Por el estado de derecho y la libertad de expresión
Por el estado de derecho y la libertad de expresión
Sólo con una acción desproporcionada, se podría transmutar la aparente solicitud de un derecho de réplica en un acto ilícito y peor aún, usando el nombre de una institución pública de educación superior.
El allanamiento del 8 de junio en el que habría incurrido el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino y al menos una veintena de funcionarios plenamente identificados a las instalaciones del Periódico Correo, fue un acto que salió de todo cauce legal y como tal requiere ser denunciado.
El rechazo y la condena fueron generalizados por los excesos cometidos por la cabeza de la máxima casa de estudios, amparada en una réplica cuya publicación no requiere una acción como esta, que sólo exhibió su exasperada situación. Peor aún, cuando en la realidad no se ha desmentido una sola nota periodística.
Incluso, de los pasillos de la UG ha trascendido una suerte de cacería, que busca reprender a todo aquel funcionario que se atreva a disentir ante las directrices de la rectoría general. 'Pecado grave' que ya ha motivado injusticias en el pasado y que parecen ser su marca.
El allanamiento fue además inoportuno. Atravesó el proceso de sucesión de la rectoría general, que además es presidido por el propio Guerrero Agripino. Es por ello que, como nunca, las estructuras de gobierno en la UG ya son tema de debate público en el Congreso del Estado.
La UG, tema del legislativo
En diferentes momentos y modalidades, diputados de cuatro diferentes fuerzas políticas han expresado su rechazo al allanamiento a las instalaciones de un medio de comunicación, pero más aún, el extrañamiento en la limpieza de los procedimientos internos en la UG.
Primero entró la posibilidad de una reforma planteada por el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, para democratizar la elección en la rectoría que fue rechazada antes de que pudiera ser discutida. Después llegó una propuesta de exhorto realizada por Cuauhtémoc Becerra González, para que el proceso de sucesión actual sea limpio.
Esta última propuesta derivó en una solicitud de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, para que informara de qué forma se estaba garantizando la transparencia en el proceso. La contestación evidenció su incomodidad, pues terminaron escudándose en la autonomía universitaria.
Al final, fue aprobado el exhorto dirigido al Consejo General Universitario, así como a la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato para que en el proceso de designación del nuevo rector o rectora se garanticen la transparencia, la perspectiva de género y se escuche a la comunidad universitaria.
En lo posterior, el tema de la violencia de género al interior de la UG y la ineficiencia para atenderla y erradicarla, también mereció un pronunciamiento en tribuna por parte de Becerra González, quien propuso un exhorto para insistir en el mejoramiento de programas, políticas y medidas para subsanar.
Sobre el allanamiento encabezado por el rector, el primero en pronunciarse en entrevista fue el diputado del PAN, Miguel Salim Alle, quien expresó su rechazo y extrañamiento sobre la actitud desesperada del rector general ante las críticas públicas.
Ayer fue el diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández González, quien recorrió el catálogo de situaciones álgidas en la UG. Para el legislador, la vergüenza debe ser el motor para que Guerrero Agripino se abstenga de participar en el proceso de sucesión de la rectoría. El no tener el control, dijo, explica su actitud errática.
La caída en rankings, denuncias de acosos y violencia de género, un histórico paro estudiantil… fue la exhibición en tribuna de la debacle.
La demanda
Un allanamiento que además fue exhibido en las redes sociales oficiales de la UG –con una capacidad de cobertura no antes vista en la Dirección de Comunicación y Enlace- no puede quedar impune. Más allá de la solicitud de réplica, la irrupción hasta las oficinas y área de talleres, fue un acto ilegal.
El momento quedó captado en las transmisiones en vivo que realizaron las personas de las que se hizo acompañar el rector general. Con acceso a las cuentas oficiales, sus imágenes son precisamente la batería más importante de evidencias sobre la irrupción presuntamente ordenada por el rector al vocero institucional Rodrigo Nájera Trujillo.
Las imágenes fueron documentadas por diferentes medios y Correo las expuso con una descripción detallada de los hechos. El tema es ahora la demanda que en plenitud de derechos esta empresa periodística ha presentado de forma puntual, alimentada de pruebas y fundamentos legales.
La vía elegida fue la Acción Penal Particular que consiste básicamente en ir directamente al Juzgado a hacer el reclamo sin necesidad de pasar por el Ministerio Público, como titular del derecho vulnerado. Esta es aplicable siempre en delitos cuya pena máxima no supere los tres años de cárcel.
Se trata de un recurso que permite a Correo defenderse por la vía judicial de un acto que, si bien no provocó perjuicios económicos, si debe entenderse en su relevancia y trascendencia, pues se trata de funcionarios públicos cometiendo un acto indebido que, en todo caso, disfraza un intento de represalia contra la libertad de expresión.
No es ni por asomo, un tema entre particulares sin impacto público como lo quiso hacer ver el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dejó el tema a juicio de “los miembros de la colmena y los lectores del periódico Correo”.
Por ahora, el proceso está iniciado e implicaría presuntas responsabilidades para el rector general y 19 personas más, principalmente funcionarios de la máxima casa de estudios.
No queda más que poner en manos del Poder Judicial de Guanajuato, la resolución de este caso y que sea este el que dirima si hay o no responsabilidades y, en su caso, las sanciones que correspondan.
En lo que corresponde a nuestra labor informativa, sirva este espacio para agradecer la solidaridad de nuestros lectores, organizaciones civiles, miembros del sector empresarial y político. Es por todos ellos que habremos de seguir con nuestra labor, siempre apegada a la verdad.
CONTRA RETRATO
Justino Arriaga Rojas
Consciente del dominio de una estructura armada desde hace décadas, que en otros momentos le sirvieron para asegurarse un lugar en los puestos de elección popular, decidió renunciar al PAN para abrirse espacio, con esa misma estructura, ahora como un activo más en Morena.
Así que no lo dude usted. El exalcalde de Salamanca y ahora diputado federal de Morena, Justino Arriaga Rojas, está detrás de la renuncia del “Grupo de los 30” al blanquiazul.
Es un acto más que drástico para el PAN. Desde que el propio Arriaga abandonó el partido, el dirigente estatal Eduardo López Mares, se mostró consciente de que ese acto implicaría la salida de más militantes haciéndolo ver como un riesgo menor; la verdad es que representan una estructura que ahora deberán de rearmar.
Ahora, Víctor Hugo Castro Morales, quien hizo las veces de vocero de 'El Grupo de los 30', admitió sin cortapisas que luego de pertenecer a Acción Nacional por más de 25 años, estos se enlistarán en Morena donde ahora deberán representar una sumatoria sólo posible si se extienden a más municipios.
Castro no tuvo empachos para echar en cara las figuras políticas que ayudaron a encumbrar. Gracias a ellos, sostuvo, el PAN ganó la alcaldía con Ignacio Luna Becerra y Genaro Carreño Muro, además de Justino Arriaga que evitó mencionar. En gobernadores, se acreditaron la ayuda a Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.
Así que ahora el PAN de Salamanca se halla ante la necesidad imperante de rehacer su fuerza política, reto mayor si pretenden resultados inmediatos. En tanto, Morena se ensancha con tránsfugas que le aporten mayor capacidad de movilización y operación que, al menos en este caso, lograron con creces.
