¿Y los niños? Son más de 14 mil casos rezagados en Juzgados Familiares en Guanajuato

Óscar Jiménez

León.– El último lustro de Miguel, Juan y Bertha tiene algo en común: lo han invertido, prácticamente dejándolo todo, para subsanar la batalla legal que mantienen por sus hijos. Y no, no han tenido sentencia tras el largo proceso en los tribunales.

Aunque muchas nociones del derecho a nivel internacional evidencian la necesidad de cumplir con el principio del interés superior del menor y otras situaciones donde se especifica la no revictimización, la prioridad y demás, en el estado de Guanajuato existen 14 mil 757 expedientes que se encuentran en trámite únicamente en los Juzgados de Oralidad Familiar, desde donde se desprenden muchas implicaciones para los menores.

Aunque no todas las acciones involucran a los hijos de manera directa al ejecutarse divorcios, embargos u otras condiciones, lo cierto es que en prácticamente todos los casos interfiere -indirectamente- la presencia de los hijos.

Algunos de estos conflictos, inclusive, han cumplido 9 años desde que fueron ingresados a los procedimientos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y aún así, no han tenido una sentencia definitiva, más que radicaciones.

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Deja un largo desgaste

Entre las situaciones que no han tenido justicia pronta se encuentran casos como un conflicto por guarda, custodia y convivencia, así como pérdida de patria protestad que se ha mantenido en Celaya desde 2013, u otra situación del mismo año que ha involucrado, además, alimentos y embargo de bienes en la ciudad de León.

Como éstos, hay por lo menos 170 casos que aún siguen sin resolverse desde los años de 2013, 2014 y 2015, de acuerdo con información obtenida por Periódico Correo a través de la Unidad de Transparencia.

Un caso similar es el que ha vivido Miguel; su situación se traslada a hace seis años y medio cuando su hijo fue sustraído por su madre, y desde ahí comenzó un proceso legal, que apenas muy recientemente, permitió que su hijo regresara para ahora mediar la convivencia.

“Un juicio así no debe de durar más de un año y medio, involucrando las tres instancias, para que el niño esté de regreso”, señala ante los trámites, la falta de capacidad y la tardanza en los recursos presentados, que es lo que al final, suele alargar los procesos. La última jueza ha sido buena, pero de toda forma estamos metidos en un sistema que no te deja avanzar bien, es muy lento. Los recursos tardan mucho en resolverse y eso le ayuda mucho a que quien pretenda dilatar las cosas, lo logre”, menciona Miguel.

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Radican 23 casos al día

En lo que va de 2021, los Juzgados de Oralidad Familiar de Guanajuato han recibido 7 mil 662 casos de los que se han formado expedientes que esperan una resolución. Esto significa casi 23 casos diarios, y que involucran situaciones como la pérdida de patria potestad, custodias, contradicciones de paternidad, modificaciones sobre convivencia, entre otros factores.

Especialistas advierten que este tipo de casos, donde se debe de priorizar a los menores, no deben tardar más de un año y medio en tener una sentencia. Incluso, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han manifestado en reiteradas ocasiones y mediante el marco legal, que las niñas, niños y adolescentes deben vivir una vida libre de violencia mientras se resguarda su integridad personal.

Esto no ocurre en casos como el de Pablo que inició en 2016 y un año después se le otorgaría una medida provisional para que pudieran convivir padre e hijo mediante se emitía una sentencia del juicio. Cinco años después, no hay ni siquiera sentencia de primera instancia y la medida cautelar no ha sido ejecutada a pesar de la insistencia. En la contraparte, a su hijo se la ha informado que su padre “está en el cielo”.

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“Incluso se le pidió a un juez por negligente la excusa, y el juez ya se excusó del proceso porque no le interesaba y no hacía las cosas para que saliera bien”, se señala desde el grupo que han conformado padres leoneses con la intención de ayudar en casos similares donde se deba de priorizar la atención a los menores.

El caso de Bertha es de los que se suman en ese listado, pues desde 2020 comenzó el proceso mediante expedientes por demanda de pensión alimenticia, pero que tampoco ha recibido sentencia de primera instancia; “Se tardó muchísimo el juzgado en notificarlo, lo cual me parece que por más que la otra parte ponga trabas, debe de tomar medidas para que esto se agilice”.

“Yo le echaría más la culpa al sistema porque no puede ser que este tipo de cuestiones se atrase tanto”, se manifestó.

Por lo pronto, mientras los conflictos continúan en los juzgados, los hijos se interponen como víctimas colaterales de la justicia que, en muchas de las ocasiones, avanza con la bandera de la lentitud.

Preocupa en abuso infantil en Guanajuato

La titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado (PEPNNA), Teresa Palomino Ramos, informó que durante la contingencia sanitaria los casos de maltrato infantil atendidos por este organismo incrementaron 120 por ciento.

Palomino Ramos indicó que en lo que va del año han atendido cerca de 300 casos de niñas, niños y adolescentes que sufren algún tipo de violencia en su familia, aunque subrayó que no todas fueron situaciones graves.

“Es que muchas veces las denuncias no necesitan ser graves; hay denuncias que no son por violaciones graves. La convivencia en casa incrementó la violencia”, mencionó la funcionaria.

Teresa Palomino explicó que la mayor cantidad de casos se concentran en los tres municipios con mayor población: León, Irapuato y Celaya.

La titular de la PEPNNA detalló que actualmente el estado tiene la tutela de 98 menores cuyos derechos fueron vulnerados por sus familiares, por lo que ahora viven en albergues o casas de cuidado a cargo del gobierno.