MORENA: RADICALES Y MODERADOS

DILEMA. Frente al rechazo de la Junta de Gobierno de su petición para abrir la mesa de trabajo con el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, la fracción de Morena en el Congreso local estudia la posibilidad de no asistir al encuentro con el funcionario estatal este viernes.

ÚLTIMO INTENTO. El coordinador de la bancada, Ernesto Millán Soberanes, planteó en la reunión de coordinadores varias alternativas para que el formato del encuentro no fuese tan cerrado.

OPCIONES. En primera instancia, el coordinador morenista pidió que la reunión fuera abierta a la prensa; en segundo lugar, que fuese para todos los diputados y en tercer lugar que se incluyera al menos a los asesores de grupos parlamentarios. Las tres propuestas fueron rechazadas, según dijo el coordinador del Verde, Gerardo Fernández.

RESISTENCIAS. Y si bien, Millán querría asistir los de Morena desean mostrar una postura uniforme en este tema para no alimentar la imagen tan común de su partido de que no son capaces de unificar criterios y que andan de la greña siempre entre moderados y radicales.

LA COSTUMBRE. Y vale la pena insistir en el punto planteado aquí. Lo peor que puede hacer Morena es plantear posiciones irreductibles cuando se trata de dialogar con funcionarios. Dejar la silla vacía y claudicar de la posibilidad de cuestionar parece un remedio peor que la postura de cerrazón del panismo gobernante.

REIVINDICACIÓN. Para Morena representa dar la razón a quienes les colocan la etiqueta de radicales e intolerantes cuando hay manera de mostrar una cara más madura. Negociar no quiere decir someterse al dominante. El secretario de Seguridad estará más tranquilo si los de Morena no acuden a cuestionarlo y dejan la plaza vacía. No sería la primera ni la última vez.

POLICÍAS MUNICIPALES: EL ENEMIGO ADENTRO

POSTURA. Frente a la información a cuentagotas que se da en aras de respetar el debido proceso o la reserva en los datos de policías que son asesinados para que no sean revictimizados, declaraciones como la de ayer del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dan algunas luces sobre lo que pasa en las policías municipales.

DICHOS. “Revisar siempre estos hechos porque casi siempre cuando hay un crimen contra un elemento policiaco, hay que estar revisando adentro de la corporación, revisando y depurando porque luego quienes ponen a sus propios compañeros son de la corporación y por eso se estará revisando, ya hemos hecho en algunos municipios los operativos Trueno y van a continuar esos operativos Trueno… lo que estoy diciendo es que en casi todos los casos hay esta complicidad”, dijo el jefe del ejecutivo.

ACOTACIÓN. Es decir, Diego Sinhue no dice que la mayoría de los elementos que han sido asesinados hayan caído por sus vínculos con los malosos sino que algunos de sus compañeros que sí tienen esos nexos, “los pusieron” como se dice coloquialmente.

INEVITABLE. Todo, a partir de los elementos celayenses asesinados que confirma la vulnerabilidad de los cuerpos policiacos. Ya no digamos en el tema de falta de armamento como puede ser el caso de los tránsitos. Simplemente porque frente a la traición de alguien que en realidad no es compañero, no hay defensa.

LA DEL ESTRIBO…

A casi un año de la tragedia que cobró la vida de cinco empleados de SAPAL en la planta de tratamiento de este organismo, el procurador estatal de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, resolvió que sí se violaron los derechos laborales de las víctimas y emitió varias recomendaciones que alcanzan a la Contraloría Municipal.

El ombudsperson plantea en su resolución que SAPAL debe cumplir con la reparación del daño lo que significa la indemnización a los deudos de dos de las víctimas y además determina que la Contraloría Municipal violó el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas, una manchita más en el expediente del extitular.

DESAPARICIÓN FORZADA: CAMBIOS, A PESAR DE LA FISCALÍA

L as leyes y las acciones que se hacen en Guanajuato en el tema de desaparición forzada se han dado a pesar de la resistencia del fiscal, Carlos Zamarripa.

Los hechos así lo demuestran. Hace exactamente dos años, la Fiscalía daba el esquinazo a la realización de una tercera mesa de trabajo para revisar la Ley de Desaparición Forzada en Guanajuato, marcada para recibir a personal de la Fiscalía que ofrecería datos sobre desaparecidos y acciones en la materia en el estado que al final no se concretó.

La Fiscalía General se disculpaba con los integrantes de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales “porque los responsables de la información tenían audiencias”.

Era la tercera mesa y en ninguna de ellas había aparecido la fiscal especializada en Desapariciones, Yolanda Ramírez Domínguez.

Diputados panistas y el propio gobierno han dicho que el hecho de que no se hubiese tropicalizado en Guanajuato la Ley de Desaparición Forzada y que el estado sea uno de los pocos que no tienen esa legislación no significa que no se haga nada en la materia. Aún más, arguyen que la ley en Guanajuato y lo que se ha hecho tiene más avances que en otras entidades.

Y eso era más falso que una moneda de 3 pesos. Las leyes en Guanajuato en materia de desaparición forzada no avanzaron en Guanajuato porque no hubo voluntad política del exgobernador, Miguel Márquez.

Hace un año, ya con leyes aprobadas, presupuesto y Comisión Estatal de Búsqueda, el fiscal se atrincheraba en el argumento del debido proceso para regatear información a la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, que alegaba que la Fiscalía debió informar sobre una presunta fosa en Cortazar y reclamaba que disponiendo de ellos, Zamarripa no mandara a sus mejores especialistas para el procesamiento de restos.

Las cifras son contundentes. El fiscal puede rebatir en el combate al crimen organizado la reducción de homicidios dolosos, detenciones y algunos logros en lo que vs del 2021.

Pero muy poco o nada respecto a las omisiones en el drama de los desaparecidos.

ESCOLTAS PARA EXALCALDES, EL OTRO COSTO DE LA INSEGURIDAD

Hace seis años, la exalcaldesa de León, Bárbara Botello tuvo que renunciar a los escoltas que la acompañaban y a los que tenía derecho porque el municipio, gobernado por Héctor López Santillana, no estaba dispuesto a pagar sus viáticos según se dijo en aquel momento.

Hace un par de días, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza declaraba que solicitaría a su antecesora Elvira Paniagua devuelva los escoltas que tiene, en vista de que ya tiene un cargo como subsecretaria de Gobierno.

En León, mientras tanto, Alejandra Gutiérrez decía que no contemplaba hacer lo propio con López Santillana, flamante director de Guanajuato Puerto Interior porque sería como solicitarle renunciar a un derecho que tiene como exgobernante: un año de escoltas con vehículo.

El problema de la inseguridad tiene otros rebotes que tampoco son muy gratos para el ciudadano común: destinar elementos, vehículos y armas para la protección de exgobernantes que por la naturaleza de su encargo, enfrentan un riesgo.

Paniagua y López Santillana gobernaron Celaya y León, dos de los municipios del corredor industrial, más golpeados por la inseguridad. Tienen derecho a los escoltas y podrán disponer de ellos un año. Botello no podía disponer de ellos porque su lugar de trabajo era la Cámara de Diputados.

No hay forma de obligar a ningún exalcalde a que renuncie a ese derecho aunque en el caso de López Santillana, existía la duda fundada de que uno de los elementos que lo resguardaba es policía estatal y por ley, los escoltas deben pertenecer a la corporación del municipio que gobernó.

Hace seis años, un informe de la comisión de Gobierno del cabildo encabezado por López Santillana, decía que la protección a exfuncionarios tenía un costo para el erario público de 170 mil pesos mensuales en salarios para policías que protegen a quienes gobernaron el trienio anterior.

Botello tenía asignados tres elementos sin vehículo. Los tres regresarían a la corporación y ella ya no tendría esa prerrogativa.

Porque en su papel de legisladora, contar con elementos en la capital del país representaba el pago de hospedaje y viáticos para los elementos que desde luego tendrían que ser cargados al erario leonés.

Y mientras Botello tuvo que tirar la toalla, el exalcalde interino de León, Octavio Villasana; el exsecretario de Seguridad, Javier Aguilera Candelas; y el exdirector de Polícía, Iván de Jesús Amaro, hacían uso de ese derecho.

A Villasana le asignaron seis elementos al igual que a Amaro; mientras tanto, Aguilera contaba con cinco. Los tres exfuncionarios tenían además una camioneta disponible cada uno para su servicio.

Hoy, con un problema más serio de seguridad, la restricciones se han incrementado.