INE: reforma necesaria, debate enrarecido

Hasta entre trabajadores con muchos años en el INE, muy responsables en su labor y que no están en el juego de intereses cupulares, se consideran un acierto los cambios que puedan sacar del marasmo a un segmento de esa burocracia instalada en la comodidad y en el goce de privilegios inequitativos; sin embargo, la disputa entre grupos de poder enraizados en esa institución y sus similares enquistados en Morena, ha ensuciado el debate público respecto a la importancia de que el órgano electoral se abra a un nuevo ciclo.

Cualquiera que haya conocido por dentro al IFE o ahora al INE, y cuya afectividad no le nuble la percepción, puede dar cuenta que luego de ser una institución que gozaba de la más alta credibilidad, al transcurrir los años comenzó a naufragar en la soberbia, en la falta de autocrítica, en el despilfarro de recursos y aprovechando los márgenes legales que tiene como organismo autónomo, construyó en su interior un esquema de funcionamiento donde un circulo minoritario ha gozado de muchas prebendas.

Sin embargo, estando extrapolados los promotores y los detractores de la reforma, y en una atmosfera política en la que los desencuentros personales y las agendas partidistas han contaminado la discusión, el enfoque se ha distorsionado tanto que la derecha encontró en ese tema un eficaz combustible para animar y movilizar sus huestes, así su consigna central se finque en una falacia porque si se leen atentamente las modificaciones  a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicadas el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, es cierto que habrá un recorte severo al Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (PSPEN) que de un universo de casi 17 mil trabajadores, a marzo de 2021   alcanzaba la suma  de 2 571 plazas, más  754 correspondientes a  los organismos públicos locales (OPLES); sin embargo,  eso  no pone en riesgo la organización y conducción del proceso electoral, ni el derecho al voto libre y secreto de los ciudadanos, porque  uno de sus enfoques principales es hacia la abultada nómina de las vocalías distritales.

 En cada uno de los  distritos  del país  hay una cúpula de cinco personas: el vocal ejecutivo,  vocal secretario,  vocal de organización, vocal de capacitación, vocal del Registro Federal, todos con salarios muy generosos que  multiplicados por los 300 que existen genera una nómina excesiva. Considerando que lo intenso del trabajo de preparación de la jornada electoral se da solo cada tres años durante varios meses, y que además de modo permanente estas vocalías cuentan con personal de apoyo en el que delegan muchas de sus tareas, resulta sensato que la reforma ordene que en periodo no electoral se supriman cuatro figuras para quedar solo la de “vocal operativo” y se pruebe el modelo de “oficina auxiliar”. En el caso de las vocalías estatales el relajamiento de algunas de sus áreas también ameritaba cambios.

Otro acierto que se observa es el adelgazamiento de los consejos locales y distritales que de seis integrantes quedaran en cuatro. Aunque los autores  de la reforma se quedaron cortos, pues esta figura como tendencia general ha sido escenográfica y ha carecido del vigor ciudadano que debiera tener para ser realmente los ojos de la sociedad por dentro de ese engranaje. En eso los partidos tienen mucha responsabilidad porque el origen de esa debilidad está en las componendas de la élites políticas, pero también el IFE-INE no ha estado al margen de fortalecer esa inercia ya que su burocracia suele operar para que quienes queden en las listas finales sean consejeros o consejeras que no les generen mayores sobresaltos, incomodidades, ni contrapesos.

Al interior del INE hay quienes consideran que las cifras de afectaciones laborales que maneja el  poder ejecutivo están sesgadas, según esas versiones la cifra de 1200 que dio en una mañanera el secretario de gobierno al parecer omite los reacomodos en oficinas centrales, y  el recorte de puestos como el Jefe de oficina de seguimiento y análisis ( JOSA) que hay en cada distrito y vocalía estatal,  pero aun así a  menos que desde adentro se saboteara la elección del 2024, el llamado Plan B no desmantela el capital humano ni la estructura que se requiere para que siga cumpliendo sus funciones. Tan perverso es manipular la información para sembrar la intriga de que se está derrumbando esa institución, como igualmente es desproporcionado aseverar desde el pulpito presidencial que con estos cambios se purificara la competencia democrática.  Lo que sucede es que por la visceralidad e inquina sin cuartel entre el gobierno federal y sus opositores más enardecidos, unos y otros ya perdieron los matices.

Así sea de menor calado que la que no pasó en la cámara de senadores, esa iniciativa será benéfica para la vida laboral del INE, pues cuando menos se acotan algunas situaciones que desde hace años incluso internamente se comentaban como ejemplos del uso inadecuado de los recursos públicos.

En caso que la Suprema Corte no detenga esta reforma, clamor que se escucha particularmente en los puestos directivos, habrá múltiples aspectos a observar, por ejemplo,  hay un enunciado que se ha incorporado a la Ley Electoral en el apartado “Libro Primero, Disposiciones Generales” (artículo 6):

“Los artículos promocionales utilitarios que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato no podrán consistir en dádivas. La entrega o promesa de despensas, animales, tinacos, láminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina, útiles escolares, cosméticos y, en general, bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, aspirantes, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirán como indicio de presión al elector para obtener su voto. El Instituto podrá ordenar la suspensión de la entrega de los bienes a que se refiere este párrafo y dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”.

Aquí en Guanajuato ¿cómo sorteará el PAN y todos los partidos este postulado?, pero en particular ¿cómo actuará  MORENA al respecto? Y es que si aquí los conservadores siempre han recurrido a esos métodos  para la cooptación del voto, también por todos es visto que el partido del presidente cojea de lo mismo y en muchas de sus prácticas no es más que un PRI remozado.