Cárteles y violencia, la crisis que no para
1.- Cárteles y violencia, la crisis que no para
El 29 de octubre se publicaron evidencias de la capacidad de operación de un grupo criminal como el Cártel de Santa Rosa de Lima. Una clínica para atender a sus heridos o la renta de casas fueron exhibidas en medios nacionales. Ayer, diez días después, el referido nosocomio fue atacado por los rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esta información es parte de los cientos de reportes y fichas de los correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a cargo de Luis Crescencio Sandoval, por el grupo “Guacamaya”. Es decir, el seguimiento ya estaba dado por la dependencia que de facto dirige la Guardia Nacional, sin que se ejecutara alguna acción específica.
Se trata de la clínica San Fermín ubicada en Celaya a la salida a Salvatierra. Justo ayer fue atacada por delincuentes que rafaguearon la fachada del establecimiento y luego rociaron un líquido inflamable al que prendieron fuego, ocasionando un conato de incendio. Pero el mensaje estaba dado y la repercusión de la publicación quedó más que clara.
El hecho coincidió con el anuncio de la captura de Rodolfo Yépez “el Rodo” o “Rudy”, hermano del José Antonio Yépez Ortiz, el encarcelado líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La detención fue en Tecate, Baja California, junto a otros tres sujetos más en un punto de revisión con 60 mil dólares en efectivo, así como 40 mil 500 pesos.
Todo lo anterior evidencia la deliberada actuación de los grupos criminales, ante los ojos del gobierno estatal y federal, que hace apenas unas semanas repartían culpas sobre la violencia y la inseguridad.
Detenciones van y vienen, pero tanto uno como otro grupo delincuencial se mantienen actuando en la impunidad, incluso en puntos donde la previsión era evidente tras la difusión de datos delicados tras un bochornoso caso de infiltración digital a los archivos de la SEDENA.
¿Qué impacto directo ha tenido el encarcelamiento de líderes criminales para el cese a la violencia? Hasta ahora, si acaso, es uno muy limitado. Los hechos de violencia se mantienen así como la capacidad operativa de los cárteles. Ello no puede ser más que la prueba inequívoca de la crisis que persiste en los caminos de Guanajuato.
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2.- La increíble estafa de las cuotas escolares
El cobro de las cuotas escolares y demás “cooperaciones voluntarias”, solían ser una práctica más común que excepcional. Argumentadas con las carencias no subsidiadas por la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación de Guanajuato, las escuelas las han exigido aún con su prohibición.
Sin embargo, al quedar fuera de la ley, las cuotas se establecieron como un mecanismo de acuerdo directo entre las direcciones de los planteles y los padres de familia. Su realización ha evidenciado un deslinde de facto permitiéndolo a pesar de los problemas que comúnmente provocan en los centros educativos públicos.
Tal es el caso de la escuela Ignacio Allende ubicada sobre carretera Panorámica en Guanajuato capital incluida en la delegación regional IV de la SEG. Ahí denunciaron el desfalco de casi un millón de pesos por parte de la extesorera de la mesa directiva de este plantel educativo, Martha Leonila Acosta Fernández.
Según acusan, la exfuncionaria de la escuela tomó dinero de las cuotas voluntarias y el dinero recaudado en eventos como kermés.
Sin la intervención de las autoridades educativas, se inició un proceso en contra de la extesorera que según lo informado a los padres de familias, aceptó el robo. Incluso, afirmó que se “compromete a pagar en abonos”.
El insólito caso también incluye un ingrediente de falsificación, pues para perpetrar dicho desfalco, Leonila Acosta tuvo que simular la firma de quien era presidenta de la mesa directiva para poder retirar dinero de la cuenta que se manejaba con una chequera.
Los recursos eran imprescindibles para cubrir servicios e infraestructura del plantel público, sin embargo, se trata de una situación que se cocinó durante cuatro años acumulando recursos y desvíos.
Para colmo, la dirección del plantel indicó a los padres de familia que lo único que se va a poder pelear es lo que estaba en el banco, unos 300 mil pesos, porque es lo único que se puede comprobar. Así es, hubo dinero recaudado que no se documentó.
Parece increíble que a estas alturas, la falta de vigilancia prevalezca sobre una actividad normalizada pero ilícita. Más tareas pendientes para la SEG.
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3.- Piloto de consulta: la buena y la mala
Ayer se efectuó un importante ejercicio que permitiría establecer nuevos mecanismos de consulta ciudadana, tanto en su contenido como en su ejecución. Sin embargo, la falta de difusión, dejaron sus resultados inservibles.
En los municipios de Yuriria, Santiago Maravatio y Moroleón, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la consulta ciudadana sobre la satisfacción de los servicios públicos municipales mediante urna o boleta electrónica.
Aunque el ejercicio era abierto a la ciudadanía, los datos oficiales indican que en Santiago Maravatío sólo hubo 130 participantes, en Yuriria 199 y en Moroleón 234.
El propio vocal ejecutivo del Junta Distrital 10 Juan Carlos González Reyes, admitió que la afluencia fue pobre. Los funcionarios del INE tuvieron que hacer labor de convencimiento entre los ciudadanos que, sin mayor información previa de los municipios, mostraron un desinterés lapidario.
De manera que los resultados de la consulta, bien podrían documentarse pero sin un valor sustancial, pues nadie ‘salió reprobado’.
La buena noticia es el uso de la urna o boleta electrónica de votación. Es, de hecho, una añeja petición realizada por la sociedad civil y actores políticos, en busca de modernizar y economizar los procesos electorales.
En ese sentido la aceptación de la boleta electrónica se topa de frente con la desconfianza histórica en estos procesos. En ese sentido, el 80 por ciento obtenido a favor del voto electrónico, al menos, ya da un indicador.
Al final, se trató de un pilotaje necesario, pero que requerirá de mayor difusión para su aplicación. Nadie podría estar en contra de medir los servicios públicos, pero el avance será mayor si esto tiene algún efecto vinculante, con resultados otorgados por una plataforma tecnología a prueba de errores.
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CONTRA RETRATO
Héctor Díaz Ezquerra
Su falta de experiencia en el tema de las personas desaparecidas, era una de las principales críticas que le lanzaron los colectivos de familias, cuando fue designado al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda en 2020. Sin embargo, ahora se revela que otra de las grandes falencias de Héctor Díaz Ezquerra es la falta de planeación y programación.
Medios nacionales dieron a conocer que en dos ejercicios presupuestales, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas devolvió a la federación 9.6 millones de pesos no ejercidos de los subsidios federales recibidos en 2020 y 2021. Es decir, casi el presupuesto completo que recibe únicamente del estado.
Semejante cantidad, fue explicada cándidamente en una ficha informativa en la que calificaron el subejercicio como un ahorro.
Lo cierto es que de los 14 millones de pesos que recibió en 2020, sólo se ejecutó el 38 por ciento al devolver la friolera de 5 millones 953 mil pesos. Mientras de los 12 millones recibidos en 2021, se utilizo el 70 por ciento y se regresaron 3 millones 640 mil pesos.
Tal nivel de ineficiencia no puede ser ignorado. Hablamos de alguien que fue coordinador administrativo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, cuyos procesos burocráticos son el pan de cada día.
Por todo lo anterior, no se puede pasar por alto que la falta de planeación derivaron en la ineficiencia del presupuesto y posteriormente del gasto programado. Con tantos pendientes por cubrir, Díaz Ezquerra se haya ahora ante el reto de operar de forma eficiente, una dependencia que sólo puede permitirse dar resultados.
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JRP
