Información oculta y falta de atención a víctimas revela informe sobre desapariciones en Guanajuato
Preocupan casos de desaparecidos en Guanajuato. Foto: Archivo
Guanajuato, Guanajuato.- Familias con personas desaparecidas se enfrentan a la falta de acceso a información, protocolos efectivos de búsqueda, acceso a la justicia y poco apoyo para seguir su proyecto de vida; así lo muestra el informe “En la Lupa Guanajuato: Revisión ciudadana del desempeño institucional en materia de desaparición de personas y recomendaciones de mejora”.
En informe destaca que al mayo de 2024 se tenían registros de 2 mil 675 personas desaparecidas y en el caso de Guanajuato, las desapariciones comenzaron a aumentar en el 2015, siendo el 2019 el año con la mayor concentración de casos, con 507 personas que continúan desaparecidas.
Se detalla que el 58% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 20 y 39 años. Además, el 7% de los casos de mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.
El informe, construido con las familias con personas desparecidas, muestra varias carencias institucionales, por ejemplo, se señala que en la Comisión Estatal de Búsqueda sí cuentan con certificación, pero “falta capacitación en atención con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos”.
También se señala que en la Comisión no hay plan estatal y las familias sostienen que “las búsquedas individualizadas no son planes porque no tienen análisis de contexto”.
Tampoco hay registros públicos precisos de localizaciones con vida y sin vida. De igual manera no se informa a colectivos cómo se planifican las búsquedas y cómo definen los puntos de búsqueda.
En la caso de la Comisión de Atención a Víctimas, se señala que está centralizada en otorgar apoyo alimentario, dejando de lado la atención en salud, protección y programas de emprendimientos para las familias.
Sobre el desempeño del Poder Judicial, se expresa la falta de acceso a la justicia, pues familias “llevan más de dos años sin obtener la sentencia y por lo tanto no tienen derecho a los efectos que buscan en sus casos”. Lo anterior limita el acceso a la patria potestad, acceso a seguros, cuentas de ahorros o a la administración de bienes inmuebles.
Entre las recomendaciones a las instituciones destaca que se pide a la Comisión Estatal de Búsqueda realizar la planificación de las acciones “garantizando la aplicación de los cinco tipos de búsqueda: inmediata, individualizada, generalizada, por patrones y de familia en todo el estado”.
A la Fiscalía se le recomienda la apertura efectiva de carpetas de investigación y su correcta integración además de “activar las diligencias de búsqueda en las carpetas de larga data”.
A la Comisión de Víctimas se le plantea se garantice la asistencia humanitaria, atención prioritaria en materia de salud física y emocional, así como “medidas de protección y asesoría jurídica, así como la implementación de reparación integral del daño”.
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