Cuando la pauta la ponen los ciudadanos
1.- Cuando la pauta la ponen los ciudadanos
Miles de millones de pesos se van en presupuestos para “reconstruir el tejido social”. Bibliotecas, centros culturales, escuelas, centros sociales –Impulso les decían, ahora GTO Contigo Sí-, entre otros variados conceptos, son construidos y abandonados casi como un ciclo sin fin entre sexenios y trienios según sea el caso.
Por eso cuando ciudadanos que viven contextos de inseguridad y violencia, deciden organizarse para reactivar esta infraestructura pública acumulada, es notorio y hasta meritorio, pues con sus acciones evidencian la negligencia gubernamental en pleno.
Así lo fue con los vecinos de la colonia Arboledas de San Rafael, cuya etiqueta de foco rojo no ha sido suficiente para tomar en cuenta las instalaciones de la extensión de la biblioteca municipal que hay en esa zona. Un pequeño elefante blanco en desuso.
Bien sabemos de enormes elefantes blancos en Guanajuato, obras que vieron su resplandor solo en su inauguración o primera piedra, pero que poca utilidad se les aprovechó con el tiempo. Pero bien valdría revisar aquellos enclavados en zonas urbanas y suburbanas, que prometían prever y atender necesidades sociales.
En el caso que nos ocupa, el gobierno de Javier Mendoza Márquez es requerido para habilitar estas instalaciones que mucho ayudarán a impartir talleres y cursos para niñas, niños y adolescentes. Sólo que al paso del tiempo el edificio presenta hundimientos y daños estructurales.
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Es importante destacar que la falta de un espacio, no ha sido un impedimento para que los vecinos de Arboledas de San Rafael realicen las actividades que, confían, ayuden en buena medida a reducir la inseguridad y el consumo de drogas.
Ejemplos como este hacen recordar otras iniciativas ciudadanas que evidenciaron el olvido oficial.
En León por ejemplo, donde el comité de colonos de Brisas del Carmen libró un batalla en los tribunales, para que el gobierno entonces encabezado por Héctor López Santillana le garantizara nada menos que seguridad publica. Ganó un amparo y con ello el municipio tuvo que ceder a contrapelo en un solicitud que fue denegada originalmente.
En la misma ciudad pero en la comunidad Fracciones El Guaje, considerada una colonia altamente delictiva, con problemas de robos y violencia, redujo su conflictividad a partir de rescatar una cancha de futbol ocupando una amplia convocatoria vecinal, además de una cantidad indeterminada de llantas de desecho.
Lo dicho, cuando la pauta la ponen los ciudadanos, no se debe romantizar su participación ‘pese a todas sus dificultades’, pues lo que hay detrás es un cúmulo de abandonos y negligencias oficiales.
2.- ¿Qué ocurrió en el penal de Ocampo?
Por enésima ocasión, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, en Ocampo, enfrenta acusaciones por incomunicar a sus internos, esta vez, de forma general, absoluta y sin justificarlo debidamente a los familiares que justo fueron desalojados del lugar, el día que inició esta veda.
El Cefereso de Ocampo es uno de los 18 instalados en todo el país y uno de los ocho concesionados a empresas privadas.
Todo fue muy misterioso. El pasado lunes 5 de agosto, justo en horario de visitas, una alerta en el Centro Penitenciario movilizó a los cuerpos de seguridad. Se escucharon detonaciones de arma de fuego y luego llegaron dos ambulancias.
La familias presentes fueron retiradas por los cuerpos federales. Por el caos la información mínima proporcionada en ese momento fue que había “situaciones de riesgo”. Desde ese momento las familias no pueden contactar a sus internos ni visitarlos. No hay llamadas al exterior.
No es para menos. El código negro se refiere a un estado de alerta para los Ceferesos en México; el código rojo anuncia el inicio del protocolo de sellamiento y asistencia de corporaciones de seguridad en estos penales.
Justo el pasado 3 de agosto, Hazael Ruiz Ortega fue nombrado titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, encargado de velar por el funcionamiento de cada una de estas prisiones de máxima seguridad, ahora con la postura crítica que ha expresado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de las sociedades público privadas en el tema.
Es preciso recordar que desde 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó, por primera vez, revisar un amparo que reclama violación sistemática de derechos humanos de internos en un penal federal de alta seguridad. Esto por un amparo promovido en 2014 por 39 reclusos que acusaron tortura.
Otro caso: en octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Mario Aburto Martínez como víctima de tortura, incomunicación y de violaciones al debido proceso penal, por lo que ahora urge a la reparación de los daños al ahora interno en el Cefereso de Ocampo.
¿Qué pasó esta vez en el penal federal de Ocampo? Brotes de violencia no son nuevos y la obligación de comunicar lo ocurrido sigue sin atenderse.
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3.- El Estado que “no confía” en las buscadoras
La frase que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lanzó ofuscado a una madre buscadora de un joven desaparecido, es sin duda la estampa de un Estado Mexicano que no sólo no ha resuelto y detenido de la desaparición de personas; tampoco ha dado la mano a las decenas de colectivos conformados en el país.
El “no confío en usted”, es sin duda una expresión inequívoca, cruel y desparpajada del gobierno de la cuarta transformación frente a esta tragedia humanitaria que, a través de los años, acumula más de 103 mil personas desaparecidas a nivel nacional y que ya superan las 3 mil en Guanajuato.
Pero esta expresión textual, no dista mucho de las posturas reales de los gobiernos estatales y municipales –Guanajuato incluido- , que a lo largo de los años de lucha y búsqueda, los colectivos han sido colocados como opositores políticos.
Colocar en calidad de opositoras a una agrupación de familias, víctimas indirectas de la violencia descontrolada por el vacío y/o la colusión oficial, ya es mucho decir. Significa deshumanizar la causa, ponerle una etiqueta política y olvidar el fondo de una deuda social que cada administración reniega para asumir.
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Concretamente en Guanajuato, cabe citar la manifestación pacífica de madres buscadoras que fue avasallada a la fuerza en junio de 2020 por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes detuvieron a cuatro de ellas.
De forma paralela, la entonces diputada local, Libia Denisse García Muñoz Ledo, trataba de negociar con una fracción del colectivo para simular acuerdos y atenciones efímeras, segura ella de que trataba con una causa negociable. Hoy en la Secretaría de Gobierno, enfrenta la justificada exigencia de 17 colectivos.
Sin duda no cabe esta postura en contra de mujeres, niños y hombres que han asumido la tarea que le toca al gobierno para rescatar a sus familiares, vivos o muertos, además de brindarles reparación. Sencillamente, colocarles en otra tesitura es no ver la despiadada realidad que la omisión y la complicidad criminal ha construido.
CONTRA RETRATO
Ernesto Prieto Gallardo
Su silencio tras el último proceso interno de Morena dice mucho. Guerrillero incontrolado persiguiendo la dirigencia estatal que ostentó en dos procesos legislativos, hoy sólo figura como uno más de los connotados personajes que buscan defender sus cotos trabajados a través de sus estructuras.
Ernesto Prieto Gallardo, hijo del actual director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, buscó reclamar para sí mismo el liderazgo absoluto del partido de la cuarta transformación en Guanajuato, pero este no se compra en la esquina y mucho menos se hereda.
Libró prácticamente una batalla política contra cada personaje que atentara con destronarlo, o de plano, no siguiera su proyecto de fondo.
Alma Alcaraz Hernández o Ricardo Sheffield Padilla, por mencionar algunos, fueron esos personajes que le fueron incómodos distrayéndolo de la que se supone, era la causa mayor de Morena en Guanajuato.
Hoy Prieto Gallardo apunta a la salida. Sin cartas en la mano para buscar mantenerse a toda costa en la dirigencia estatal, o bien, para dejar a un allegado que le secunde, buscará “ascender” en Morena para llegar a una posición en el Comité Ejecutivo Nacional o donde las relaciones mejor lo ubiquen.
Su papel en Guanajuato, ahora se mantendrá reducido a jefe de una fracción que deberá poner a trabajar cuando se lo requieran los jerarcas morenistas. De momento, es ya un dirigente en su recta final.
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