Van 14 familias desplazadas por la inseguridad en Guanajuato, entre buscadoras y periodistas
Las madres buscadoras son las más afectadas por el desplazamiento forzado en Guanajuato.
León, Guanajuato.- Entre periodistas y familiares de personas desaparecidas, suman 12 casos de desplazamiento en Guanajuato: personas que se vieron obligadas a irse de su lugar de origen al no tener garantizada su seguridad, así lo denuncia el proyecto ‘Desplazadas, el olvido de las periodistas’, en el que se incluyó el testimonio de Myrna Gómez, una reportera de León, que tras amenazas salió del estado, en el 2019.
‘Desplazadas, el olvido de las periodistas’, es un proyecto que pretende visibilizar el desplazamiento de personas en el estado de Guanajuato a causa de la violencia. Presentado por la Plataforma por la Paz y el movimiento feminista y derechos humanos Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), quienes informaron que hasta el momento tienen identificados 12 casos de desplazamiento de madres buscadoras, así como 2 periodistas en Guanajuato. Estos últimos en los municipios de León e Irapuato; mientras que los casos de las buscadoras se han dado en Salvatierra, Pénjamo, Celaya, Abasolo y León.
Raymundo Sandoval, fundador de Plataforma por la Paz, explica que el desplazamiento se refiere a “las personas que, por las extorsiones, por las amenazas, por el miedo a estos actos de alto impacto de control territorial de los grupos delincuenciales, se cambian de lugar”.
“Del 2018 a la fecha hemos visto que Guanajuato se ha convertido en un espacio donde las desapariciones aumentaron exponencialmente por el control territorial de los grupos delincuenciales, especialmente por un grupo local que es el Cártel Santa Rosa de Lima, que además crece al mismo tiempo que el poder de Carlos Zamarripa (...) el desplazamiento forzado interno se debe a violaciones a derechos humanos o violencia”.
“El caso de Conchita, el caso de Mirna, el caso de la señora Lupita y al menos 12 casos que tenemos documentados en la Plataforma, constituyen casos de desplazamiento forzado”, señaló el fundador de la Plataforma por la Paz.
Víctimas cuentan su experiencia
Entre estos 14 casos, dos de las víctimas dieron su testimonio.
Una de ellas fue Myrna Gómez, reportera de Meganoticias León, que tras cubrir el operativo Golpe de Timón en el 2019, en el que querían capturar a ‘El Marro’, se vio amenazada por el crimen organizado, pues la buscaban en su domicilio a ella y a su familia. Tras no recibir el apoyo del medio de comunicación para el que trabajaba, salió del estado de Guanajuato rumbo a San Luis Potosí, donde ha podido ejercer en el periodismo después de crisis psicológicas, económicas y de salud a raíz de sentirse amenazada.
“Derivado de eso regreso a mi ciudad y comienzan a buscarme, a investigar sobre mi vida, hombres armados llegaban a mi domicilio y preguntaban con quién vivía, a qué horas llegaba... y cuando detona todo es cuando comenzaron a buscar a mis papás. Decían: dígale a Myrna Gómez que se cuide, la periodista. Quise regresar a mi domicilio y ya me estaban esperando en mi casa, fue el 11 de octubre del 2019, y no regresé (a León)”.
Desde mayo del 2021, se acabaron las medidas de protección para Myrna, las autoridades detuvieron la investigación y argumentaron que ya “no había riesgo”.
Como su caso, existe el de otro colega periodista en el municipio de Irapuato.
Concepción Sierra, del colectivo Luz y Justicia, del municipio de Juventino Rosas, también dio su testimonio. Confesó el temor a los grupos delincuenciales por su labor de búsqueda, y la extensión que estos tienen en su municipio, donde detuvieron a José Antonio Yépez ‘El Marro’, en agosto del 2020.
Madres buscadoras son las más desplazadas
En algunos de los 14 casos de desplazamiento ha participado la Fiscalía de Guanajuato con acompañamiento para su reubicación temporal. El riesgo más latente que pretende visibilizar este proyecto es el de las madres buscadoras, que en su labor parecen normalizar el riesgo al que habrá que enfrentarse al buscar a sus desaparecidos.
“La Fiscalía ha respondido de manera muy expedita en algunos casos, no en todos se ha hecho acompañamiento de estas instituciones... no es un tema nuevo para las buscadoras, que se reunieron con el Comité contra la Desaparición Forzada, que en su propio discurso ven el riesgo como un tema que es asociado a la búsqueda”.
Nombraron también los casos de comunidades completas expulsadas por grupos delincuenciales, en estados vecinos como Jalisco, Zacatecas y Michoacán. En Guanajuato aún no hay registro de estos hechos.
“En Guanajuato no tenemos todavía registro de que comunidades enteras sean desplazadas o sean incluso amenazadas por los grupos delincuenciales, pero sí estamos identificando ya que hay un proceso familiar o de goteo, asociado a la represalia por la búsqueda (de personas)”.
El proyecto ‘Desplazadas, el olvido de las periodistas’, pide la legislación federal en el tema, así como la intervención del Estado durante las tres etapas del desplazamiento: antes, que implicaría la obligación de evitar que las personas sean desplazadas por la violencia. Durante, en caso de que ocurra el desplazamiento, el Estado sea el responsable de las condiciones de vida, un nivel de vida mínimo satisfactorio fuera de su lugar de origen. Y después de, elaborar una ley relativa al desplazamiento forzado para la prevención y garantía de no repetición.
Entre las entidades involucradas en la protección, en este caso de los periodistas, están los medios y empresas de comunicación.
“Hacer un llamado a las empresas, como lo decía Myrna (...) mientras las empresas de comunicación no se hagan cargo de lo que implica generar protocolos de autocuidado, de acompañamiento (...) el trabajo periodístico en la cobertura de seguridad pública y de violencia es un trabajo de riesgo, y requiere una respuesta de las empresas de comunicación... hay que capacitarse, hay que generar fondos, atender las propuestas que se hagan desde el Consejo Estatal de Protección, el mecanismo federal...”, finalizó Raymundo Sandoval, de Plataforma por la Paz.
LC
