y el 11.6% del PIB en la industria alimentaria.

Ocho grupos azucareros operan 50 ingenios en 15 estados del país: Grupo Azucarero México, Grupo Azucarero del Trópico, Grupo Beta San Miguel, Grupo Piasa, Grupo Porres, Grupo Sáenz, Zucarmex y Pantaleón. El sector emplea a 500 mil mexicanos de manera directa y a 2.4 millones en forma indirecta, por lo que se ha convertido en una gran fuente generadora de empleo.

En la última zafra 2019-2020 se logró una molienda de 49.2 millones de toneladas de caña bruta para obtener una producción de azúcar de 5.2 millones toneladas.

En los últimos años, el sector logró avances importantes en su actividad. De 2011 a 2019 aumentó 8.22% la superficie sembrada. En su producción, avanzó 12.5% en ese periodo.

Si bien el mercado interno es el mayoritario porque se consume el 75% de la producción del azúcar y el 25% restante se exporta, existen planes de aumentar las ventas externas.

Porque el consumo interno es el que favorece la industria azucarera, el desaliento a usar azúcar por parte del gobierno federal genera una preocupación de industriales, líderes sindicales, cañeros y trabajadores porque el sector puede llegar a ver disminuida su actividad, con la consecuente afectación social al disminuir la actividad y el empleo.

Las principales asociaciones que procuran el desarrollo del sector agroindustrial en México son la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

El próximo 28 de enero habrá relevo en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y uno de los dos aspirantes es Juan Cortina Gallardo, precisamente importante productor de azúcar, amén de palmito, estevia, pepino y jitomate.

Conoce a fondo las necesidades del campo y se propone defender los intereses de todos: agrícolas, hortofrutícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas, forestales y todos los que integran a la cadena.

Sin embargo, a pesar de la importancia económica que representa la agroindustria del azúcar en México, ésta se ha visto opacada por varios movimientos encabezados por grupos disidentes de comités locales que reclaman en su mayoría inconformidades económicas, como sucedió en los ingenios El Potrero, Emiliano Zapata y San Rafael Pucté, por mecncionar algunos.

Cabe mencionar el cierre del Ingenio La Gloria, que puso en riesgo total la producción de alcohol, base de la fabricación de gel antibacterial que durante esta pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 se convertido en un artículo de primera necesidad para combatir la proparagación.

Por último y de mayor actualidad, se encuentra el movimiento que realizan algunos obreros de la sección 103 del Ingenio Aarón Sáenz en Xicoténcatl, Tamaulipas, quienes desde hace una semana han llevado a cabo bloqueos diarios en carreteras que afectan la conectividad del municipio.

La demanda principal es el cierre del ingenio, mismo que los industriales anunciaron desde julio de este año, debido a la inviabilidad financiera que enfrenta la factoría.

AYER UN JUEZ de Control de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que comanda Ernestina Godoy, acreditó que utilizó una facturera para desviar recursos de la empresa Oro Negro. De acuerdo con las pesquisas, ordenó que se enviaran cerca de 100 millones de pesos a Elementos Visionarios, considerada por el SAT de Raquel Buenrostro empresa fantasma. También se acreditó que tales recursos se transfirieron por servicios que nunca fueron prestados, lo que está tipificado como operaciones simuladas. Dado que constituye lavado de dinero, es muy factible que pronto intervenga la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. La acción de la FGJCDMX es extensiva a Carlos Willamson, Miguel Ángel Villegas y Cynthia Ann Delong. Es la cuarta orden de aprehensión que se emite contra del hijo del ex secretario de Hacienda. Recién le decía que fracasó la intermediación que a principios de año hizo Pedro Aspe al acercar a Francisco Gil con Julio Scherer, a fin de desactivar este conficto que crece día con día.

CARLOS SALAZAR ESTÁ resuelto a hacer valer los estatutos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y éstos determinan que la elección de presidente es en el mes de mayo y no en febrero-marzo. El calendario se torció en las dirigencias de Gerardo Gutiérrez Candiani en 2015 y Juan Pablo Castañón en 2019, que por situaciones más políticas se adelantaron hasta tres meses. Bajo esa óptica, el ex director de Femsa estaría abriendo el proceso electoral a mediados de abril del 2021 para que en junio haya un nuevo dirigente. El mismo Salazar no se autodescarta. Contrario a lo que decíamos hace un par de días cuenta con el respaldo del Grupo de los 10 de Monterrey. Si garantiza cinco de los siete votos de la Comisión Ejecutiva es un hecho que irá por un tercer año, hasta mayo del 2022. Pero incluso si no amarra la unanimidad estaría dispuesto a competir con quienes sean propuestos por otros miembros del CCE.

SE ACABA DE dar el campanazo con el que se concreta la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra EXITCB20 por 500 millones de pesos. La emisión se colocó a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), que preside Santiago Urquiza, y BOUS participó como agente estructurador. La emisión obtuvo dos calificaciones AAA de Standard & Poor´s y HR Ratings. Exitus Capital, que preside Carlos Rahmane, destinará el 100% de los recursos de los inversionistas para brindar liquidez a las Pymes, impulsar la generación de empleo y ayudarlas a incursionar en el mercado bursátil. Exitus es una financiera basada en la CDMX, con presencia en Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador y Guatemala. EN 12 años ha originado cerca de 20 mil millones de pesos en crédito y financiamiento para Pymes. En 2020 la colocación será de 6 mil 500 millones de pesos.