Caso Ernesto Méndez: estampa de un municipio vulnerable
1.- Caso Ernesto Méndez: estampa de un municipio vulnerable
Una nueva masacre en territorio estatal cobró la vida del periodista Ernesto Méndez en San Luis de la Paz. Este se encontraba junto a otros cuatro hombres en su local, cuando un grupo armado arremetió contra ellos; el comunicador y las otras tres víctimas perecieron en el lugar.
Es una escena no desconocida en otros municipios de Guanajuato, donde la crisis de violencia se extendió más allá de su llamado corredor industrial, hasta calar en localidades del norte y sur, cuyas estructuras de seguridad son poco menos que insuficientes.
Este es el caso de San Luis de la Paz cuyo alcalde priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez, apostó a atribuir y justificar el suceso acusando que se realizó un convivio en un establecimiento que no tenía permiso de bar, sólo de venta de cerveza cerrada.
“No se va acabar el problema de seguridad si la gente no comprende dónde está”, sentencio el edil que justo días antes, había asignado a Ernesto la concesión de la organización de los eventos de la Feria del Noreste que –faltaba más- seguirá sin cambios.
Realizando conjeturas sobre el giro del negocio en el que las víctimas se encontraban, aun sin un solo avance en la investigación del reciente siniestro, el edil decidió irse contra estas en un deslinde categórico sobre el trágico hecho de violencia, del que no descartó o afirmó que esté ligado a la actividad empresarial y periodística de Ernesto.
Pero no se puede olvidar que se trata del mismo alcalde que hace unas semanas se reconoció incompetente ante la inseguridad, pues “los policías no quieren ser policías”, para luego reprochar que “la gente vea solamente lo malo y no valore acciones”.
A todas luces, justificaciones manifiestas de un alcalde que ya va para su segundo trienio.
Por lo pronto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo condenó los hechos y fijó la mirada en los acompañantes de Ernesto Méndez a la hora del ataque, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre reaccionó con un comunicado para anunciar que ya se encontraban en las pesquisas del caso.
No hay que dejar de lado que esto se da precisamente cuando el gremio de comunicadores de Guanajuato sigue esperando justicia por el caso del excamarógrafo Enrique Sosa Martínez, quien también fue asesinado hace más de 15 días en la ciudad de León.
Ambos casos, igual de terribles y lamentables, son distantes en sus formas y motivaciones. Pero tanto en uno como en otro, prevalece la violencia impune.
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Caso Ernesto Méndez: estampa de un municipio vulnerable
2.- Ediles en picota: de casos a casos
De manera inédita, tres ediles de tres municipios diferentes que han faltado continuamente a sus sesiones de Ayuntamiento, se encuentran envueltos en procesos de revocación de su mandato, como parte ineludible de las crisis políticas que persisten en los cabildos.
El 30 de junio, el Congreso de Guanajuato aprobó la revocación del mandato de regidor al también excandidato del Partido Nueva Alianza, Antonio Martínez Rodríguez, quien aparentemente sin aviso previo ni mayor despedida, se fue a Estados Unidos. Sin duda causó extrañeza por que llegó a esa posición al avivarse y repetir nombre en su planilla.
Ayer, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, recibió la solicitud de revocación de mandato en contra de la regidora del PRI, María Llerena Nieto Olvera del municipio de Santa Catarina, acusada de faltar hasta en 13 ocasiones sin justificación.
Pero este caso tiene su grilla detrás.
Resulta que Nieto Olvera es la principal oposición de la alcaldesa Sonia García Toscano, quien ha sometido a su Ayuntamiento a excepción de la priista ubicada como su mayor crítica, mientras sigue como docente activa. Al programar las sesiones de cabildo en horarios en los que no podría acudir, buscará quitársela de encima.
El tercer caso se trata de otra pugna entre alcalde y síndica en Cortazar. Pese a provenir del mismo PAN, Ariel Corona Rodríguez, sostiene desavenencias directas contra Ana Isabel Aguilar Capulín, a quien acusan de tener más cercanía con la fracción de Morena además de sumar al menos cinco faltas a sesiones, cuatro de ellas sin justificar.
Aguilar Capulín presenta una circunstancia similar a la de la regidora de Santa Catarina, al al ser maestra en el turno matutino de 8 a 14 horas en la Telesecundaria 436 del municipio de Villagrán, por lo que no acude al Ayuntamiento en ese horario.
En este caso los desplantes son continuos, por eso la síndica denunció que es víctima de violencia política de género, pues desde el proceso electoral comenzó a haber “señales de discriminación”. Ellos, señaló, buscan enfadarla para que su lugar lo tome la suplente María Andrea Aguilar Oviedo.
Como era de esperarse, Ariel Corona negó estás acusaciones sin entrar en detalles, aunque se sabe que su equipo ya prepara la solicitud de revocación de una vez por todos.
Son tres casos de ediles en picota. Tres casos donde queda clara la contradicción de defender un cargo para el que no disponen de tiempos completo, mientras sus administraciones se cuelgan de esa falencia para simplemente, hacerlos a un lado.
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Caso Ernesto Méndez: estampa de un municipio vulnerable
3.- El acecho contra la policía comienza a rotar
Aunque funcionarios como el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, ofrecen explicaciones particulares que pretenden romantizar el grave riesgo que tiene a Guanajuato nuevamente como primer lugar absoluto en asesinatos de policías, las verdad es que esta violencia dirigida debe tomarse más que enserio.
Si se ajusta el foco en los al menos 32 agentes caídos en lo que va del año, junto con los registrados en años anteriores, estos atentados parecen encadenados en rachas concretas que se posan de vez en vez en las ciudades más grandes del estado.
Podemos pasar de dos o tres en León, para luego dar cuenta de rachas de dos o tres agentes incluyendo a mandos directivos en Irapuato, para luego pasar a Celaya que desde hace dos años es foco rojo de ataques contra sus elementos de seguridad pública.
En menos de 24 horas del asesinato de un policía municipal de Celaya atacado en una caseta de vigilancia rumbo a San Miguel Octopan. El último desaguisado fue contra elementos de la corporación en plena zona centro, donde un elemento resultó herido.
Se trata de un problema acumulado, que ya ha comenzado a inhibir el urgente fortalecimiento de la policía municipal, pues sólo en lo que va del inicio de la administración de Javier Mendoza al 15 de julio, se han dado de baja a 256 policías municipales.
La Oficial Mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que a la par de las bajas en la Dirección de Policía, también se han dado 202 altas. Es decir, persiste un déficit de al menos 52 elementos.
Por supuesto, Rivera Peralta tiene su propia realidad. Sostuvo que estas bajas son “movimientos de fortalecimiento de la corporación policiaca que no afectan en la operatividad”. Pero se antoja difícil con ataques y ejecuciones de elementos a plena luz del día.
Al final, se trata de uno de los flancos de la violencia en Guanajuato de los que no se debe apartar la vista en su rotación por los municipios.
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Caso Ernesto Méndez: estampa de un municipio vulnerable
CONTRA RETRATO
Antonio Navarro Padilla
Tenía la misión de demostrar la valía de un Instituto Estatal de la Juventud, utilizado como incubadora de nuevos cuadros en el PAN, además de mostrar resultados con un presupuesto limitado a sus funciones operativas.
El francorrinconense Antonio Navarro Padilla entró al relevo con el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la paraestatal Juventudes GTO, caminando hacia sus propias aspiraciones políticas pero entrando por el pasillo de la institución que le tocó en suerte dirigir.
De su gestión, al menos se puede decir que logró borrar esa imagen de figura decorativa –o hasta simuladora de apoyo a la juventud- para tener sus propias metas y objetivos. Misión difícil si se toma en cuenta que se trata de una dependencia metida en el costal de las no prioritarias por el presupuesto federal.
Ayer Navarro Padilla dio cuenta de 9 mil 400 becas para jóvenes guanajuatenses, a través de firmar convenios de colaboración con 18 instituciones educativas de Estados Unidos, Canadá, Lituania, Países Bajos y Japón. Ya suman 52 convenios con igual número de escuelas en 12 países.
Reconoció que la pandemia de covid-19 frenó la salida de muchos beneficiarios, por lo que este año había 800 en espera de poder concretar su experiencia internacional, por lo que al cierre del 2022, hayan podido lograrlo 600 de ellos.
No se puede negar que son cifras importantes para una dependencia que sin mucho alarde, se mantiene activa pese a crisis y recortes presupuestales.
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JRP
