La IP a las filas de la oposición

1.- La IP a las filas de la oposición

Es muy probable que la relación de los empresarios con el gobierno panista de Guanajuato esté pasando por su peor momento en 33 años. Luego de un largo periodo de alianza de facto, en el que las concesiones y hasta complicidades políticas prevalecieron, entraron en un proceso de desgaste que ha encontrado el punto sin regreso con la extinción del Fidesseg.

La decisión por sí sola ha tenido su costo político, pero no se puede soslayar que en todo este proceso de debate la falta de un diálogo circular -como los de antes, como los de siempre- ha empeorado una situación que de controversia escaló a confrontación. Los empresarios son ya, los críticos más severos en la actualidad del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Ayer, justo después de que la gobernadora sentenciara que no se retractaba de la desaparición del Fidesseg para cambiarlo por un modelo burocratizado, que suministrará los apoyos para la sociedad civil a través de la misma estructura de la Secretaría del Nuevo Comienzo a cargo de Rosario Corona Amador, la cúpula empresarial de cinco municipios remarcaron su postura.

A través de un comunicado y un pronunciamiento público, los empresarios expusieron cinco puntos de valor: la continuidad, honrar los acuerdos, congruencia, transparencia y confianza. La sentencia evidentemente busca calar hondo ante la sospecha de que detrás de la extinción, está la verdadera intención de dejar en la impunidad diversas irregularidades

Recordaron que el Fidesseg surgió como un acuerdo entre los empresarios, sociedad civil y gobierno basado en un convenio de colaboración mixta para la creación de proyectos sociales y en seguridad para atender el tejido social. Incluso lanzaron un llamado a que "defendamos hasta las últimas instancias el destino de este impuesto y exhortamos a que se respeten los acuerdos municipales".

Incluso, para ellos se trata ya de una polarización que “afecta gravemente al estado y provoca fracturas que no contribuyen a un proyecto sustentable entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil”. Postura que ha sido replicada por el presidente del CCE de León, Roberto Novoa Toscano.

Lo que son las cosas. Ahora resulta que la sincronía de los empresarios está con Morena que ayer presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora a fin de que presente lineamientos, estructura, programa y acciones que permitan el financiamiento a los organismos de la sociedad civil en diálogo y consenso con las propias organizaciones, el empresariado y el Poder Legislativo.

Aunque el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen, se trata de una nueva demanda para abrir las cuentas del Fidesseg, una causa que se vislumbra por parte de una cúpula empresarial que reclama los derechos que la administración estatal anterior les concedió.

2.- Con 135 mil casas, le cambia la cara a la Canadevi

En muy poco tiempo, la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) cambió radicalmente su postura frente a los planes y proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora los ven benéficos, viables y provechosos.

Recuerda usted que el presidente de la CANADEVI en Guanajuato, Victor Franco Vargas, calificó como un retroceso el proyecto de reforma con el que se pretende facultar al Infonavit para construir vivienda. “Sólo fomentó corrupción”, afirmó al tiempo de admitir que ofertar vivienda económica ya no era opción para la iniciativa privada.

Pues todo esto cambió con el último anunció de la presidenta, pues se trata de un esquema que combinará la participación de las empresas, pero a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la cual habrá de ofrecer vivienda del mismo sector pero está en ejecución con los desarrolladores de vivienda privados.

Tan positivo ahora ven el panorama, que no han dudado en calcular la edificación de 135 mil viviendas en Guanajuato como meta sexenal. Este número resulta del proyecto presidencial para construir en el sexenio un millón de viviendas: 500 mil por parte del Infonavit dirigidas a derechohabientes y 500 mil más a cargo de Conavi para población no derechohabiente.

El optimismo de Víctor Franco Vargas parece tener certeza, siempre y cuando el presupuesto alcance. Si hoy se construyen al año alrededor de 7 mil o 18 mil viviendas en el municipio de León, con el proyecto de Sheinbaum se espera que se incremente hasta en un 50 por ciento. Un aumento que, al parecer, es suficiente para cambiar opiniones y percepciones.

3.- Sin importar color, las arcas vacías
 

Ya sea una entrega del PAN a Morena o de Morena al PAN, los municipios se encuentran igual de vulnerables. El gobierno que se va se despacha con la cuchara grande dejando al que llega con boquetes financieros y las arcas agotadas. Es la realidad de cada tres años, una mala costumbre política.

Los municipios de Silao y Pénjamo son el ejemplo perfecto. Ambos enfrentan una crisis financiera que ha impactado en el pago de la nómina de sus trabajadores, al grado de declararse sin fondos para cerrar este mismo año, lo que les ha obligado a tomar medidas urgentes para solventar los adeudos, priorizando a sus policías municipales.

El gobierno de Silao que ahora encabeza la panista Melanie Murillo Chávez se encontró con que la partida presupuestal para sueldos y salarios se quedó vacía luego de la salida del morenista Carlos García Villaseñor. De hecho, esta misma semana los mismos empleados se dieron cuenta de que la mayoría no recibió sus sueldos completos.

En Pénjamo la circunstancia es similar. Directores, coordinadores, trabajadores, así como integrantes del Ayuntamiento, recibirán su primer pago hasta el día 25 de octubre debido a la falta de recursos económicos. La administración que encabezó el panista, Gregorio Mendoza, entregó sólo 400 mil pesos a la de Yozajamby Molina cuando la nómina a pagar el 15 de octubre era de 7 millones de pesos.

En el caso de Silao, la alcaldesa entrante tuvo que recurrir a la solicitud de apoyo para poder cerrar el año; en lo concerniente a Pénjamo el gobierno pretende hacer un reacomodo interno. Al final, ambos casos demuestran la vulnerabilidad al saqueo que prevalece en los municipios, sin importar los colores.

CONTRA RETRATO

Julio Cesar García Sánchez
 

Debe estar contento. Su nombre y su circunstancia fueron factor de unidad en el Congreso de Guanajuato, pues todos los diputados votaron a favor de exhortar al Ayuntamiento de Guanajuato para que reconsiderara su designación como presidente de la Comisión de Igualdad de Género.

Así pues, Julio Cesar García Sánchez fue colocado en el centro de un debate en el que no tuvo defensa debido a la insensatez de su designación, de la cual, por cierto, aún no hay certeza sobre si fue una solicitud expresa de él mismo, como lo ha dicho a alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez, o le fue conferida sin pedir como defiende él mismo.

El caso es que el Pleno del Congreso del Estado exhortó al Ayuntamiento de Guanajuato a considerar en la siguiente sesión ordinaria, en ejercicio de sus plenas atribuciones, modificar la integración de la Comisión de Igualdad de Género y ésta sea presidida por una persona “que cubra el perfil idóneo”.

Lo que vuelve pertinente el exhorto es el antecedente directo que pesa sobre el edil de Morena, radica en la sentencia por violencia familiar que se le dictó tras ser denunciado por su expareja. Un asunto desgastante y exhibido en su momento durante la etapa final del trienio que encabezó Edgar Castro Cerrillo (2015-2018).

En este caso, fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, la que encabezó el acto correctivo, pues señaló que resultaba sorpresivo que se haya aprobado a Julio César, tomando en cuenta que en el 2018 fue sentenciado a 1 año y 8 meses de prisión. Grave que suceda en un municipio con un contexto de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.