Guanajuato está entre los 11 estados con más impunidad; solo 4 de 10 víctimas reciben justicia
La impunidad en Guanajuato y México deja a 6 de cada 10 delincuentes sin castigo, según un informe de la Universidad de las Américas de Puebla
Nissandra Del Río
Guanajuato.- La impunidad de los delitos en Guanajuato es apenas 0.11% más baja que la media nacional. Así, con sólo 4 de 10 víctimas que sí logran acceder a la justicia, la entidad figura entre los 11 estados con alto índice de falta de castigo.
La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) presentó este martes su último informe del Índice Global de Impunidad en México 2022 (IGIMEX). En su elaboración desde el 2015 considera 33 indicadores de seguridad y el sistema de justicia en las dimensiones estructural, funcional y derechos humanos.
Según los datos de este año, pondera un alto índice de impunidad en todo México con sólo 4 de cada 10 delitos que resultan en su respectivo castigo. Esto, al resultar con un porcentaje promedio de hasta el 60.08% de delincuentes impunes a nivel nacional.
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En este marco, Guanajuato resulta sólo un lugar debajo de la media, con el 59.97% de víctimas que no logran acceder a la justicia. Tal cifra, lo coloca entre los 11 estados con alto nivel de impunidad como Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, entre otros.
Para la comparativa anual del estudio con el del 2018, Guanajuato logró subir al lugar 13 —tres sitios mejor— en la escala de impunidad. Esto es, hubo un aumento de delitos castigados entre el primero y segundo periodo. Sin embargo, al compararlo con el del 2016 se evidencia una caída de hasta 5 lugares.
La impunidad en Guanajuato del 2022 es así mayor que en el sexenio anterior y apenas poco mejor que tres años antes. En tanto, a nivel nacional se mantuvo a la de hace tres años y decayó apenas tres lugares en la comparativa del mismo periodo.
¿Qué falla en Guanajuato?
Aunque en la dimensión estructural del estudio, Guanajuato resulta con altos índices tanto en el sistema de seguridad (73.54%) y de justicia (69.82%), en la evaluación funcional de los mismos, la visión da un giro de 180 grados. Esto luego que los índices caen hasta el 31.05% y 27.06%, respectivamente.
De esta manera, a pesar que Guanajuato cuenta con el diseño y las capacidades institucionales para llevar a fin las políticas de seguridad y justicia, funcionalmente impacta el déficit de sentencias, encarcelamiento y atención a víctimas.
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En otro de los puntos que más se destaca son las causas penales y expedientes ingresados entre 2015-2021. Luego que el índice duplica a la media nacional y evidencia la sobrecarga de expedientes desde años anteriores en el sistema de justicia.
Guanajuato también llama la atención respecto al número de víctimas que reporta en el 2022. Así, con 143 mil 109 duplica la media nacional de apenas 62 mil 549 en los diferentes órganos de justicia.
Finalmente, respecto a la evaluación de Derechos Humanos, la UDLAP califica que sólo la mitad de los expedientes de queja que atiente la Prodheg se califican como concluidos. Esto, aun cuando cuenta con el mismo personal en áreas operativas o en otras que refleja la media nacional.
A nivel nacional
Con respecto a la cifra negra, los resultados arrojan que Guerrero (96.10), Oaxaca (95.20) y Michoacán (95.00) son los estados con alto índice. Mientras que Colima (84.50), Chihuahua (87.70) y Baja California Sur (89.30) tienen el índice más bajo.
En este punto, Guanajuato resulta con un porcentaje de 90.20%, alrededor de la media nacional de 91.88%. Al respecto, el estudio hace hincapié en que “es la dimensión que presenta menos dispersión. Esto significa que en general hay alto nivel de actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público”.
Con base en este estudio, la UDLAP acota que el país tiene un déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales de aproximadamente un 42%. Esto quiere decir que México tiene poco más de la mitad de policías preventivos estatales a los que debería tener.
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Asimismo, considera que “México tardará más de 30 años en resolver el problema de impunidad tomando en consideración el aumento de jueces y magistrados en los últimos 4 años”.
Y finalmente, señala que la correlación entre la educación y la impunidad conforme al Censo de Población y Vivienda que elabora Inegi obtuvo un valor de -0.1478, lo que significa que a mayor educación menor impunidad. Por su parte, existe una correlación positiva entre el tamaño poblacional, PIB, pobreza, tasa de prevalencia delictiva y corrupción. Esto es, que al aumentar éstas, lo hace también la impunidad.
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LC
