Plataforma por la Paz exige al Poder Judicial de Guanajuato darle justicia a Javier Barajas
Guanajuato, Guanajuato.- A través de un comunicado, la Plataforma por la Paz exigió al Poder Judicial del Estado de Guanajuato dar justicia para el caso de Javier Barajas Piña.
A dos años del homicidio de Javier Barajas Piña, buscador de personas desaparecidas, y tras dos meses de llevar a cabo las audiencias de juicio oral, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ubicado en Salvatierra, tiene la oportunidad de emitir un fallo que brinde justicia a la familia Barajas-Piña y establezca un precedente en contra de la impunidad que impera en los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos en México.
Francisco Javier Barajas Piña, ampliamente reconocido en Guanajuato por su labor en respaldo a las familias en búsqueda de sus seres queridos, era conocido por esta labor luego de que su hermana Guadalupe desapareciera el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra, Guanajuato. Un año después, en febrero de 2021, el hermano de Guadalupe, junto a otros rastreadores, localizó el cuerpo de ésta en una fosa clandestina, entre otros 80 cuerpos.
Gracias al arduo y colaborativo trabajo de toda la familia, Javier, sus padres Javier Barajas y María del Tránsito Piña, continuaron la búsqueda de otras personas desaparecidas. Sin embargo, el 29 de mayo de 2021, Javier fue asesinado por individuos vinculados a la desaparición de su hermana, provocando una conmoción a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con la Plataforma por la Paz, los avances en el proceso y la investigación, tanto en el homicidio de Javier como en la desaparición de Guadalupe, se han logrado gracias al impulso de las familias de diferentes colectivos regionales, quienes han seguido luchando por la justicia a pesar de los riesgos que enfrentan.
El 16 de agosto de 2023, se emitirá la sentencia en el caso penal 1P2821-116 por el homicidio calificado de Javier contra dos individuos. Tras presentarse múltiples pruebas que respaldan la acusación de la Fiscalía, y a pesar de los riesgos que implica participar activamente en el juicio, se abre la posibilidad de que la familia Barajas-Piña alcance la justicia y la verdad en relación a estos dolorosos acontecimientos.
“Señor Juez, le pido que dicte sentencia condenatoria, así nos dará un cachito de esa justicia que tanto anhelamos por la muerte de mi hijo Francisco Javier Barajas. Esto no es a capricho, mucho menos por venganza sino por justicia”, expresó María de Tránsito, durante su intervención en la audiencia de alegatos. “Sé perfectamente que esto no me va regresar con vida a mi hijo pero sí habrá verdad, su Señoría, nosotros nunca hemos buscado venganza, únicamente buscamos y pedimos justicia”, añadió Javier Barajas.
Condenan agresiones contra buscadores
El asesinato de Javier, según el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y reportes periodísticos forma parte de los 18 homicidios de familiares de desaparecidos desde 2010, ligados a su labor de búsqueda y al ejercicio de su derecho a la defensa de los derechos humanos; ocho de estos casos han ocurrido en este sexenio.
Los riesgos y amenazas contra los familiares en búsqueda han sido documentados y denunciados por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como lo evidenció el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas durante su reciente visita a México.
Dada la crisis de desapariciones en México, la sentencia podría establecer un importante precedente para la familia Barajas Piña, así como para todas las familias que buscan a sus seres queridos en Guanajuato. Por ello, instamos al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, a pronunciar un fallo que considere los estándares internacionales y garantice el acceso a la verdad y a la justicia.
La Plataforma por la Paz enfatizó el Poder Judicial del estado de Guanajuato tiene la oportunidad de establecer un referente de gran relevancia en el contexto de la violencia y la crisis de desapariciones que afecta a Guanajuato y al país en general. Este referente se aplica a situaciones de amenazas, riesgos y homicidios de defensores de derechos humanos, en particular de los familiares de personas desaparecidas que están ejerciendo su derecho a la búsqueda.
