Nuevos consejeros del INE, en duda
Desde que se estableció un procedimiento de selección previo, antes de buscar los acuerdos y consensos entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, con la evolución de la figura de Consejeros Magistrados propuestos por el Presidente de la República, pasando por la de Consejeros Ciudadanos propuestos por los propios grupos parlamentarios hasta la actual de Consejeros Electorales, a través de una convocatoria pública con la intervención de un Comité Técnico de Evaluación (CTE), mismo que realiza un proceso de exámenes, revisión documental y entrevistas, antes de formular propuestas de cinco candidatos para cada cargo, no había ocurrido un procedimiento tan accidentado como el presente.
El artículo 41 constitucional prevé el CTE, integrado por: dos que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dos que decide el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y tres a propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados. De los siete de la actual integración, cinco (los propuestos por la CNDH y la JUCOPO) han sido ubicados como simpatizantes de Morena o dentro de la órbita del gobierno federal, por lo que desde ahí empezaron los cuestionamientos.
Después de la reforma de 2007 que ordeno la reconformación del Consejo General del INE, no se logró el consenso necesario para la designación de los Consejeros Electorales, por lo que se decidió incluir la posibilidad ultima de un sorteo, para que no impedir los nombramientos y la eventual paralización del órgano electoral.
Además de la resolución en diciembre de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que obligo a la Cámara de Diputados a emitir una nueva convocatoria, y luego otra en febrero para que la quinteta para la presidencia del INE se integre exclusivamente por mujeres, misma que la JUCOPO no acepta, aduciendo que el procedimiento esta iniciado y afectaría derechos de participantes, la integración del CTE y su actuación en el examen de conocimientos, practicado el pasado 7 de marzo a más de 500 sustentantes, ha sido de lo más criticado y puesto en duda. Incluso por el propio consejero Uuc-Kib Espadas al felicitar a los candidatos que pasaron el examen, sin hacer “fraude”.
En sesión pública del CTE, Ernesto Insunza dio a conocer la metodología para la elaboración de las preguntas y su aplicación, sin embargo, se mantuvieron las dudas y genero otros cuestionamientos. Dijo que se incluyeron aportes de especialistas, sin mencionar quienes fueron y cuales los aportes, y los correspondientes de los integrantes del CTE. Que las preguntas se formularon en 4 grupos de trabajo, correspondientes a las 4 materias del examen, sin precisar los nombres de quienes integraron cada grupo. Dijo que dos de los integrantes del CTE fueron responsables de editar el examen, mismos que determinaron reducir de 100 reactivos revisados a 80, sin decir quienes fueron esos dos responsables, que tuvieron el examen completo desde el día previo a la aplicación, además del personal técnico de apoyo.
Conforme a los resultados del examen, en materia de derecho constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos, aspirantes vinculados al gobierno y a Morena obtuvieron los puntajes más altos, por encima de académicos, consejeros y exconsejeros electorales de los estados, magistrados y exmagistrados y abogados y profesionales especializados, algunos de ellos dedicados a la materia electoral la mayor parte, si no es que toda, de su vida profesional.
Sin menoscabo del derecho de cualquier persona de participar, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes, se produjo todo género de dudas de que aspirantes sin experiencia, trayectoria, académica o profesional, que no han realizado aportaciones en materia democrática y electoral, resulten con las mejores calificaciones, en un examen por demás complejo, a decir de algunos sustentantes.
Continúan en el proceso 203 participantes, 101 mujeres y 102 hombres, cuyos expedientes serán revisados por el CTE, donde se ponderará el currículo con su documentación soporte, la exposición de motivos y el ensayo solicitado. Dice la convocatoria que en la valoración documental se considerara la autonomía e independencia, trayectoria profesional, logros, participación y principios democráticos, como de género y de inclusión, vocación para el servicio, claridad y calidad de expresión escrita, capacidad de argumentación, de detección de problemas y soluciones del sistema electoral, virtudes, valores y ética profesional. Muchos de estos aspectos tienen alta carga subjetiva, que podrán advertir hasta la entrevista, a la que solo accederán 100 participantes, 50 mujeres y 50 hombres, a partir del próximo 17 de marzo. Veremos si en estas etapas también nos ofrecen sorpresas.
Toda la oposición se abstuvo en la votación de los 3 integrantes aprobados por la JUCOPO, justificando que era para dejar abierta la posibilidad de la negociación y los acuerdos en las designaciones. Sin embargo, y en virtud de lo acontecido hasta ahora, ya están revisando las alternativas jurídicas para impugnar lo que siga haciendo el CTE y el eventual escenario de que presenten quintetas integradas exclusivamente por filo-partidistas al régimen; y ante la anunciada renuncia a buscar consensos, que es la vía que privilegio la Constitución, se recurra a la alternativa final del sorteo entre las 4 quintetas finales.
En todos los procesos de designación, desde que existen estas figuras, se realizaron por consenso, salvo en la de 2004, donde se excluyó al PRD, y esa fue una de las causas del cuestionado proceso electoral de 2006, que sigue vigente para algunos actores políticos. Esperemos que el presente no sea un prolegómeno, junto con otros, de un conflicto similar o peor en 2024.
