UG: despido masivo que huele muy mal
1.- UG: despido masivo que huele muy mal
Lo dicho. Algo huele muy mal en la dirección de infraestructura y servicios universitarios de la Universidad de Guanajuato (UG). El despido de 14 trabajadores más la jubilación directa de Eloy Juárez Sandoval casi en un acto reflejo al iniciar la rectoría general de Claudia Susana Gómez López es poco menos que sospechoso.
Pero recuerde usted muy bien. El área a la que pertenecían era la de control de bienes, justo la que se encarga de empadronar las instalaciones con las que cuenta la UG pero no sólo aquellas que están en uso, también aquellas que están inutilizadas y generalmente entregadas en situación de intestamentaria.
Se trata de un asunto que fue permanentemente cuestionado durante la recientemente terminada gestión de Luis Felipe Guerrero Agripino como rector general (2015-2022), quien contó con el apoyo y lealtad de Eloy Juárez Sandoval durante toda su gestión, para sacar adelante remodelaciones de oficinas de la burocracia universitaria.
Para dimensionar el delicado matiz que tiene el control de los inmuebles de la UG, es preciso recordar lo que Correo documentó en junio de 2021.
Hasta esa fecha la UG sumaba una recaudación de más de 16 millones de pesos mediante la venta de inmuebles que le fueron adjudicados tras el fallecimiento de personas que no tenían herederos o alguien que reclama derechos sobre esas propiedades.
Como botón de muestra, sólo entre 2010 y 2015 sumó a su patrimonio 20 inmuebles por esta vía, de los cuales 15 ya los había comercializado y cinco los mantuvo como parte de su patrimonio.
En aquel momento el tema se centró en la pérdida de los derechos que la UG tenía sobre un bien inmueble en la calle Hernández Macías 105, en la zona de mayor plusvalía de San Miguel de Allende que fue aprovechado por un tercero en un probable acto de corrupción.
En ese caso, la entonces apoderada legal de la UG, María Isabel Rodríguez Aguilera, cedió los derechos de la propiedad a Gloria Espinoza Briseño, quien cuidaba a la dueña del inmueble que falleció. Sólo cinco meses después la propiedad fue vendida en 40 millones de pesos.
Ese tipo de operaciones son las que han levantado sospechas más que justificadas, pues más allá del control burocrático del que se encargaban los trabajadores que fueron dados de baja de forma injustificada, se sabe poco de las transacciones de estos inmuebles cuando se ubican fuera de Guanajuato capital.
Por ahora queda el tema laboral. Cuatro extrabajadores están dispuestos a dar la pelea contra un cese que se argumentó con la terminación de sus contratos eventuales que, dicho sea de paso, parece el menos viable de los esquemas, cuando el área ameritaría funcionarios con plaza y nivel de confianza.
No pierda usted detalle. Como advertimos, el ejercicio de los recursos para infraestructura y el control del patrimonio de la UG huele mal, pero muy mal.
2.- Caso Tere Magueyal: la ONU pide respuestas
El 2 de mayo la buscadora Teresa Magueyal fue acribillada por sujetos armados en la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya. Pese a la gravedad del crimen que ineludiblemente se encuentra ligado a su labor en el colectivo Una Promesa por Cumplir, no hay avances en su investigación pero sí acoso y revictimización de la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Esta circunstancia llamó la atención del programa de derechos humanos de la ONU, cuya relatora especial, Mary Lawlor, evidenció ayer el olímpico deslinde del gobierno federal que se ha mantenido al margen a pesar de haber comunicado las omisiones y excesos de la FGE denunciados por las buscadoras.
Como le mencionamos en este espacio en su oportunidad, las acciones urgentes de la ONU han sido recurrentes para Guanajuato al menos desde 2021 por el acoso, la intimidación, persecución y hostigamiento de personas buscadoras y sus colectivos al menos en cinco ocasiones.
La última comunicación fue difundida por la relatora acorde a sus protocolos. En ella agradeció las respuestas que le dieron el 19 de octubre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, luego de haber hecho mutis en los oficios anteriores.
El gobierno federal le señaló a la relatora que la FGE inició la carpeta de investigación considerando su labor de buscadora como una de las líneas, sin embargo, el colectivo “Una Promesa por Cumplir”, denunció que no les brindó ni el número de la carpeta de investigación, mucho menos sus avances.
Por ello, tanto la familia como el colectivo, han manifestado su preocupación sobre el resguardo de los medios de prueba que se hayan recabado, como grabaciones de cámaras de seguridad, dictámenes de balística y las entrevistas de testigos.
“Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre el colectivo Una Promesa por Cumplir y todos los colectivos de búsqueda que realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas, inseguridad y riesgo por parte de grupos, cuyos intereses se ven afectados con las acciones de búsqueda, como el crimen organizado”.
Puntualizaron que es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor.
La FGE puede dar entrada a las denuncias que grupos de poder político le presentan sin un sólo sustento, pero no es capaz de esclarecer un artero crimen cuyo impacto social es mayor. Es el mundo al revés.
3.- San Diego de la Unión: el cabildo del caos
Un regidor fue denunciado por acosar a la secretaria del ayuntamiento, una regidora fue ridiculizada por llamar la atención sobre el caso, un grupo de ediles del PAN se retiraron en protesta para luego disculparse. Si el de San Diego de la Unión no es un cabildo caótico, costará encontrar un mejor ejemplo.
Los hechos ocurrieron esta misma semana. Las burlas a la regidora del PAN, María Erika Colmenero Padrón, se suscitaron cuando ella preguntó al presidente las acciones que debería emprender ante la denuncia de la secretaria de Ayuntamiento, Laisa Aida Flores, contra un regidor de Redes Sociales Progresistas. Tan serio es el caso que ya se emitió una orden de protección.
Pero con todo lo anterior, es de llamar la atención el desinterés y ligereza con la que el gobierno de Juan Carlos Castillo abordó el tema. Esto se hizo patente cuando la regidora Colmenero le pidió acciones extraordinarias para garantizar la seguridad de la víctima.
La burla del alcalde y los regidores inundaron la sala de cabildos, al grado de violentar ahora a la edil cuyos compañeros de grupo, en un primer momento, abandonaron la sesión en protesta y después se disculparon al afirmar que “fue una reacción espontánea”.
Al final de la sesión, se aprobó un apercibimiento a los regidores que abandonaron sin causa justificada y hasta solicitarán al Congreso del Estado su suspensión de mandato, mientras estos denunciarán violencia política de género. Vaya infiernillos los de San Diego de la Unión.
CONTRA RETRATO
Marco Antonio Adame Castillo
La famosa mesa de negociación política a la que convocó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ha estado lejos de tener una ruta concreta. Al final, las necesidades coyunturales que presenta el grupo oficial en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, son las que han marcado la pauta.
Quien ha tenido que salvar el asunto a cada cambio o ajuste que se dicta, es el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, quien comenzó como delegado del CEN del PAN en Guanajuato como el mediador de la puja por la candidatura a la gubernatura, para ahora enfocarse en la repartición de espacios.
No es cosa menor. Adame venía de operar con las organizaciones civiles fundadas a disposición del empresario Claudio X González, con las que se comenzó a conceptualizar el llamado Frente Amplio Por México, iniciando por la alianza electoral que se fraguó en las intermedias de 2021. Hoy está metido en los tiros y jalones del panismo guanajuatense.
Luego de enfocarse en el supuesto método interno para dirimir la candidatura a la gubernatura, su labor tuvo que ajustarse a la urgencia de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se apuntara para la reelección, cosa que confirmó la noche del jueves.
A partir de este momento los jaloneos serán por los espacios restantes, pues Alejandra ahora buscará arrancarle espacios al oficialismo para sus incondicionales del PAN y del empresariado. Un asunto del que Adame perfectamente podría excusarse, veremos si sigue metido en este lío.
