LA DEPURACIÓN DE MORENA: UN BOTÓN DE MUESTRA
LIMPIA. de la batalla del próximo domingo en las urnas para elegir a los consejeros que son los próximos electores de quien será la nueva dirigente de Morena, este partido hace una depuración de la lista de aspirantes a quienes considera que no son dignos ni de competir entre los miles que ya se registraron.
MARCA DE LA CASA. Es el estilo Morena para reservarse el derecho de admisión. Solo ellos saben cómo aplican y a quienes aplican las reglas. Aquí va un ejemplo.
¿SERÁ? Cuentan en radiopasillo que uno de los registros que se objetaron fue el de Osvaldo García quien fuera operador clave para la victoria del priista Mauricio Trejo Pureco sobre el panista Luis Alberto Villarreal.
LEYENDA. García era del PAN y trabajaba para el exalcalde Villarreal y los morenistas no le perdonan, en concreto, el excandidato Ricardo Ferro, que se haya alineado con el ahora alcalde Trejo Pureco y que presuntamente hubiese quedado mal con Morena.
PEZ GORDO. Osvaldo García fue señalado en su momento como una de las bajas panistas que tenía tanto peso en la operación electoral que fue determinante en el resultado que llevó al PAN a perder sorprendentemente esta plaza.
GUERRA INTESTINA. El propio Román Cifuentes, entonces líder del PAN, habló de la soberbia de su partido para dejar ir esos cuadros que capitalizó Trejo Pureco. Pues en Morena ya le sacaron su expediente y lo quieren descarrilar por que ahora estaría cerca del grupo del procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.
GOLPAZO. Finalmente Osvaldo García hizo la travesura porque ayudó a que el PRI rescatara el honor porque no hay duda de que después de Silao que también gobernaba, para el PAN, lo más doloroso fue haber perdido esta ciudad patrimonio de la humanidad.
EN RESUMEN. El punto es que ahora, García se habría distanciado del alcalde Mauricio Trejo pero en Morena, la batalla de tribus que está a todo tren, lo habría vetado por aliarse con el incómodo. ¿Miedo o precaución?
LA DEL ESTRIBO…
Queda muy claro que al Fiscal Carlos Zamarripa no se le da mucho eso de la empatía con víctimas de delitos. No es lo suyo posar para la foto en la atención a alguien que lamentablemente perdió a un familiar víctima de la violencia en el estado.
No se le ve cómodo pero al final sabe que como parte de la estrategia de contención ante el reclamo de un homicidio como el que sufrió el excamarógrafo Enrique Sosa que provocó un reclamo sentido del gremio periodístico.
Se sabe que el lunes pasado hubo un cateo en varios domicilios en búsqueda del presunto responsable que no tuvo el éxito esperado. No es una buena señal para la investigación y menos que se declare que “ya casi” se logra la detención.
Ojalá que mientras en este espacio se plantea una duda razonable, la Fiscalía logre la captura del presunto responsable. En el contexto del debido proceso sería doblemente lamentable que con videos, testigos y tanta presión mediática, la impunidad se abra paso.
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A UNA DÉCADA DEL ARRANQUE DEL FALLIDO Y POLÉMICO ESCUDO
Cuando ese proyecto se anunció, Guanajuato era un estado con niveles de violencia ínfimos. No pintaba en el panorama nacional. La violencia generada por el crimen organizado no era problema para Guanajuato.
Juan Manuel Oliva estaba a punto de concluir su sexenio y Miguel Márquez se preparaba para enfrentar el suyo con una oferta que al final, se convirtió en el lado oscuro de su administración.
“El arrendamiento de Escudo ronda en 2 mil 700 millones de pesos, no debiera ser el único tema cuestionable en materia de seguridad sino la efectividad de las acciones y la comunicación que deben tener en conjunto todos los municipios, de no ocurrir así, quiere decir que hay fallas, desde la licitación, los contratos, la selección, entrenamiento y/o capacitación sobre todo en derechos humanos de los 46 cuerpos locales de policía”.
Así decía un análisis del Observatorio Ciudadano de León difundido hace exactamente 5 años, todavía en el sexenio de Miguel Márquez cuando en Guanajuato comenzaba a despuntar violencia criminal.
En un reporte titulado “Escudo: de la emoción al cuestionamiento”, el OCL mostraba un comparativo de la incidencia de homicidios dolosos tanto a nivel Guanajuato como en León de 2012 a 2017.
En el caso estatal, del decremento que hubo en 2013 de 17%, 641 homicidios contra 771 de 2012 al incremento del 25% en 2016 cuando se registraron 961. Los 530 homicidios registrados en los primeros 6 meses de 2017 representaban un 37% por encima de los de 2012 en el mismo lapso.
Hace unos días, la secretaria de Seguridad a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez daba a conocer las cifras que colocan a Guanajuato como la entidad más violenta: mil 566 homicidios en 6 meses.
El doble de los registrados hace 10 años en todo el año y el triple de los que se registraban en el mismo lapso en 2017. De ese tamaño ha crecido la violencia en una década.
Y mire que hoy el gobernador Diego Sinhue presume mil homicidios menos que hace un año, aun cuando 2020 ha sido el año más violento en la historia del estado.
“La gran responsabilidad de diputados y gobernador y los secretarios responsables de seguridad es que se trate como un tema que debe ser totalmente transparente ahora que deberá votarse por el Congreso al término del contrato: ¿Con qué nos quedaríamos en caso de que Seguritech ya no continúe?”, decía la publicación del OCL.
Hace 4 años, en plena transición, tras la elección ganada por el PAN en el estado, el entonces presidente de la comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Guillermo Aguirre admitió que Escudo no estaba dando los resultados esperados y que era necesario replantear los instrumentos que iba a utilizar el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
No hay resultados que avalen y justifiquen el millonario gasto. Y si ese es el parámetro para medir resultados, es cuestionable que se mantenga el mismo secretario de Seguridad que llegó de la mano con ese proyecto.
Basta con recordar que hace 10 años, cuando llegó, Alvar Cabeza de Vaca no cargaba la culpa a los Municipios de la mayor parte de la responsabilidad de la inseguridad. Para todo mal, estaba Escudo.
BÁRBARA Y LÓPEZ SANTILLANA: DENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS
Los exalcaldes de León siguen dando la nota en diversos tonos. Ahora que varios ediles leoneses fueron a Chicago a hacer turismo político y a recibir la certificación CALEA que presume la policía de León desde hace años, apareció por allá el exalcalde Héctor López Santillana quien es flamante delegado mexicano y actual director de Guanajuato Puerto Interior.
¿Qué hace un delegado mexicano en CALEA que se promueve como “el estándar de oro en acreditación de seguridad pública”?
En realidad son 5 los delegados mexicanos que tienen como misión, “revisar a las agencias mexicanas para la acreditación CALEA”. Y si López Santillana es uno de los evaluadores de sus paisanos, ni modo que se vaya a poner muy exigente con la herencia de lo que gobernó; sobre todo porque a él le tocaba despedir a muchos policías en su trienio y nomás le dio frío y se los dejó a su sucesora.
¿Recuerda usted a los maestros “barco” en la escuela? Vistos los antecedentes, así de rigorista debió ser López Santillana cuando evaluó a la policía local.
Y ya que hablamos de López Santillana, la exalcaldesa de León Bárbara Botello Santibáñez presentó una nueva denuncia en la Contraloría Municipal en contra de este funcionario por posible “abuso de funciones de servidor público, conflicto de interés y desvío de recursos públicos”.
De acuerdo a una publicación de Botello en su cuenta de Facebook, durante su gestión, “se le otorgaron cientos de miles de apoyos” a una asociación presidida por una hermana suya.
En su escrito difundido en esa red social a la par que fotografías de su presencia en la dependencia, Botello Santibáñez habla de que se dieron diversos apoyos a la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular (ALDIM) por 10 mil pesos a los largo de los 6 años de gobierno de López Santillana lo cual acredita un conflicto de interés según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Botello pide a la Contraloría recabar el acta constitutiva de Aldim además de solicitar copias de todos los apoyos entregados entre 2015 y 2021.
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