Más del congreso: Las delicias de la junta de gobierno
Miguel Zacarías
NO HAY DUDA. Lo dice el propio portal del Congreso local muy claro y detallado. Ser diputado y vivir del presupuesto es una delicia, pero formar parte de la Junta de Gobierno, es otro boleto.
MENÚ. Y e que poder legislativo guanajuatense gastó poco más de 10 millones de pesos durante 2022 en varias partidas que incluyen remuneraciones a los integrantes de la Junta de Gobierno, a los coordinadores de las bancadas, a los integrantes de mesas directivas y diputaciones permanente así como una partida para ayuda social de más de medio millón anual que administra directamente el presidente de la Junta de Gobierno Luis Ernesto Ayala, todas, adicionales a la dieta de cada legislador o legisladora.
LA NÓMINA DE LOS MANDONES. De acuerdo al portal del Congreso local, hay un capítulo denominado “Nómina de la Junta de Gobierno” cuyos recursos se asignan en proporción al número de integrantes de cada bancada. El recurso mensual autorizado por diputado es de 14 mil 166 pesos por lo que el PAN dispone mensualmente de más de 297 mil pesos; Morena de 113 mil 300 pesos; el PRI de 56 mil 600; el Verde de 28 mil 300 y Movimiento Ciudadano de 14 mil 166.
EN SUMA. En total, la nómina de la Junta de Gobierno tiene un costo anual de 6 millones 119 mil pesos. Lo que no se especifica en el reporte es quien recibe y administra ese recurso.
DIRECTOS. La siguiente partida es la remuneración por coordinación de la Junta de Gobierno con un recurso de mil 903 por diputado. De esta forma, el coordinador del PAN Luis Ernesto Ayala recibe anualmente poco menos de 40 mil pesos por este concepto; el de Morena, Ernesto Millán, 15 mil 200; el del PRI, Alejandro Arias, 7 mil 6112; el del Verde Gerardo Fernández, 3 mil 800 y Dessiré Angel, mil 903. En total, anualmente, el Congreso de Guanajuato erogó 822 mil pesos por las remuneraciones a los 5 coordinadores.
EL QUE REPARTE… Hay también una partida única anual de 559 mil 600 pesos, la 4411 que se denomina “Ayudas Sociales y culturales” y que administra directamente la presidencia de la Junta de Gobierno, es decir, el panista Ayala Torres. Pueden llegar desde los panistas hasta un coordinador de otro partido a pedir apoyo para una ayuda social y como buen Rey Mago, Ayala reparte y queda como héroe.
TAMBIÉN ELLOS. En el Congreso local, los integrantes de la Mesa Directiva de cada período ordinario y quienes integran la diputación permanente que se integra en los recesos de un período y otro, también tienen su remuneración adicional. El Congreso destina 41 mil 359 al mes para ese concepto; la cantidad se reparte entre los integrantes de cada instancia por lo que al final del año se erogan 496 mil 300 pesos.
AÚN HAY MÁS. Hay 2 partidas más que se contemplan en estos recursos. Una, el Fondo revolvente por coordinación de la Junta de Gobiertno al que se asigna un recurso de 4 mil 253 por diputado y se entrega en proporción al número de integrantes de las bancadas.
DESGLOSE. El coordinador del PAN o su fracción recibe 89 mil 300 pesos; el de Morena, 34 mil; el del PRI, 17 mil; el del Verde, 8 mil 500 pesos y la de MC, 4 mil 200. En total, por este concepto se erogaron un millón 800 mil pesos.
¿QUÉ ES ESO? Hay una partida más que se denomina, Fondo Revolvente de la Presidencia del Congreso que es de 30 mil 600 y que al final del año asciende a 367 mil 300 pesos del que no se especifica a quién se entrega ni en qué se aplica.
SE LA SABEN. En sentido estricto, hemos conocido por retazos algunos de estos datos, pero al ver los datos tan puntuales, se entienden las ansias y ganas de ser coordinador o coordinadora o ser parte de la directiva y la permanente. Las delicias del presupuesto.
LA DEL ESTRIBO…
Una de las mejores muestras de que Morena Guanajuato alcanzó la edad adulta en el espectro electoral guanajuatense es el conocer la multota de 13 millones de pesos que le impuso la autoridad y que obligará a descontarle casi una cuarta parte de los 43 millones que le aprobaron para este año, de financiamiento público.
Las sanciones económicas impuestas por el Consejo General del INE ascienden a 13 millones 299 mil 621 pesos con 86 centavos. El importe a descontar en cada uno de los meses de enero a diciembre será de 899 mil 264 pesos con 10 centavos, sumando una cantidad de 10 millones 791 mil 169 pesos con 20 centavos.
Los otros 2.5 millones serán descontados quizá después del proceso electoral de 2024.
A 2 años del sueño “guajiro” de Trejo que se hizo realidad
“Sin duda alguna el PRI no pasa por sus mejores momentos pero cada vez la gente vota más por el candidato que por un partido y esa es nuestra apuesta que no es tomada a la ligera sino que está fríamente calculada y con datos que nos hacen llegar a pensar que podemos hacer una campaña muy competitiva”
Hace exactamente 2 años entrevisté al ahora alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo quien aceptaba barajar la posibilidad de lanzarse como candidato priista justo en el peor momento del tricolor para retar a Luis Alberto Villarreal que parecía invencible en la búsqueda de la reelección.
Así lo reconocía el propio empresario quien apelaba entonces al comportamiento histórico de la votación en San Miguel de Allende le anima a pensar que el electorado de este municipio, valora el nombre y perfil del candidato por encima de las marcas partidistas.
Con datos en mano, Trejo Pureco decía que mientras el PAN había mostrado un voto que oscilaba los 24 mil o 25 mil votos en cada elección municipal de 2006 a 2018, el PRI y el PRD (que ibaan coaligados en esta contienda) habían disparado sus votaciones usualmente debajo de los 10 mil votos hasta competirle al PAN con algunos candidatos.
Recordó la elección de 2012 cuando ganó por primera vez la alcaldía al derrotar al panista Ricardo Franyutti tras conseguir 27 mil 500 votos y superar al PAN mientras que el mejor candidato del PRD que fue Manuel Rosas logró en 2003, 18 mil sufragios, cifra histórica para el sol azteca que normalmente alcanzaba 3 mil.
Rechazaba que en esta nueva apuesta por la alcaldía le anime un encono personal frente a los hermanos Ricardo y Luis Alberto Villarreal, exalcalde y primer edil en funciones respectivamente pues no suele moverse en política con pasiones sino con el sustento que le dan los datos duros.
Y los números finalmente se dieron a su favor. Quedó lejos de los 27 mil votos de 2012 pero los 19 mil 891 fueron suficientes para doblegar al panista Villarreal quien alcanzó 17 mil 257 mientras que el morenista Ricardo Ferro consiguió 14 mil 762..
Es decir, una elección de tercios en la que se creía que Morena y PRI se disputarían el mismo mercado. Lo cierto es que uno de los factores que dinamitó la reelección de Villarreal fue la fuga de uno de sus operadores electorales clave con Trejo Pureco.
La apuesta del priista resultó. Que los sanmiguelenses votarán por el candidato y no se fijaran tanto en el partido.
Trejo ganó y ahora, a punto de llegar a la mitad de su trienio, en radiopasillo se le candidatea como prospecto de Morena pero para la gubernatura.
Hace algunas semanas fue a saludar a Marcelo Ebrard que en su papel de corcholata fue a visitar León. La especulación y el futurismo hoy tienen sustento.
SENTENCIA LGBTIQ+: EL JUZGADO NO SE DA POR SATISFECHO
Con la novedad de que, pese a que el Congreso local aprobó hace un par de semanas una partida de 7 millones de pesos para que se destinen a la comunidad LGTBQ+, para la realización de un diagnóstico integral en este 2023, el Juzgado IV de Distrito consideró “insuficientes” estas acciones.
En una notificación fechada el 30 de diciembre y entregada a las partes el 2 de enero, el juez señala que si bien el Congreso local emitió un decreto en el que indicó que la secretaría de Finanzas deberá autorizar las ampliaciones líquidas para que se destinen recursos a programas, procesos o proyectos a la comunidad LGBITQ+, esto no se ha materializado.
“Lo cierto es que dicha norma no se ha materializado en la realidad social puesto que aún no se advierte que se haya asignado la partida económica respectiva ni se ha especificado de manera clara y precisa cuales son los proyectos que se instaurarán para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+”, señala el documento.
El juez Ulises Fuentes Rodríguez requiere al Congreso local para que en un plazo de 3 días hábiles que se estarían cumpliendo este miércoles, “informe cuál es la partida que se asignó para cu,plir con lo indicado en el cuarto transitorio del Presupuesto 2023 y los proyectos que se van a aplicar”.
También, apercibe al Congreso que en caso de no cumplir con el requerimiento sin causa justificada impondrá una multa de 100 UMAS y que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito “para continuar con el trámite de inejecución que puede terminar con la separación del puesto y la consignación.
Lo llamativo es que la agrupación civil Amicus y que es requerida como la parte quejosa asume una actitud ciertamente conciliadora y evita echarle más leña al fuego.
Es cierto que en su escrito de relatoría de hechos atribuye a la tardanza en la respuesta de la autoridad responsable que el presupuesto no se haya aplicado este año, pide considerar los avances.
De esta forma, pidió al Juzgado IV de Distrito evaluar las reuniones, los acuerdos y los compromisos asumidos por el Congreso durante los últimos 2 meses para determinar si quedó cumplida la sentencia que obligó al poder legislativo a dar una partida presupuestal a la comunidad LGBTIQ+.
A través de su representante legal, Ernesto Barajas Páez, Amicus responde a la notificación dirigida al Congreso en la que dice que han sido insuficientes las acciones del Legislativo.
“Es importante mencionar que, desde la visión de las personas quejosas en el presente asunto, el debido cumplimiento de todos los acuerdos mencionados deberían ser supervisados por este Juzgado de Distrito, toda vez que: a) el ejercicio del presupuesto correspondiente a la realización del diagnóstico participativo no puede ser ejecutado durante el año en curso, entre otras, debido a la dilación de los procesos provocadas por la autoridad responsable, tal como obra en el expediente del juicio de amparo en cuestión, y b) la sentencia no podría encontrarse como satisfecha sino hasta la conclusión del ciclo completo de una política pública focalizada”, señala el documento en su parte medular
Barajas Páez hace una detallada relatoría de las reuniones que ha habido con el Congreso local, los acuerdos asumidos y la aprobación de la partida presupuestal por unanimidad y en general reconoce la voluntad de este poder para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
En el mismo, el abogado hace una acotación al margen en la que advierte que, de los siete momentos necesarios para el desarrollo del enfoque de las políticas públicas basado en los derechos humanos, hasta el momento sólo se han cumplido 3 de los 7 momentos.
A ojo de buen cubero, no se advierte una nueva tensión de las cosas en este litigio. El Congreso finalmente quiere cumplir, aunque se tardó y Amicus ya no quiere pleito.
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