México responde a EU medidas para la nueva consulta sindical en GM Silao
Staff Correo
Ciudad de México.- La presidencia de México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos el nuevo emplazamiento para que se convoque a una nueva consulta del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la planta de General Motors en Silao.
El pasado 12 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden pidió al de México que examine las violaciones de derechos laborales en la planta automotriz, luego de que se documentaran diversas anomalías en la consulta efectuada el 21 y 22 de abril para legitimar el CCT.
Esa es la primera vez que un país utiliza el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el T-MEC, que permite a sus miembros abordar las violaciones de derechos laborales en el sector productivo.
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En respuesta, la STPS informó la semana pasada que el sindicato de la planta, que emplea a unas 6 mil personas en Silao, debe realizar una nueva votación antes del 20 de agosto o el sindicato Miguel Trujillo, adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), perderá el contrato por completo.
La carta a Estados Unidos, que marca el siguiente paso en el proceso formal de quejas del TMEC, reiteró esos términos y la Secretaría de Economía confirmó que la misiva había sido enviada.
Por lo anterior, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tendrán al menos 10 días para llegar a un acuerdo sobre un plan para solucionar las diferencias.
Medios y agencias internacionales, acotaron que las compensaciones laborales bajo el TMEC incluyen revocar el acceso libre de aranceles para los bienes de la fábrica infractora, que, en el caso de GM, significaría aplicar un arancel de importación de camionetas pickup de Estados Unidos del 25 por ciento.
Hasta el 20 de agosto
El sindicato ‘Miguel Trujillo López’ tendrá hasta el próximo 20 de agosto para reponer la consulta del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que tiene con la armadora automotriz General Motors Complejo Silao, al acreditarse que se cometieron irregularidades graves durante el proceso en abril pasado; de no cumplir, el documento ya no tendrá validez.
Lo anterior en medio de un conflicto en el que las y los obreros de la ensambladora han denunciado violaciones a sus derechos laborales y, del plazo de cuatro años que se dio a todas las empresas que cuentan con este tipo de sindicatos, tras la reforma en materia de justicia laboral que entró en vigor el mayo de 2019.
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