Tala y carbón: aparecen las instituciones…

Sin ninguna duda este sería un mejor país, si no hubiera tantos funcionarios públicos que en lugar de buscar soluciones siempre pretenden justificarse para hacer lo menos posible, o de plano para no comprometerse con su trabajo. En el caso de la Reserva de la Sierra Gorda de Guanajuato, la queja eterna del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para no afrontar sus responsabilidades, siempre ha sido la falta de presupuesto, de vehículos, o dicen que otras instancias coadyuvantes no se aplican. Lo cierto es que siendo una de sus principales funciones la vigilancia de lo que acontece al interior del territorio protegido, en esa tarea han mostrado mucha debilidad y omisiones durante los 15 años que ya cumplió el decreto.

Para mantenerse en la nómina federal, a pesar de que su trabajo carece de suficiente eficacia y de que es recurrente en ellos subestimar los presuntos delitos ambientales, a esos funcionarios, con sede en San Luís de la Paz, les favorece que excepto coyunturalmente, no les marcan debidamente el paso por parte de su jerarquía inmediata, en esa estructura institucional sería la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico.

El eslabón más débil e ineficiente en lo que respecta a velar porque se aplique la legislación ambiental en los cinco municipios del noreste, cuya parte de sus territorios están dentro del Área Natural Protegida, ha sido la dirección encargada de la Reserva, por la cual ya han pasado tres funcionarios, incluyendo al actual Luis Felipe Vázquez Sandoval, esa percepción y balance es algo que se comenta incluso en los pasillos de algunos gobiernos municipales y en instituciones afines.

Para prueba está el caso de la tala y producción clandestina de carbón que se documentó en una amplia investigación publicada aquí en Correo a finales de marzo: La fiebre del carbón: tala y tráfico ilegal en la Sierra Gorda de Guanajuato. Esa es una problemática que en Xichú lleva años, incluso ya en 2015, un Presidente del Comisariado del Ejido Misión de Santa Rosa, don Santiago Camacho González, recién fallecido, puso en el escritorio del anterior director evidencias que logró acopiar a pesar de las intimidaciones de que fue objeto, sin embargo, su queja no se atendió debidamente, aquel funcionario estaba más ocupado en promover la entrada de empresas mineras que en cumplir sus deberes.

Tan no hay modo de que sostengan desconocer los hechos, que desde hace cuando menos siete años labora en el equipo técnico que atiende a esa Reserva, un ingeniero originario de una comunidad de la sierra xichulense situada precisamente en el área contigua a donde se vienen realizando esas prácticas.

Autoridades inspeccionan la zona

Si los árboles, los animales, el agua y otros seres vivos indefensos se atuvieran a que por propia iniciativa actúen los funcionarios de Conanp adscritos a esa Reserva, o sus superiores jerárquicos que reciben un salario precisamente para cuidar esos componentes de la vida, el extermino de la Sierra Gorda continuaría, pues estos suelen evadir los asuntos espinosos.

Sin embargo, está probado que en las instituciones las personas son una variable definitiva, y como nunca faltan excepciones, la información que Correo visibilizó respecto a toda una red estructurada para la producción y comercialización ilegal de carbón y madera, hizo eco en funcionarios de otras áreas del gobierno federal y estatal, al parecer más sensibles y comprometidos con esa noble tarea de abrazar la naturaleza cuando es usufrutuada sin control, ni orden, y anteponiendo la ambición del dinero sobre el bien común.

Eso propicio que en semanas recientes, y como algo inédito en todos esos caminos y localidades trepadas en la cima de las montañas xichulenses colindantes con Santa Catarina y Victoria, las instituciones federales hicieran presencia remontando el vacío de autoridad que históricamente ha existido en esa área y que ha sido factor principal para favorecer la impunidad con la que se realiza la deforestación.

Se ha podido saber que en esas inspecciones, además de la Guardia Nacional estuvo personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Conanp y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También ha trascendido que por su parte la Comisión Nacional Forestal (Conafor) puso atención en la problemática, pues a través de sus programas varios ejidos de esas inmediaciones reciben montos de hasta 400 mil pesos anuales, precisamente por resguardar las condiciones para la generación del agua y el oxígeno requeridos para la vida humana. Incluso al visitador adscrito a la oficina regional de la Procuraduría Agraria que le corresponde atender ese municipio, hace días se le escuchó en una asamblea exhortando los ejidatarios a detener la tala ilegal. Ante este despliegue institucional, habrá que observar si alcaldes y alcaldesas del noreste como Sonia García, Juan Diego Ramírez y Francisco Orozco, también siguen sumando la parte que les corresponde.

Según fuentes consultadas las inspecciones ambientales continuaran, lo cual de confirmarse en los hechos será un acierto, pues por el grado al que han llegado esas realidades, sólo de ese modo paulatinamente se podría ir fortaleciendo en la Sierra Gorda guanajuatense una cultura de respeto a la legalidad y al medio ambiente.

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JRP