Viuda acusa a la FGE de fabricar suicidio de su esposo tras su desaparición
Scarleth Pérez
León.- “Se suicidó, tenía mucha culpa por el fraude bancario que realizó”, así resolvieron el caso cuatro días después, por la desaparición y muerte de Jorge González Topete. A cinco años del hecho, su esposa Laura Elena Díaz Infante, acusa una investigación llena de inconsistencias. Pide la reparación del daño y la averiguación integral que en su momento “no se realizó debidamente”, apuntó.
“No tengo miedo”, dice Laura al exhibir su rostro pidiendo justicia por la muerte de su esposo. El 15 de noviembre de 2015 Jorge González dijo a Laura: “ya me voy gorda, al rato regreso a comer”, nunca volvió. Un día después lo encontraron muerto en la habitación de un hotel, en León.
Jorge era un buen tipo, un padre amoroso, responsable, y muy emprendedor, recordó su esposa; Licenciado en Contaduría Pública y director de la División Centro de Banca Privada en Banamex al momento de su muerte.
-Se intoxicó con una estopa y thinner. Bajo los influjos del solvente preparó un coctel de venenos y lo ingirió-, se leyó en la carpeta de investigación en el caso Jorge González Topete.
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A Laura no le cuadraban los supuestos datos recabados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Si bien acepta no haber sido ella quien identificó el cadáver, el informe en la carpeta de investigación apunta que Jorge fue localizado sobre la cama “tranquilo, sin sufrimiento y como si estuviera dormido”.
“Pero luego me enteré que si esa hubiera sido la causa de su muerte, su expresión sería de un gran dolor, vomito y diarrea de sangre porque eso infunde el raticida y los demás elementos de veneno que se encontraron”, dijo Laura.
Tal cual como la Fiscalía determinó la muerte de José, por envenenamiento, era la única manera de morir que su seguro de vida no cubría. “Tres años después de la muerte de José, le gané la demanda al seguro”, recordó Laura Díaz Infante, quien mencionó haber utilizado el dinero para contratar peritos y “hacer lo que la Fiscalía no ha querido hacer hasta el día de hoy”.
Lo que los peritos privados resolvieron
Tres años después Laura pudo conseguir una segunda opinión sobre la que era una muerte increíble según lo resuelto por la Fiscalía.
“Jorge no murió envenenado, nunca llegó el veneno a su torrente sanguíneo, porque se lo pasaron por una sonda ya muerto. Antes llenaron sus pulmones con thinner y con eso lo ahogaron”, relató Laura en conferencia de prensa.
Otra de las inconsistencias sobre el informe oficial, se identificó en el apartado en el que la Fiscalía apunta que, “Jorge estuvo solo, encerrado, seguro con tanto remordimiento por haber hecho un fraude y tenía tanta culpa, y que su cuarto tenía la palomita del seguro dentro y esa puerta era imposible que se abriera desde afuera”, recordó la viuda de González Topete.
“A petición mía se hizo una inspección en el hotel se demostró que el croquis que hizo el personal de la fiscalía era falso, porque se decía que en el cuarto no había posibilidad de acceso, pero el croquis no coincidía con la realidad, porque se afirmaba que en el lugar había un clóset y lo cierto es que era una puerta que comunicaba al cuarto de al lado. Desde ahí bien pudo acceder alguien.
Además, los peritos pidieron fotos de Jorge, y en la cadena de custodia también había una toalla con una mano pintada. Cuando un perito, que yo tuve que pagar, analizó esa toalla, se demostró que había ADN de por lo menos 4 personas, también en las fotos guardadas por la fiscalía se advierte que cabellos largos, unos oscuros y otros güeros. Además de sus fotografías se advierte que fue golpeado”, inconsistencias mencionadas por la señora Díaz Infante.
Laura aseguró que, en uno, de los dos teléfonos que tenía Jorge, se realizaron dos llamadas después de una hora él fallecido, “eso nunca lo investigaron”, apuntó.
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Entre las muchas otras cosas que los peritos privados entregaron como evidencia a Laura, asegura, le permitió ver que la información entregada por la Fiscalía fue manipulada.
Laura denunció a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hace dos años. Pide reparación del daño integral y moral, “pero el procedimiento se lleva en la misma Fiscalía y no se ha resuelto”, mencionó la viuda.
“Lo cierto es que no solamente sufrimos la pérdida de mi esposo y padre de nuestras hijas, también sufrimos la conducta dolosa de no querer investigar lo que realmente sucedió; esto es, se nos ha obstaculizado también el derecho a la verdad, sin que se justifique por la fiscalía la razón de su proceder que evidentemente obstaculiza derechos humanos.
En este estado donde nací no tenemos acceso a la justicia”, finalizó Laura su denuncia pública.
LC
