Diputado llama a aprovechar brazaletes electrónicos para criminales en Guanajuato

El diputado federal Jorge Espadas defendió el uso de los brazaletes electrónicos para delincuentes contra la sobrepoblación de cárceles

Fernando Velázquez

León.- El diputado federal Jorge Espadas Galván (PAN) consideró que en Guanajuato y en México deberían aprovecharse más los brazaletes electrónicos. Esto, para que delincuentes que no representen un peligro para la sociedad purguen su condena en su domicilio y así reducir la sobrepoblación en cárceles.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en 9 de los 11 centros penitenciarios, los prisioneros superan su capacidad.

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Al respecto, el legislador panista comentó que eso no significa que deba reducirse la cantidad de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Luego que es un instrumento útil para las fiscalías locales y la propia Fiscalía General de la República. Esto, para garantizar que ciertos delincuentes se queden tras las rejas durante el desarrollo del proceso judicial.

Comentó que, más bien, el problema es que el sistema de justicia penal acusatorio, desde hace 10 años en México carece de operadores suficientes. Además, dijo, muchos de ellos no están debidamente capacitados.

Bajo esta premisa, recriminó que las autoridades no empleen medidas como el uso de brazaletes electrónicos para delincuentes. Ello, para que criminales que ‘realmente no son un riesgo para la ciudadanía’ cumplan su condena en su domicilio. De esta manera, consideró que representaría ahorrarse su manutención en la cárcel y liberar espacio en dichos lugares.

“Estoy cierto de que hoy tenemos las herramientas legales para excarcelar a algunos delincuentes que podrían purgar sus penas en sus domicilios. Tendríamos que hacer uso de esta medida que está en el Código, pero no se utiliza en México. Hay que utilizarla”, dijo.

Brazaletes electrónicos para delincuentes, un menor gasto

Resaltó que el costo promedio diario de mantener a un reo oscila entre los 600 y 700 pesos. Ello, termina por representar un impacto considerable en las finanzas de los gobiernos.

Jorge Espadas apuntó que otra necesidad es revisar cómo operan los centros de reinserción social. Sobre todo, ahondó, verificar que los prisioneros estén separados de acuerdo al grado de peligrosidad. Pero además, revisar quiénes podrían ser sujetos de prisión domiciliaria.

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Cuestionado también sobre el tiempo que algunos presos deben esperar para ser condenados —que en algunos casos llega a ser mayor a 2 años—, Espadas comentó que esto no se debe necesariamente a la falta de jueces. Sino, dijo, a lo tardado que en ocasiones puede ser el desarrollo del proceso judicial.

“El problema no tiene que ver solamente sobre si el juez puede atender o no una diligencia, sino con todas las moratorias procesales. Esto, a partir de la actuación de los abogados defensores o del Ministerio Público, cuando es acusador. Entonces es un tema de desarrollo procesal que tiene que ver con el desahogo de las diversas instancias que tiene el proceso”, dijo.

Resaltó también que estos tiempos de espera, gracias a la implementación del sistema oral acusatorio, son mucho menores en relación a lo que ocurría antes. Luego que un reo podía estar encarcelado hasta 10 años a la espera de ser sentenciado.

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