La corrupción en el mercado del gas

El gran problema en que se está convirtiendo el abasto de gas para los hogares mexicanos, cuyas tarifas por los cielos llevó a medidas de control de precios desde el gobierno, tienen como origen la corrupción. Esa es la verdad que subyace.

Abierto o no el mercado energético al capital privado, desde hace años la intermediación favorecida desde el gobierno federal no es supervisada para que se ajuste a la ley. Los usuarios hemos tenido que sufrir costos elevados del gas bajo ‘pactos de caballeros’ entre los distribuidores, repartiéndose el mercado para sostener un precio que no les afecte. No solo eso, el gas que nos entregan, regularmente, no corresponde a lo que se paga. Ya sea en tanques estacionarios o tanques móviles. Me consta.

Hay investigaciones federales que no llevan a ninguna parte cuando se atienden las prácticas desleales contra los consumidores por parte de las empresas distribuidoras de gas, porque acuerdan precios y reparto de regiones. Han pasado años en varios casos, sin resultados, porque no hay dientes para poner orden y porque hay muchos ‘nombres’ de peso entre las gaseras.

Por ejemplo, en marzo de este año se anunció que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) “emplazó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país”.

La denuncia marca la existencia de ‘posibles’ prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP, encontrándose en la comisión que es muy probable dicha colusión. Pero como la cosa es calmada, con el emplazamiento inició un procedimiento en forma de juicio donde los agentes económicos podrán defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra. Y allá “que Dios los halle”, dice el dicho, pues hay casos anteriores que llevan años sin resolverse.

Mientras en los hogares se sufre para pagar los precios de este gas que representa millonarias ganancias a los distribuidores. Vea si no, el gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país, 79% de las familias mexicanas lo consumen, de ahí que los aumentos en sus precios tengan un efecto regresivo importante en los hogares más pobres. Estos destinan 3.5 veces más de su gasto a este energético que las familias de mayores recursos. Todo de acuerdo a datos de INEGI.

También el gas LP es básico para el sector restaurantero, que es impactado por sus altos costos, lo que se suma a su crisis derivada por la pandemia y el confinamiento. Además, el gas natural, más barato, no llega a los hogares de la mayoría. Parece que le sacan más jugo al gas LP quienes controlan el mercado.

En este punto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tan preocupado en el papel de los energéticos, no ha movido un dedo para frenar estas prácticas corruptas. Al contrario, ha debilitado a la Cofece, restándole presupuesto. No ha legislado para endurecer sanciones y agilizar procedimientos; y cuando lo ha hecho es para tomar ventaja del mercado energético en favor de la estatización que anhelan. Pero no aterriza esto en beneficio de las personas.

Ahora que los precios se dispararon mucho más, el presidente optó antes que poner orden, en crear una empresa gasera que viene a crear un problema mayor, porque su sustentabilidad vendrá de subsidios que pagaremos de todos modos con recursos públicos, mientras distorsiona lo que deseábamos en realidad, tener una verdadera competencia en precios, que no se dio porque no han supervisado que se cumpla con ello.

El ajuste a los precios debió preverse desde la Ley de Ingresos para que los entes reguladores hubieran intervenido hace meses sin crear crisis, como ahora está derivando con una medida de golpe y hasta sujeta a judicialización.

Los paros anunciados por gaseros en Ciudad de México y Estado de México, son el inicio de un movimiento contra el control de precios, pero porque afecta también circunstancias de corrupción. La propia Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (LP) y Empresas Conexas (Amexgas), que ante la bronca que se les viene por la posibilidad de perder concesiones, no por los precios, sino por enfrentar al gobierno, se han deslindado de los paristas, aduciendo que son ‘comisionistas’ con pipas, sin permiso de distribución.

La pregunta que se le puede hacer a los distribuidores, que ahora esconden el bulto es: cómo es que estos ‘comisionistas’, sin permisos, acuden a las gaseras a surtir sus tanques por miles; cómo es que recorren las rutas que como distribuidoras deberían controlar, sin que hasta ahora las empresas en Amexgas se hayan quejado. La respuesta es sencilla, colusión, son sus propias empresas, subcontratación, todo es corrupción. Intermediación hecha desde las gaseras, que eleva precios contra la salud económica de las familias.

Lo que resulta es un eslabón más de la corrupción del gas. En Guanajuato hay también situaciones de corrupción que ‘investiga’ la Cofece, y estos problemas de paro, seguramente pronto las veremos. El desabasto de gas, que se avecina, afectará a los hogares y de paso creará un mercado negro. De aquí a que Gas Bienestar tenga la capacidad de surtirnos a todos, era mejor poner orden con golpe de mano; de igual forma, lo que haga Ricardo Sheffield desde Profeco, serán aspirinas. Pero… ya saben cómo es la 4T en su combate a la corrupción.