La herencia de Alvar con todo y nuevo comienzo

1.- La herencia de Alvar con todo y nuevo comienzo

La gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo ha sido firme en su discurso para sentenciar el “nuevo comienzo” que ha planteado desde su campaña. En medio de esa narrativa, el tema de la seguridad es central a partir de los cambios que adelantó en la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Pero ojalá todo fuera como el cambio de nombre y de persona. En ambos casos, tanto en el de Carlos Zamarripa Aguirre como en el de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dejan estructuras, proveedores, inercias y lógicas de operación que no se puede arrancar de tajo.

Específicamente en la SSPE lo que se quedará como “capacidad instalada” tiene que ver con un robusto cúmulo de tecnologías de la información con el que Alvar fundó el C5i mediante aquel contrato de 2 mil 700 millones de pesos firmado con la empresa Seguritech del empresario Ariel Picker, justo en el cierre del 2012, al inicio del gobierno de Miguel Márquez Márquez.

En aquel momento, el secretario de seguridad fue el encargado de promover, defender y sostener lo que llamó Proyecto Escudo; un ardid que hace más de diez años se justificó en la necesidad de que Guanajuato se protegiera de la violencia que ya estaba desatada en otras entidades. Todo cayó por su propio peso y dicho proyecto no sirvió para evitar que la criminalidad estallara en este estado.

Entre las controversias que causó la contratación fue, además de la instalación al vapor que en su primer año quedó documentada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior (OFS), fue la plataforma tecnológica empleada, pues esta requiere mantenimiento permanente y compatibilidad absoluta para ensanchar su monitoreo.

Visto de otro modo, aquel contrato de 2.7 mil millones apenas fue el enganche de una dependencia tecnológica mayor, pues todo aquel municipio que desee conectarse al C5I del estado, requiere equipamiento compatible. No hace falta ser un genio que quien le ofrece tal servicio es el propio Seguritech.

Bajo esa fórmula, Guanajuato fue apenas el feliz comienzo pues Seguritech ya está en estados como Puebla, Estado de México, Yucatán, Colima, Baja California, además de varios municipios. Incluso, ya gobernantes morenistas han apostado por esta empresa, lo que parece indicar que lejos de ser bloqueada, esta empresa podría seguir en los cuernos de la luna.

Así que ya sea con el cambio verdadero o con el nuevo comienzo, el giro de la seguridad parece haber llegado para quedarse en el concierto nacional. En su caso, Libia Dennise no ha tocado el tema ni de soslayo, por lo que no habría razones para pensar que esa herencia de Alvar Cabeza de Vaca quede descontinuada. Es un asunto que en realidad ya rebasa consideraciones políticas.

2.- Arzobispado de León: obligado cambio de postura

No hubo tiempo para caer en lugares comunes o apelar al dogma. El nuevo Arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, habló fuerte y claro contra la pederastia y abuso clerical dejando ver su primera consigna pública en su primer contacto abierto con los medios de comunicación. “Se ha sufrido mucho. Los abusos a menores, no solo es una situación moral, es un crimen”, expresó de motu proprio.

Bien se sabía que el perfil del nuevo jerarca católico en Guanajuato -lo dijimos en este espacio- era muy distinto al de sus antecesores, Alfonso Cortés Contreras y José Guadalupe Martín Rábago en cuanto al involucramiento en las problemáticas sociales y políticas. De hecho, en el tema que le ocupa, el primero rehuyó a esa discusión pública y el segundo, quedó documentado, apeló al encubrimiento.

No son pocas las razones y los casos para desde la Conferencia del Episcopado Mexicano y del propio Vaticano con el Papa Francisco al frente, haya puesto su mirada en una plaza famosa por su religiosidad, pero también por la impunidad que prevaleció durante décadas sobre los casos de violación o abuso cometidos por prelados.

Por ejemplo, justo cuando Martín Rábago solicitó su retiro, quien fungía como su vocero, el sacerdote José Raúl Villegas Chávez, ya había enfrentado demandas de paternidad lo que le valió ser enviado a una de las llamadas clínicas de sanación en Jalisco, para luego ser reubicado en parroquias y escuelas católicas de Irapuato donde el entonces obispo, José de Jesús Martínez Zepeda lo protegió.

“Tolerancia cero” sentenció Calderón de forma enérgica, como parte de los aires de renovación que se ha instruido desde el Vaticano, mediante el Consejo Diocesano de protección a Menores y Adultos Vulnerables que, habrá que reconocerle, instaló Cortés Contreras desde hace más de un año. Pasos previos que ahora deberán mostrar la misma energía con la que ha llegado el nuevo Arzobispo de León.

3.- Celaya: ¿piloto de un Mando Único de facto?

Por más explicaciones del alcalde Javier Mendoza Márquez, Celaya se vio estos días topada de militares, algunos con el verde olivo del Ejército y otros con el camuflaje beige de la Guardia Nacional, en un hecho completamente atípico, pues las revisiones de la Policía Municipal no las estilan hacer fuerzas federales de forma unilateral y mucho menos colocando agentes en cada esquina y entrada.

De manera que prácticamente la policía municipal de Celaya ha sido sustituida, en una intervención que es imposible desligar de la serie de ataques, masacres y asesinatos que han tenido rienda suelta en buena parte del sexenio, pero más precisamente a partir del 2 de junio en el que Mendoza Márquez perdió la elección.

Fueron dos meses y medio en los que fue evidente el vacío de poder. Un alcalde abandonado, un secretario de seguridad ciudadana como Jesús Rivera Peralta rebasado y un alcalde electo como Juan Miguel Ramírez cuya militancia en Morena y sus llamados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son de momento su único hándicap.

Fue así que por unos días fue palpable una tensa calma que fue traducida como un remanso de tranquilidad para diversas personas consultadas por Correo. Sin embargo, lejos está la medida de ser una solución. De hecho, al cierre de ayer, al menos siete personas fueron asesinadas incluyendo tres personas en una base de autobús que fue atacada y padre e hijo a la salida a Salvatierra.

El tema es que ahora la medida se analiza para otros municipios de la región Laja Bajío, donde el común denominador es la desconfianza en las policías municipales, lo que convertiría a Celaya en un pilotaje de lo que se podría implementar en una zona específica donde los exagentes de la policía federal, o "fedepales", fueron cubriendo espacios que ahora mismo parecen haber abandonado.

CONTRA RETRATO

Héctor Tinajero Muñoz

A seis meses de que se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, por fin se animó a romper el mutis y ayer viernes por la noche, decidieron hacer pública su postura.

El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, se había abstenido de manifestar opiniones respecto a esta iniciativa. De hecho, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) obtuvo una votación dividida, pero que al final se decantó por las intenciones presidenciales; únicamente Guanajuato y Zacatecas se abstuvieron.

La actitud de Tinajero Muñoz indudablemente es la derivada de sus relaciones políticas. No quiere abrirse un frente con el gobierno de la 4T, pero tampoco con el gobierno estatal del PAN. Es estar entre la espada y la pared así que pidieron más tiempo para deliberar sobre su postura, a pesar de que es indudable que dicha reforma alcanza a los Estados, trastocando el derecho a la carrera judicial.

“Se debe entonces respetar la designación de los cargos jurisdiccionales por carrera judicial, como un medio que garantiza la imparcialidad e independencia, así como la eficacia, eficiencia, excelencia profesional, probidad y rectitud en la prestación del servicio...”, advirtieron en boletín de viernes por la noche.

Lo que vino después es una presunción de los sistemas y mecanismos de control que utilizan en el Poder Judicial de Guanajuato, instrumentos que, por cierto, tampoco han dado certeza absoluta de justicia. Al final, se trata de una postura tardía que no apela a sumarse en una causa y lograr cambios afirmativos, es tan simple como una opinión que se apila en el cajón de quejas.