Pacto social por la educación, reto de todos
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato de la UNESCO, sobre la difusión y adopción de los preceptos educativos contenidos en el Informe “Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación”, como resultado del trabajo de la Comisión Sahle-Work, el miércoles pasado Diego Sinhue presentó con bombo y platillo el Pacto social por la educación.
Con este acto, se aprovechó el escenario para montar al estado en la vía de recuperar los niveles educativos afectados por la pandemia y de atraer el respaldo de organismos como la UNESCO y el Banco Mundial. Ciertamente que la denominación nos hace recordar la era priista de Carlos Salinas de Gortari, a quien tanto le maravillaban los pactos para impulsar la participación social, pero es válido retomarlo.
Así con la burocracia del estado, representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, diputados federales, senadores, alcaldes, docentes, organismos educativos, empresarios, asociaciones civiles, representantes de la UNESCO y del Banco Mundial, fue expuesto el pacto bajo el mismo esquema de pasarela, teleprompter, testimonios y micrófonos de diadema. El evento en sí resaltó por sus alcances y nobleza de la tarea, pues el objetivo discursivo es reactivar plenamente la educación y recuperar a la población que desertó o abandonó la escuela.
De esta forma y ciñéndose a la dinámica de la ONU, por medio de su instancia educativa, el estado de Guanajuato hace suyos los alcances del Contrato social internacional, como en otros tiempos se hiciera con el informe de la Comisión Faure “Aprender a ser: la educación del futuro” en 1972 y la Comisión Delors con su informe “La educación encierra un tesoro” en 1996, pretendiendo garantizar una educación de calidad y reforzarla como bien público. Ahora el reto parece titánico y más demandante, pues la circunstancia está aderezada por las secuelas de la pandemia y un confinamiento de casi año y medio.
El Informe Sahle-Work plantea como base de análisis profundas reflexiones sobre ¿Qué deberíamos seguir haciendo?¿Qué deberíamos dejar de hacer? Y cierra con la cuestionante disruptiva ¿Qué debería de reinventarse de forma creativa? Por ello, el Pacto social del estado debería enfocarse sobre un punto de análisis que permita conocer el estatus del sistema educativo y con base en las condiciones dominantes determinar el ¿Qué hacer para que la educación retome su dinámica?
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El Pacto social por la educación se sustenta en una necesidad urgente y preocupante, así como la voluntad, entusiasmo y responsabilidad del Secretario de Educación que se ha enfocado en ello. Sin embargo revisando en detalle el documento ejecutivo que lo define y que está expuesto en la página de la SEG, pareciera que los operarios de Jorge Enrique trabajaran en contrario sensu, pues lo elaboraron sin metodología ni lógica estructural, ya que carece de un estudio diagnóstico que le dé sustento, con apartados confusos en la denominación de lo que debieran ser las líneas de acción pero que las presenta como componentes y en otra parte como objetivos, cargado de juicios ajenos a causas científicas o técnicas.
A reserva que el documento en extenso contenga una secuencia más consistente, el pacto que se ha firmado parece un mar de incertidumbres que no define qué se quiere, cómo se quiere lograr, ni cuándo se quiere alcanzar. Es tal el descuido del documento que carece de una estructura con metas, objetivos, actividades y estrategias claramente definidas, sin medición específica, sin alcances temporales y sin atención a la preceptiva del diseño de proyectos o documentos de esta naturaleza.
Ahora que el gobernador impulsa a la SEG, que las instancias educativas y de financiamiento internacional tienen los ojos en el estado y que se cuenta con un secretario de educación bien intencionado, se debería aprovechar para promover proyectos mejor estructurados, que brinden a la educación niveles de excelencia.
La oportunidad de conquistar el futuro requiere de equipos bien sincronizados.