Las mentiras de la UG y la fallida venganza del exrector Guerrero Agripino

Las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG), en menos de cuatro meses, mintieron al público general en múltiples ocasiones de forma descarada y evidente, y a través de sus comunicados/documentos oficiales.

La primera vez fue cuando “prometieron” no tomar represalias contra los alumnos que protestaron en septiembre-octubre de 2023; su mentira se reveló cuando la institución demandó a principios de febrero de 2024 a siete de sus propios estudiantes, quienes habían participado en las mencionadas protestas.

La segunda mentira sucedió cuando, en un comunicado oficial, se aseguró que la UG no había demandado a sus alumnos si no que la Fiscalía estatal los perseguía “de oficio”. ¿Cómo fue posible que las autoridades de la UG pensaran que iban a salir avante con tan descarada mentira? La propia rectora aceptó posteriormente que ellos habían levantado la querella ante las autoridades jurídicas porque era su obligación legal informar de los daños materiales a sus recintos (realizados durante las protestas).

Cualquiera que haya sido la razón incidental para imputar legalmente a sus propios estudiantes, el punto es que fueron las propias autoridades de la UG las que hicieron la imputación que habían negado haber hecho.

La tercera mentira la encontramos cuando la UG es cuestionada por la prensa sobre la demanda contra las siete estudiantes y declara en un comunicado de fecha 28 de febrero que “no es posible brindar más información sino hasta que concluyan las investigaciones respectivas”. Pero claro que podían brindar un mínimo más de información; podían, por ejemplo, haber aceptado que fueron ellos, las autoridades de la institución, quienes interpusieron la demanda contra los siete estudiantes. Es decir, pareciera que las autoridades de la UG no querían informar nada a la prensa si no hasta que los alumnos hubieran estado condenados y, quizá, encarcelados.

Tenemos una cuarta y grave mentira: las autoridades de la UG mintieron cuando afirmaron que sus acciones (legales) respetaban a los derechos humanos. El demandar penalmente a siete alumnos por manifestarse o protestar, so pretexto de daños materiales, no es respetar los derechos a la libertad de expresión, ni los derechos a la protesta.

Después de que el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, se reunió con la rectora de la UG (Claudia Susana Gómez López) el 13 de marzo, ésta declaró que eliminaría la demanda a los siete alumnos. Tal declaración evidenció aún más las mentiras de la institución porque demostró que: 1) la UG no cumplió los acuerdos de octubre de 2023 de no tomar represalias contra el alumnado que protestó en septiembre-octubre de 2023 (pues la UG ordenó represalias contra siete de sus alumnos); 2) la UG sí interpuso directamente la demanda contra siete de sus alumnos, pues, no se trató de una persecución “de oficio” por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato; 3) la UG y su rectora no quisieron dar información de su demanda no por temer interferir en el “debido proceso” si no para intentar ocultar sus fechorías hasta que obtuvieran contundentes resultados; y 4) la UG sí atentó y atacó vilmente a los derechos humanos, aunque hayan declarado mendazmente que no lo hicieron.

No es ningún mérito de la UG el haber cesado la demanda contra sus siete estudiantes pretextando cínicamente que quería el “diálogo” o la “armonía”. El mayor mérito para el desistimiento de la demanda fue de los propios siete estudiantes en tanto que ellos se movieron rápidamente y recurrieron hasta a las autoridades federales y más allá en aras de obtener ayuda. Por igual fue mérito de la “opinión pública” y de los medios de comunicación el haber ejercido presión sobre la UG para que transigiera en su descabellada represión (en especial la solícita actividad investigadora de periódicos regionales como Correo).

También fue mérito del propio subsecretario de Educación Superior y/o del presidente López Obrador por haber atendido este vergonzoso episodio de forma solícita. Asimismo, fue una fortuna que autoridades aún más “superiores” al gobierno federal, incluyendo Amnistía Internacional, escucharan a los siete perseguidos políticos.

Finalmente. la presión de todos los mencionados y el apremio federal doblegó a la minimizada casa de estudios estatal y, con ello, impidieron la venganza del exrector Felipe Guerrero Agripino contra algunos de los estudiantes que con muchas razones protestaron en 2023.

En cambio, fue vergonzoso que los diputados de los partidos del PAN y del PRI no hayan apoyado las protestas y las querellas de los estudiantes perseguidos. Esos diputados cínicamente impidieron que “el Congreso del Estado de Guanajuato se pronunciara a su favor”, a favor de los estudiantes (a quienes dejaron desprotegidos y sumidos en el miedo), según una nota de redacción de Correo de fecha 29 de febrero de 2024.

En esa misma nota periodística se dice que “la diputada panista Susana Bermúdez [hoy en día otra vez candidata a diputada] declaró a nombre de su partido que el voto en contra de los puntos de acuerdo planteados en favor de los estudiantes obedeció a que consideraban que el suyo es un caso complejo que debería estudiarse con detenimiento antes de poder dictaminar”. Esta declaración se trató de una falacia y un mero pretexto de los panistas para no contradecir la orden vindicativa del fiscal Carlos Zamarripa, amigo de Felipe Guerrero (quien impuso a Claudia Gómez como rectora), de perseguir con todo el duro peso de la ley a los siete estudiantes. A pocos días del inicio del periodo de campaña electoral los políticos panistas (y en contraste con la actitud de la prensa y de la opinión pública) exhibieron su poco apoyo a la comunidad estudiantil, exhibieron su maledicencia, exhibieron su contubernio con las represoras autoridades de la UG. Ni los panistas ni los priistas instaron a la UG a que desistiera de su ignominiosa demanda, lo que demostró también su poco compromiso con la libertad de expresión y sus muchos compromisos con los represores Zamarripa y Guerrero.

En otro punto, es palpable que Guerrero Agripino aún controla a la UG: no hubo ningún tipo de rompimiento entre éste y la nueva rectora Gómez López. Si hubiera independencia de Gómez López con respecto al “agripinato” ella no hubiera aceptado proseguir la (fallida) venganza de Guerrero Agripino. O, desde su primer momento como rectora (y quizá para resarcir algo del daño que se ha hecho a las mujeres estudiantes de esa institución), ella hubiera despedido a profesores como José María de la Roca Chiapas, o Alejandro Klein Caballero, o Gustavo Garabito Caballeros, o Daniel Tagle Zamora, o César Federico Macías Cervantes, etc. La mayoría de los anteriores mencionados fueron sancionados por la UG por algún tipo de acoso, pero todos siguen laborando en la institución; sus sanciones fueron mínimas y ridículas, sólo para taparle el ojo al macho. ¿Cómo es posible que una universidad siga estando tan visiblemente repleta de posibles depredadores sexuales? La única explicación plausible es que sigue todo igual y Guerrero Agripino sigue gobernando a la UG y sigue solapando a los acosadores, quienes muchas veces son sus amiguitos o, en su defecto, amiguitos de sus amiguitos.

Me resta enfatizar que si la UG ha mentido (más) sistemáticamente en los últimos meses ¿cómo podríamos saber que no mintió de nuevo en los acuerdos con las autoridades federales y/o con Movimiento Colmena, de fecha 13 de marzo de 2024? No es posible saberlo. Y, por todo lo expuesto y más, la cúpula de la UG no es hoy en día fiable ni inspira confianza, por ende, hay que seguir presionándola; sin presión no va a cumplir ningún acuerdo, sin más protestas va a seguir dando “atole con el dedo”, va a seguir mintiéndonos y va a seguir sumida en la corrupción y en la impunidad. La UG parece no querer diálogo si no sólo acallar al inconforme, al que señala sus enormes defectos. Luego, es honroso que los estudiantes (y muy poquísimos profesores) sigan resistiendo a la inmoralidad de tal institución. Creo que la población del estado de Guanajuato desea una universidad estatal libre de violencia sexual, de persecuciones políticas y de corrupción y, por esto mismo, no nos vamos a callar la verdad y no debemos de temer.