Tratar el agua: el rezago de Guanajuato

1.- Tratar el agua: el rezago de Guanajuato

Si hay una condición obligada en estos tiempos de crisis hídrica, esa es la del tratamiento de las aguas residuales. No se trata de una innovación, una moda o mucho menos una alternativa; los gobiernos deben sanear las descargas residuales para su reintegración al ciclo vital. No hacerlo sume en una gran contradicción a entidades como Guanajuato que claman por proyectos de reabastecimiento.

Los datos y los casos que Correo difunde hoy en su nota principal, dan cuenta del rezago histórico que la entidad ha arrastrado desde hace décadas. Si bien, hay 42 municipios que ya cuentan con al menos una planta de tratamiento, se calcula que Guanajuato apenas sanea la mitad de las descargas que retorna a sus cuencas hidrológicas.

De manera que el rezago no sólo se mide por municipios como Comonfort, Villagrán, Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo que a la fecha no han invertido -ni parece interesarles- en la instalación de la infraestructura necesaria para el tratamiento de sus aguas residuales. La falta de voluntad también se refleja en otros casos donde tenerla, no es garantía de nada.

Un primer ejemplo es el de León, donde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que dirige Enrique de Haro opera directamente doce Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) con una capacidad para sanear 2 mil 909.5 por segundo, pero que hoy mismo nuevamente ha sido evidenciado en un caso de posible descontrol con las descargas de la industria curtidora.

En el resto de los municipios la infraestructura es verdaderamente limitada. Hablamos de casos como Irapuato, Celaya, Guanajuato y Cortazar con dos PTAR cada una con una capacidad no superior a los 1 mil 200 litros por segundo; Moroleón y Uriangato así como San Francisco y Purísima del Rincón, que comparten una planta. De ahí en más, 29 municipios restantes cuentan con una planta.

Para ponerlo en números más fríos, Francisco García León, titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato -próxima a ser integrada a la Secretaría de Medio Ambiente-, sentenció que en realidad el rezago ha permeado en 34 de los 46 municipios por deficiencias en sus procesos de sus aguas residuales. Incluso, atribuyó a esto el desabasto que estos mismos han sufrido en los últimos dos años.

Mucha vigencia cobra las palabras del mismo García León, que en la última sesión del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala pugnó por una gestión del agua desde los municipios. Por supuesto que esto los responsabiliza directamente del cuidado del agua en un contexto de exigencia por proyectos de abastecimiento, como la famosa tecnificación del distrito de riego 011.

Claro que, en este marco, no podrían quedar fuera los municipios del noreste que llevan décadas padeciendo el agua dura cargada de minerales pesados, por el estrés hídrico de la Cuenca de la Independencia. Ahí son diez pertenecientes a la región de la Sierra Gorda identificados en foco rojo.

Con este rezago, la verdad es que se vuelve chocante exigir soluciones para recibir más agua, luego de malograr la que ya pasó por nuestra casa.

2.- El endeble entramado de la ASEG

Cuando el jefe del gabinete estatal, Juan Carlos Alcántara, puso manos a la obra para precipitar la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), parece haber pasado por alto un elemento que compromete totalmente sus planes, pero que al momento se encuentra inviable como recurso para invalidar el proceso.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, David Martínez Mendizaval, tuvo razón en discutir la premura de un procedimiento que requiere de máximo cuidado, al estar en juego el nombramiento de quien estará por siete años al frente del máximo órgano auditor del estado. El señalamiento tiene base no sólo en una apreciación, sino en la ley.

Como se informó en su momento, el actual titular de la ASEG, Javier Pérez Salazar, presentó su renuncia con fecha efectiva para el próximo 16 de septiembre, el problema es que el artículo 92 de la ley de fiscalización específica que procede, efectivamente la convocatoria para sustituirlo, pero hasta que la ausencia sea absoluta. Lo que aplica es designar al encargado del despacho.

Si bien el mismo David Martínez expresó que analizan en Morena impugnar el proceso, pero a pesar de la claridad en la anomalía no es tarea sencilla. Abogados consultados explicaron que, para frenar el proceso, los únicos facultados son los participantes que resulten afectados por lo que ocurra en el procedimiento.

El criterio general en el Poder Judicial Federal es la improcedencia del juicio de amparo cuando se trata de un acto de soberanía, un término con el que han fallado en otros intentos por frenar concursos de designación, a todas luces, con dedicatoria para algún hombre o mujer afín al oficialismo. Así las cosas, en el caso de la ASEG la falta es clara, el problema es cómo denunciarla.

3.- Una cuenta pendiente llamada Villagrán

Atrás quedaron las filtraciones, especulaciones, señalamientos y narrativas. El sexenio terminó y el alcalde Villagrán, Juan Lara Mendoza, terminó su segundo periodo completamente exento de investigaciones sobre su supuesta relación con un grupo delincuencial, o bien, la de su corporación de policía municipal. Todo quedó en sospechas.

No obstante, para nadie es oculto que este municipio ubicado a sólo 25 minutos de Celaya es clave para entender la década de violencia que ha padecido Guanajuato. Ni más ni menos, es el municipio al que pertenece la comunidad de Santa Rosa de Lima, que le dio nombre a la primera organización criminal plenamente originaria de Guanajuato y no por razones meramente sentimentales.

No en balde la atención del gobierno estatal se centró en esta población y en este municipio al momento de ejecutar la intervención “Golpe de Timón”, con el que se pretendió frenar al grupo criminal de la zona que, en los hechos, ha llevado más tiempo del previsto, incluso con los intentos del secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, de detectar actividades ilícitas en su policía.

Pero todo quedó en intentos. Ahora resulta que a poco más de un mes del cambio de administración municipal en Villagrán, la alcaldesa electa por Morena, Cinthia Teniente Mendoza, denunció que el gobierno de Juan Lara Mendoza no ha iniciado el proceso de entrega-recepción. De hecho, aceptó que “no sabe lo que se encontrará”.

Así que, incluso en esta etapa de transición, Villagrán sigue siendo una incógnita donde se puede esperar cualquier cosa.

CONTRA RETRATO

Juan Miguel Ramírez Sánchez

Fue llamado al despacho de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Risa Icela Rodríguez, justo cuando comenzaron los momentos de apremio en Celaya justo después de la elección en la que ganó. Se anunció la llegada masiva de elementos de la Guardia Nacional después de ese encuentro y... ahora resulta que no tiene nada que ver.

El alcalde electo de Celaya, Juan Miguel Ramírez, decidió deslindarse y señalar como el máximo responsable de la violencia que vive la ciudad cajetera al alcalde Javier Mendoza Márquez. Tiene razón. El asunto es que se ha jugado con la percepción pública con una serie de acciones con la que buscan legitimarlo de forma anticipada.

Tan involucrado está, que él mismo expresó su extrañamiento que en los últimos tres días se haya desatado la violencia con la presencia de la Guardia Nacional resguardando la seguridad, mientras se realiza la revisión de armas a la policía municipal. Para Juan Miguel es sumamente sospechoso.

Al menos 26 personas han sido asesinadas en los siete días que el Ejército y la Guardia Nacional llevan realizando el operativo de revisión del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya, el cual ha implicado la suspensión de operaciones en campo de la policía municipal, a excepción de su división turística que labora sin armas de fuego.

Si bien es cierto que el próximo edil ha mostrado gestos de buena voluntad al afirmar que su secretario de seguridad llegará por consenso y participación de todas las fuerzas políticas, es ineludible su dependencia respecto a las fuerzas federales; una apuesta que parece inminente ahora que ha quedado manifestada la desconfianza en las corporaciones locales.