Notarios: mucho más que pecados aislados

1.- Notarios: mucho más que pecados aislados

La crisis del sistema notarial de Guanajuato es de palabras mayores. Si bien esto se evidencia con la grosera cantidad de 50 fedatarios públicos investigados por irregularidades menores y graves –equivalente a más del 25 por ciento del total que se encuentra en funciones-, también lo son las redes de complicidad.

Redes de complicidad entre notarios y abogados, como lo evidencia la historia que hoy difunde Correo, demuestran la profundidad que tiene el deterioro histórico de las notarías públicas en Guanajuato, con andamiajes complejos para cometer delitos patrimoniales en operaciones amparadas con la fe pública que poseen.

No se puede minimizar el hecho de que no una, sino varias notarías estén coaligadas en León, con una red de abogados para signar contratos que han resultado en una estafa que ya suma 30 víctimas. Si están organizados y hay un crimen, entonces hablamos de crimen organizado.

Sin duda alguna era necesario que la Secretaría de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, abriera la agenda sobre el notariado. Las reformas, las sanciones y las nuevas convocatorias, han comenzado un proceso de incorporación de nuevos profesionales en el sistema notarial, sin embargo, aún no se garantiza su renovación.

Es entonces cuando el papel de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre se vuelve necesario. ¿Cuántas denuncias o demandas han impactado en el gremio notarial? ¿Qué tan complejas son las operaciones que realizan estas redes criminales?

Mucha información que en el pasado debió investigarse, se encuentra al interior de la FGE. Una buena pregunta es si a estas alturas de la consigna por modernizar al notariado, el fiscal ya ha aportado la información de valor para diagnosticar el problema.

En el estado actual de las cosas, las posibles irregularidades deben denunciarse en una doble ventanilla; una ante el Ministerio Público y otra ante la dirección de notarías. Un proceso que bien cabría preguntarse si se puede simplificar con mínimo de voluntad para coordinarse en esta agenda necesaria.

Por otro lado, hasta el 27 de febrero del 2023 se había sancionado a 13 notarios, pero sólo en cuatro quedaron firmes pues en cinco casos los notarios recuperaron sus permisos en tribunales.

Sin duda el tema del notariado en Guanajuato llegó para quedarse. Es una crisis cuya solución requiere largo aliento y no simples esfuerzos coyunturales. Así lo requiere Guanajuato.

2.- El operativo Trueno en Moroleón

La intervención de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) a cargo del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en Moroleón está lejos de tomarse como una actividad de rutina. El llamado operativo “Trueno” fue aplicado por motivaciones concretas y específicas.

No se puede entender de otra manera cuando en experiencias anteriores corporaciones municipales como la Juventino Rosas y Manuel Doblado, fueron disueltas por los visos de colusión y crisis que imperaba en ellas a la entrada de las administraciones actuales; sus alcaldes prácticamente lo solicitaron.

En el caso de Moroleón fue diferente. La cordial relación del gobierno de Alma Denisse Sánchez Barragán con el del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se rompió de tajo, con la irrupción de la FSPE en la toma de instalaciones de la dirección de seguridad pública municipal.

Según argumentaron en el boletín de la SSPEG enviado ex profeso, este operativo derivó que las mesas en materia de seguridad. La finalidad era, dijeron, revisar al personal, las instalaciones, armamento, equipo táctico policial y vehículos oficiales. Sin embargo, este no sería un movimiento de rutina sin los hechos ocurridos cuatro días antes.

El jueves 16 de marzo, las FSPE detuvieron a tres policías activos con ropa de civil en posesión de varias armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico. Tripulaban una camioneta rotulada como patrulla de este municipio y no acreditaron la legal portación de las armas. Durante el fin de semana la alcaldesa de Moroleón celebró su liberación.

Al final, lo que dejó el operativo Trueno fue a una alcaldesa denunciando la intervención como un abuso y la falta de comunicación como un ilícito, mientras la SSPEG sostuvo que encontraron droga, cartuchos y dos réplicas de arma de fuego en posesión de un juez calificador, el cual fue detenido.

Tras el episodio de tensión que reflejaron las transmisiones de Alma Sánchez Barragán, la SSPEG hasta terminó llamándola a que “en los subsecuentes Operativos Trueno”, colabore y facilite la labor de los cuerpos de seguridad. Faltaba más.

3.- Las bardas de Claudia

La evidente invasión de bardas y anuncios con el nombre y figura de la jefa de gobierno y aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, es una estrategia que no sólo busca un posicionamiento subrepticio de su nombre, también refleja como en Morena hasta sus apoyos se encuentran divididos.

Cada grupo interno de Morena en Guanajuato cubre sus regiones de influencia con su propio estilo, tamaño, forma y calidad de la propaganda. No importa como, lo importante es cubrir la cuota solicitada de pintas para cumplir con una de las principales “corcholatas” que pretenden suceder a Andrés Manuel López Obrador.

La estructura de Ricardo Sheffield Padilla moviliza a sus redes para ocupar cualquier pared vacía para colocar el ya invasivo #EsClaudia. Las de Ernesto Prieto Ortega incluyen sus iniciales como una firma al pie. El Partido Verde las diseña y pinta con sus colores, al fin que ya está hecha la alianza para la presidencial.

Hasta parece chiste que todo ese despliegue no sea reconocido por Morena, ni se encuentren transparentadas en la Plataforma Nacional. Pero es hasta cierto punto lógico, pues no se trata de bardas pintadas con prerrogativas oficiales –sólo eso faltaba- se trata de un despliegue realizado con el ímpetu de la cargada oficial.

Esto ya tiene desde el mes de junio del año pasado e incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó en diciembre de 2022 que la política solicitara a sus simpatizantes no caer en una 'campaña anticipada' que, por ahora, ya ha motivado diez denuncias del PAN.

No obstante, sin sufrir ni abochornarse, la promoción de “Claudia” ya convive desde hace meses entre el ruido visual de las ciudades de Guanajuato, en una muestra de que los esfuerzos que los grupos internos de Morena, cobrarán con creces.

CONTRA RETRATO

Jorge Enrique Hernández Meza

Justo acaba de cumplir dos años al frente de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la violencia en el ambiente escolar no ha dejado de ser un tema permanente. Su respuesta ha sido la rápida reacción, pero se trata de un problema tan complejo que le ha requerido mucho más que horas de trabajo burocrático.

Jorge Enrique Hernández Meza compareció ayer ante el Congreso del Estado y el tema fue ineludible, por lo que las cifras son elocuentes, pues en el último año al menos 41 docentes y personal de la SEG, fueron despedidos al encontrarles responsabilidades en casos de violencia escolar.

De esos 41 despidos, en 29 casos se trató de violencia sexual, lo que ha sido suficiente para afinar al extremo los protocolos escolares, haciéndolos exigibles para toda la estructura educativa, que va desde la profesora y profesor de grupo, pasando por directores y supervisores.

Es entonces cuando el también exdirector de Educafin y del Instituto Estatal de la Juventud se ha topado con la verdadera dimensión del problema. Las vulnerabilidades y piezas faltantes para el correcto procesamiento interno de las denuncias, se encuentran también dentro de la SEG.

Por supuesto, no es en la cantidad de sancionados o denunciados donde se encuentra el nivel de la responsabilidad, sino en la capacidad para que no queden impunes. Es ahí donde el titular de la SEG se ha dispuesto a prevenir los casos, en una odisea que requiere de todo el respaldo institucional.