Seguridad y violencia: puntos de quiebre

1.- Seguridad y violencia: puntos de quiebre

Más allá del carácter político electoral en el subtexto de la realización del llamado Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, prevalece un momento de quiebre en las políticas de seguridad empleadas hasta este momento en el México y específicamente en Guanajuato.

Los expertos, analistas, activistas y de más nombres que se congregaron en este evento, tienen el común denominador de colaborar en una la campaña estatal de la coalición entre PAN, PRI y PRD, sin embargo, también en la críticas pasadas y presentes al trabajo realizado dentro del gobierno estatal y, por supuesto, las omisiones cometidas por el gobierno federal.

Si bien se trató de una narrativa que concentra las responsabilidades de la actual crisis de violencia e inseguridad en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de manera ineludible hubo lecturas sobre la ineficiencia del ámbito estatal, de los gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Oliva Ramírez y Miguel Márquez Márquez hasta el actual de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por ejemplo, el analista especializado en seguridad pública y crítico declarado de López Obrador, Héctor de Mauleón, advirtió un abandono del gobierno federal en Guanajuato que, según dijo, derivó en un periodo de agotamiento y desgaste tanto del secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y del fiscal general, Carlos Zamarripa, cuando estos cumplen 15 y 12 años en sus cargos.

En una postura más central se posicionó el afamado exsecretario de seguridad pública de Tijuana, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien consideró que entre 2012 y 2018 el estado careció de verdaderas estrategias y una prospectiva para lo que se avecinaba. Esto se complicó aún más con la torpeza del actual gobierno federal.

Quien dio cuenta de otro frente abierto en la cancha de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue la activista y representante de la organización civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, quien cuestionó que Guanajuato es una de las entidades que más recurso le inyecta al sistema penitenciario, sin embargo, este se encuentra en una verdadera crisis.

A López Obrador le tomó menos de un año romper el modelo policial federal. Hizo un quiebre del modelo adoptado por 18 años desde el sexenio de Vicente Fox Quesada y apostó por entrar en el entuerto de lanzar una Guardia Nacional militarizada, cuyos resultados son tan cuestionables y cuestionados que incluso la candidata oficial, Claudia Sheinbaum Pardo, explora otras opciones.

En Guanajuato, gane quien gane, es inminente que se vivirá un momento de quiebre en el modelo de seguridad empleado prácticamente desde 2009. El camino a seguir es el que está en vilo.

2.- UG: comienza la olla de presión

La superficial postura que la rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López, emitió la noche del lunes 11 de marzo no hizo más que avivar la indignación estudiantil. Ofrecer un diálogo a cambio de respeto, no parece la mejor actitud cuando del diálogo ella misma optó por denunciar daños que increíblemente apenas rebasarían los 200 mil pesos.

Sea como sea, la persecución que la Fiscalía de Alto Impacto comenzó a solicitud de la UG contra los siete estudiantes que lideraron las protestas de septiembre del año pasado, poco a poco van permeando en la opinión pública como un completo despropósito.

Ayer, la oficina en México de la organización Amnistía Internacional dio cuenta del caso y advirtió que los estudiantes de la UG ejercieron su derecho a la protesta y la asociación pacífica al organizar un paro estudiantil. Crearon un pliego petitorio, que incluía no ejercer acciones legales contra las personas participantes en el paro.

“Iniciar un proceso penal contra las y los estudiantes configura un intento de reprimir el derecho a la protesta y asociación pacífica (…) Este hecho afecta los recursos económicos, la salud psicológica y las relaciones interpersonales de las y los estudiantes acusadas/os”, indicó Amnistía Internacional en sus redes sociales.

El escándalo comienza a tener un alcance mayor. Cabe preguntarse si realmente los desperfectos alegados son el motivo real del encono contra estos jóvenes, sobre todo cuando la propia UG suelta datos como los concedidos a un diario local en el que indicaron a través de la Coordinación de Bienes Inmuebles y el Archivo Universitario, que los daños sumarían poco más de 200 mil pesos.

Hoy, este entramado vivirá un capítulo más con la visita de los afectados al subsecretario de educación superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, en una reunión a la que aparentemente también está convocada una representación de la UG. Lo que resulte, delo usted por hecho, será decisivo para conocer el tono que tendrá este conflicto.

3.- Caso Lorenza: impunidad y violencia... más violencia

Justo en momentos en los que la coyuntura electoral comienza a colocar en el centro la tragedia de la desaparición de personas y la seguridad para las buscadoras, de que la ONU nuevamente ha puesto su atención en Guanajuato y de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha escuchado los testimonios de activistas y buscadoras, sobrevino otro terrible ejemplo de violencia e impunidad.

El pasado 11 de marzo, el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato lanzaron una nueva alerta relacionada con el caso de la buscadora Lorenza Cano Flores, quien fue desaparecida el 15 de enero en Salamanca. Exigieron protección urgente a su familia.

La solicitud no es para menos. Ese mismo día hombres armados asesinaron a Jesús Donato Macías, yerno de Lorenza Cano en la colonia San José en Salamanca, Guanajuato, a 600 metros donde asesinaron al esposo y al hijo de Lorenza.

“En lugar de dar con su paradero y sancionar a los responsables, el Estado Mexicano ha desprotegido a la familia”, expusieron en redes sociales como un evidente reproche a una circunstancia que refleja el tamaño de la negligencia del sistema estatal de justicia, pues no se puede soslayar que la Fiscalía General del Estado detuvo y después tuvo que liberar a dos supuestos responsables.

El caso de Lorenza se mantiene abierto y, peor aún, sumando víctimas de la violencia. Justo por ello el 28 de febrero durante la audiencia temática sobre protección a buscadoras en México, Andrea Pochack, Relatora para México de la CIDH señaló que la impunidad frente a estos incidentes: "es intolerable".

Y por ahora, sólo queda la impunidad y violencia… más violencia

CONTRA RETRATO

Libia Dennise García Muñoz Ledo

“Este es un cambio de raíz”, es la frase que realmente autoconvencida reparte entre opinadores y periodistas. Es la forma de reafirmar su autonomía e independencia como candidata a la gubernatura, en un proceso donde es evidente que los plazos de gracia entre gobiernos estatales no le aplican. Las decisiones, al menos de su campaña, son de ella.

Claramente, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo está planteando un cambio que no sería posible sin saberse empoderada. La soltura de sus propuestas, los anuncios anticipados e incluso el esbozo de eventuales propuestas legislativas, son signo inequívoco de la independencia de la que goza.

Pero no se trata de una actitud reservada para el ámbito burocrático. El rompimiento de Libia también con las canonjías tradicionales de las que el PAN se ha valido para durar más de 30 años en el gobierno de Guanajuato: el clero y los empresarios.

Con el clero se marcó una distancia clara desde que la propia Libia Dennise como secretaria de gobierno ordenó la aplicación del matrimonio igualitario, además de su simpatía con otros temas relacionados a la equidad de género y derechos reproductivos.

Con los empresarios no hay mayor acercamiento que los de mero protocolo. “Mi propuesta es medible desde el primer año”, respondió ufana frente a la tarea marcada por los líderes varones del CCE, la Coparmex y la Concamin. De hecho, hay quien dice que es la candidata panista la que tiene peticiones mayores para los empresarios.

Así que Libia en esta contienda tiene un frente doble: por uno el avance sostenido de la 4T en Guanajuato, por el otro, el lastre de los gobiernos panistas.