Morena: una tómbola cargada
1.- Morena: una tómbola cargada

Sólo en Morena un método que implica el uso del azar, podría ser utilizado para legitimar un proceso interno que pretende incluir a toda su militancia, pero al mismo tiempo premiar a los cercanos e incondicionales.
Ayer el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo encabezó la acostumbrada tómbola para definir las listas de candidaturas plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El alambicado proceso implicó la elección de cuatro listas por circunscripción, pues además de la designación de mujeres y hombres, se abrieron categorías para consejeros y militantes.
Así pues, parecería que las intenciones de inclusión electoral, más allá de las cúpulas, es una práctica consolidada, sin embargo, la definición final del orden de cada elegido en tómbola sigue siendo una atribución completamente asignada a la Comisión Nacional de Elecciones que deberá de intercalar la paridad y la participación.
Así pues, los beneficiados no podrían arrojar más suspicacias. Resulta que Adriana Gómez, secretaria de las mujeres del CEN de Morena; Santiago Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y Rafael Barajas ‘El Fisgón’, fiel fundador de Morena y monero de La Jornada, estarían llegando al senado.
En cuanto a diputaciones federales pluri, novedades como José Ramiro “Pepín” López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, el dirigente de Morena en CDMX, Sebastián Ramírez, son algunos de los más connotados y afortunados ganadores.
En lo que toca a los guanajuatenses resultaron Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, quien ya es la candidata a la alcaldía de Villagrán y es esposa de Emmanuel Reyes Carmona quien es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones; la dirigenta estatal de Morena Adriana Guzmán Cerna y Ana Lilia Ramírez Granados, ambas integrantes de la estructura de Servidores de la Nación.
Los tres varones fueron Ernesto Prieto Gallardo, quien ya había sido designado candidato por mayoría en el distrito 08, así que si no es una es otra; el segundo insaculado fue el líder del Sindicato del IMSS en León Luis Alberto Martínez Lares, quien ha sido un aliado valioso, y Victor Hugo Larios Ulloa, otro integrante de la estructura de Servidores de la Nación.
Al margen del orden de las listas plurinominales, cuya definición al final es completamente política y discrecional, quedan en el aire estas costumbres partidarias en las que pareciera que lo incierto, es lo verdaderamente legítimo para el morenismo.
2.- UG: obstáculos “por seguridad”

La respuesta de la Universidad de Guanajuato (UG) al rechazo de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa contra sus medidas de control de acceso a sus instalaciones públicas, dejó en claro que las motivaciones obedecen a una molestia coyuntural que sólo es atribuible a la intervención de los funcionarios que heredó el rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino.
En su postura, se aduce que el ejercicio de la libertad de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales como son las de asegurar el respeto a la vida privada y los derechos de terceros, así como la protección al orden público”. Un planteamiento interesante pero que resulta ser un “hombre de paja”. ¿En qué momento se han puesto en riesgo?
Fijado el punto anterior, la UG que encabeza Claudia Susana Gómez López se asume como “garante del ejercicio de otros derechos fundamentales como son los derechos humanos universitarios, los relacionados con la seguridad y protección civil en las instalaciones de las y los estudiantes”. Excelente, pero aplica la misma pregunta planteada líneas arriba.
Esas son las razones fundamentales que motivaron a solicitar un oficio para iniciar una lista de control que acredite con anterioridad a los periodistas para entrar a sus instalaciones. Sí, lo recalcan, “proporcionando datos personales que les permitieran su identificación”.
La realidad es que el último capítulo donde funcionarios universitarios aún vigentes en la administración actual, como Cecilia Ramos Estrada y Salvador Hernández Castro, fueron exhibidos en su falta de pericia, fue durante las últimas protestas estudiantiles derivadas del desaseado proceso de sucesión en la rectoría general.
De ahí pues, la sospecha de la autoría de estas insultantes medidas que colocan a los periodistas en calidad de posibles agresores y que de paso exhiben el total desconocimiento de la línea entre lo público y lo privado.
3.- Ale Gutiérrez prioriza campaña por la seguridad

Aunque se sabe con ventaja momentánea en las encuestas, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, sabe perfectamente que uno de los grandes flagelos de su administración es la seguridad pública. Por ello, a partir de la salida de Mario Bravo Arrona emprendió toda una campaña para defender lo que considera avances en la materia.
Primero habría que entender que los únicos cambios definitivos fueron los aplicados en los mandos, pues la edil leonesa decidió ratificar la apuesta por el modelo y la estrategia que mejor se acomoda a las directrices de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini.
Tal apuesta también ha definido el discurso de Gutiérrez Campos en sus giras de prevención del delito en colonias populares. Decidida está en defender las reducciones en los índices de los delitos patrimoniales conseguidas durante la gestión de Bravo Arrona con Jorge Guillén Rico como subsecretario de seguridad pública y ahora como el titular.
Aunque ha causado cierto revuelo la exposición de la alcaldesa cuando argumentó que la violencia en León se debe, en parte, a que tiene estados vecinos problemáticos que están “de la ching…”, lo verdaderamente relevante es el empeño por reivindicar a su gobierno frente al problema, al tiempo de vender lo que será el seguimiento de aquí en adelante.
En estas reuniones, Guillén Rico ha tenido que presentarse ante los ciudadanos como secretario de seguridad pública, de forma abierta y con actitud de servicio. Sin duda un terreno inexplorado para él, pero obligado por el apremio de una alcaldesa que está tratando de allanar el camino rumbo a la campaña por su reelección.
CONTRA RETRATO

Enrique García Jaramillo
Tiene el contacto directo del Centro Nacional de Inteligencia -antes Cisen- al alcance de una llamada, se reúne cada mes en la mesa de coordinación de seguridad, su apoyo es requerido con insistencia dadas las circunstancias de violencia que presenta Guanajuato, principalmente en la región Laja Bajío. Aún así, la información fluye a cuenta gotas.
El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, comandante de la 16a zona Militar, confirmó que un grupo del crimen organizado en Guanajuato contrató exmilitares y expolicías colombianos para cometer ataques contra policías de Celaya.
Se trata de una línea de investigación no desconocida por ninguno de los tres niveles de gobierno, pues desde 2020 funcionarios como el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ya ventilaban la existencia grupos a sueldo que operaban en Guanajuato. Aun así, sin detenidos o consignados, estos siguieron operando en total impunidad.
“Es correcto eso, es correcto. Es un tema que tiene Migración y yo ahí sí me reservo porque no estoy muy bien enterado de cómo esté”, fue la apretada confirmación de García Jaramillo ante la insistencia de los periodistas que, además de ser escasa reveló un nuevo ingrediente: la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por las palabras del jefe militar, se podría pensar que ya hay una investigación en pleno para desentrañar la naturaleza de los ataques contra la policía y los actos de terror en general que ahora se le endilgan a un grupo externo. Sin embargo, se trata de una vaga confirmación que no hace más que enrarecer un clima de violencia de por sí turbulento.