Sábado, 11 Enero, 2025

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AMLO, Diego y el fiscal

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1.- AMLO, Diego y el fiscal

Los señalamientos desde Palacio Nacional hacia el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, han perdido su valor. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convertido el tema en grilla vacía, estéril por no tener sustento en acciones reales.

Con su propio ‘fiscal carnal’ en la Fiscalía General de la República (FGR) y sin hechos más allá de la descalificación, se pierde la oportunidad para que la 4T fije equilibrios y hasta un freno para un Zamarripa encumbrado a través de una década, por el contubernio con la clase política de Guanajuato, desde el PAN-gobierno hasta la ineficiente oposición.

Fue justo en la coyuntura que le garantizó la Fiscalía a Zamarripa hasta 2028 –tras 10 años como procurador-, que el gobierno de López Obrador le apuntó sus críticas. Los primeros tres años del sexenio se convirtió en el enemigo público de Guanajuato, casi al nivel de los grupos criminales.

Los entonces secretarios de gobernación y seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo Montaño, además del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, advirtieron y denunciaron irregularidades del fiscal de Guanajuato en lo político y en lo público, pero no en lo formal.

Hoy, aquellos funcionarios federales que se sumaron a los señalamientos presidenciales, están ya en otros planos; los dos primeros en puestos de elección popular, el último sumido en rencillas personales.

Por eso las declaraciones de López Obrador nuevamente dedicadas a Carlos Zamarripa, obtienen relevancia en su retorno, pero no en su profundidad.

La respuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tampoco es más halagüeña. Se trata del titular del ejecutivo asumiendo al fiscal, supuestamente autónomo, como parte de su gabinete. Poniendo el pecho por él, le da la cobertura política suficiente para evitarle desaguisados.

Así, Zamarripa sigue inamovible. Se trata de un fiscal que bajo presión se rehace dueño del escenario. Deponerlo va más allá de un tema de aprovechamiento político para discutir un jueves de sesión en el Congreso de Guanajuato o una mañana en Palacio de Gobierno. Es un asunto que requiere sustento en acciones reales.

Carlos Zamarripa Aguirre

Ver nota: Diego Sinhue saca el pecho por Zamarripa; seguirá como fiscal ‘mientras de resultados’

2.- Notarios: acción de desagravio

Aún sin corregir las anomalías de origen, la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, libró un nuevo proceso para otorgar notarías auxiliares.

El resultado de este último ejercicio no hizo más que evidenciar las anomalías que en septiembre provocaron la molestia del gremio, ante la cerrazón de un grupo colegiado acostumbrado a fungir como cadenero de antro.

En septiembre, de 43 aspirantes que presentaron el examen para el cargo de notario auxiliar sólo cinco fueron aprobados por el Colegio de Notarios presidido por Alejandro Lara: Alfonso Montemayor Cornejo, David Benjamín Manríquez Sandoval, Mauricio Alberto Zepeda Padilla y Arturo Reyes Pérez.

El último en mención, provocó la ira de más de uno de los profesionales del derecho por ser esposo de la actual directora de Notarías, Ana Victoria Torres, quien se supone sería acreedora a una sanción administrativa de la que ya no se supo más.

Fue tal la presión del gremio, que el 24 de febrero se pretextó –no sin razón- que ante la disminución significativa del gremio de notarios en Guanajuato durante los últimos años, nuevamente se abriría el proceso para la designación de notarias y notarios auxiliares.

Ayer, tuvo verificativo el proceso completo. Como si se tratara de una acción de desagravio, con nuevos sinodales y esta vez con la supervisión del subsecretario de Servicios a la Comunidad, José Luis Manrique Hernández -quien debió estar pendiente desde un inicio- los resultados fueron notablemente diferentes.

Las conclusiones de la secretaria de Gobierno casi fueron una confesión de parte: “En un proceso transparente, sin incidentes y respetuoso de la legalidad (…) en el proceso 40 sustentantes obtuvieron puntuación necesaria para obtener la licencia de Notaría Auxiliar que está vinculada a la notaria principal”.

Aunque este proceso no subsana el déficit de notarios calculados en más de 200 posiciones, de momento la figura de auxiliar da legalidad a las funciones que en diferentes notarías se realizaba en ausencia del notario principal, quien ahora pone su FIAT como aval de las actuaciones que realizarán.

Carlos Zamarripa Aguirre

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3.- Otro panista en las USAE

Sin que se diera a conocer de manera oficial, el presidente del PAN en Manuel Doblado, Diego Castellano Torres, presentó su renuncia al cargo, para concentrarse en su cargo otorgado tras la victoria de su partido para la alcaldía: la Unidad de Servicios y Apoyos a la Educación (USAE).

Aunque no es reciente, en el municipio había trascendido que el líder del panismo presentó su renuncia a la dirigencia del partido.

Apenas el 21 de febrero presumió en sus redes sociales la construcción de las instalaciones del Comité Directivo Municipal, pero ayer el mismo Comité Directivo Municipal del PAN confirmó la renuncia:

“Diego Castellanos, quien venía desempeñándose como presidente del CDM de Manuel Doblado renunció por motivos personales y queda en la responsabilidad de la presidencia la secretaria general en funciones Selene Anahí Ruiz Ortega”, informó.

El tema es que este movimiento se da justo cuando se sobrelleva una escaramuza con el titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), el priista Walter Alonso León, quien señaló que el Ayuntamiento ahora panista no ha avalado el presupuesto, lo que ha provocado la falta de atención a los pozos en comunidades.

El gobierno de Blanca Preciado de momento ha salido al paso acusando que la mayor parte del presupuesto en realidad se destinaba a publicidad, por lo que los ajustes y reajustes son inminentes, con todo y el costo político.

Es en medio de estos procesos que la grilla política sobrevive, mientras el dirigente partidario se retira, fuera del foco público a vivir plácidamente de la burocracia.

Carlos Zamarripa Aguirre

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Contra retrato

Ruth Tiscareño Agoitia

Países de Asia contemplan dentro de sus derechos laborales ‘permisos menstruales’. En España es un proyecto en vías de mejorar. Un tema tabú, ha sido abordado y estudiado en varias naciones con la naturalidad que amerita, porque de acuerdo con estudios de la revista British Medical Journal, 14 por ciento de las mujeres y personas menstruantes sufren molestias inhabilitantes al llegar su periodo, y su productividad se ve afectada hasta en un 33 por ciento.

Esta iniciativa llegó de forma sorpresiva al Congreso local de Guanajuato a través de la diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

La legisladora, líder del tricolor en el estado, propone una reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, que sólo aplicaría a la esfera gubernamental.

Tiscareño argumentó que los prejuicios en torno a la menstruación “perpetúan las desigualdades de género”. Sin embargo, otorgar este permiso únicamente a quienes laboran para el estado y los municipios, también fomenta la inequidad y otorga privilegios a un sector, fomenta los “tratos diferenciados o preferenciales” que busca combatir.

La priista no había alzado la voz en temas que competen a las mujeres hasta ahora. No es parte de la llamada bancada feminista del Congreso, integrada por su correligionaria Yulma Rocha, Dessiré Ángel de Movimiento Ciudadano y Martha Ortega del PVEM.

Es inevitable que su postura recuerde al mal disimulado oportunismo de la fracción panista, que en varias ocasiones ha recurrido al feminismo para lucir menos conservadora, mientras frena o posterga temas como la legalización del matrimonio igualitario y del aborto.

¿Qué hay detrás de la repentina actitud ‘progresista’ de Ruth Tiscareño, a quién busca complacer?

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