Servicio social de los notarios en la pandemia

Este lunes comenzará en México la vacunación contra la enfermedad Covid-19, aunque será de manera muy limitada y solo a adultos mayores, amén de que se hará de forma increíble en municipios con poca población, no por una planificación basada en elementos científicos, sino en los criterios muy particulares del presidente de la República sobre el entramado social con fines que solo se pueden pensar electorales.

Una visión de la atención a la pobreza que va más de la mano de la foto (primero los pobres, aunque estos en realidad abunden en condiciones más complicadas en los cinturones de miseria de las urbes) que de los efectos inmediatos para cortar cadenas de contagio. Y si no, que nos muestren los estudio que indican que esa es la forma correcta de vacunar. Nadie en el mundo lo ha hecho así.

En este escenario, afloran los problemas sociales. Uno de ellos es la situación de las propiedades de quienes han muerto en la pandemia, por miles, que a partir de la carencia de una cultura de desapego al formalismo legal han dejado bienes sin legar. De esta forma la rebatinga por las herencias es uno de los tantos temas, difíciles, que quedan dentro de las familias.

Las disputas por viviendas, autos, joyas, pueden resultar intestinas en muchas familias, provocando agravios por la ausencia de claridad en el destino de lo que queda, la herencia de quien partió. Pero se agrava más cuando los efectos son sobre negocios, empresas, que quedan en medio de disputas familiares y donde se encuentran atrapados los empleados. En algunos casos las situaciones transitan por la sensatez y buenos arreglos, en otros, en litigios interminables donde los ganones son los abogados, mientras el negocio queda en la ruina y la gente que ahí trabaja… en la calle.

Pues bien, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIEJ-UNAM), ha realizado un estudio muy interesante sobre esta circunstancia. Denominado el estudio como ‘Emergencia sanitaria por Covid-19: Derecho Privado’, tomando como caso a la Ciudad de México, se cita que, si se atiende información de 2019, solo una de cada 20 ciudadanos ha hecho su documento, lo que deriva en una ‘suma de problemas y caos que esto puede conllevar’. Una cifra que resulta baja para lo que debiera ser el trámite, pero alta incluso frente a otras partes del país.

Se precisa que la epidemia no solo saca a flote esta circunstancia, sino también la inoperancia gubernamental para atender el problema, lo que refleja la carencia de una visión periférica a la pandemia y sus efectos. Hay tardanza en comprenderse los cuellos de botella administrativos en torno a la muerte de miles de pacientes de Covid-19. El sector público, lento de manera convencional, es paquidérmico a la hora de enfrentar la crisis.

Al hacerse no esencial la tarea de las notarías y cerrarlas, suspendiendo sus labores, el gobierno tampoco actualizó y mejoró sus sistemas para que la gente hiciera los tramites desde su hogar. Nadie se preocupó por ello.

En este punto resulta muy interesante lo que expone el IIEJ-UNAM, hay que hacer algo. Propone que los gobiernos generen condiciones para que todo ciudadano que, “en caso de riesgo, no pueda salir de su domicilio, pueda contactarse por videoconferencia (o elementos similares), con un representante del estado, quien, investido de fe pública, solicitará la declaración testamentaria del interesado”. Se aclara que se podrían imponer requisitos para salvaguardar la integridad y voluntad del testador, para que el testamento pueda surtir efectos jurídicos.

En el estado de Guanajuato, se sabe que la actividad notarial, como muchas otras, sigue abierta, pese a las exigencias de salud pública, aunque cierto es que no se ha dado información pública para atenderse esta crisis en las familias.

Nuestro buen amigo Alejandro Lara, notario presidente del Colegio Estatal de Fedatarios, bien podría orientar sobre la actual circunstancia, pero, sobre todo, meter manita para un programa emergente, una suerte de septiembre en marzo, una duplicación del llamado Mes del Testamento y, principalmente, encontrar salidas desde la virtualidad del Internet, para quien no puede salir de casa por su condición de salud y necesita cerrar ese aspecto, antes de que su familia se haga pedazos. Claro, todo ello sin olvidar el aspecto económico, pues los contagios y las muertes también están demoliendo la economía de las familias.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, responsable del rubro desde el Gobierno del Estado, bien puede poner su cuernito, antes de irse de candidato, con un apoyo gubernamental, de tipo económico, para facilitar el acceso de las personas al testamento.