Culiacán, el espejo de la realidad
1.- Culiacán, el espejo de la realidad
El pánico se apoderó de Culiacán con la reacción del Cartel de Sinaloa ante la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El arresto fue llevado a cabo de madrugada en el municipio de Culiacán, en el norte de México, lo que desató episodios violentos en la zona como bloqueos de carreteras, balaceras, incendios de vehículos y hasta disparos contra un avión de Aeroméxico.
Según el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, los operativos dejaron al menos un miembro de la Guardia Nacional muerto y una treintena de heridos -incluidos tres civiles-.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró en conferencia de prensa que Guzmán fue detenido cuando circulaba junto a otras personas armadas en camionetas y que respondieron con “agresión armada” a los guardias nacionales desplegados al lugar.
Por supuesto, nadie duda del logro que significa una detención de tal calibre. El problema es que lo que prevaleció en buena parte de Sinaloa fue la sensación de un estado fallido. Una sociedad vulnerable al despliegue de un grupo criminal.
Culiacán fue sitiado por el crimen y esto hace pensar en el papel de los gobiernos locales y estatales. La necesidad de que estos respondan a la altura de la circunstancia con el correspondiente respaldo y coordinación con el gobierno federal.
La complejidad radica en que no hay más confianza entre los niveles de gobierno. Ya sea por diferencias políticas o los temores de infiltración del crimen.
Guanajuato ve a Culiacán consiente de su propia crisis, cuyas intervenciones de la Guardia Nacional, tampoco se han reflejado para contener la violencia que persiste e irrumpe en la vida cotidiana de civiles inocentes, precisamente como ocurre en Sinaloa.
La gran diferencia está en el momento coyuntural. La detención de Ovidio es una misión concreta federal, que quedó como cuenta pendiente. En Guanajuato los hechos de violencia son parte de un recrudecimiento gradual, hasta ahora indescifrado para los tres niveles de gobierno.
Los complejos engranajes de la criminalidad crecen desde lo local, hasta llegar a una esfera nacional. Ahí Guanajuato se debate entre las reacciones iracundas y los intentos de coordinación interrumpidos por acusaciones entre el estado y la federación.
Por todo ello, Culiacán resulta un espejo en el que habrá que advertir un riesgo latente.
2.- El fantasma de El Zapotillo
Justo cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adelantó planes y redistribuyó el agua de cuatro cuencas para surtir a 17 municipios de Guanajuato, los intentos para aferrarse a la obra de la presa el Zapotillo resurgieron de la mano de activistas que antes lograron fallos a favor en contra de la militarización de la Guardia Nacional.
Las asociaciones ‘Uniendo Caminos’, ‘Fuerza Ciudadana’, ‘Jóvenes por la Democracia’ y Amigos por la Libertad’, así como la firma jurídica AC & AC, nuevamente se unieron para emprender más de 50 solicitudes de amparo contra la cancelación de los beneficios del desarrollo hidráulico para Guanajuato, para concentrarlos en Jalisco.
En verdad parece una causa perdida. Se trata de una movilización legal que no cuenta con los mismos sustentos que su anterior controversia, en contra del decreto para extender la jerarquía del Ejército en la seguridad pública. Ni siquiera el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está en sintonía con el reclamo del Zapotillo.
No sólo eso, presentaron su desaprobación en el Plan Agua Sí del gobierno estatal, al considerar que la opción de la Presa Solís no es viable porque no se alcanzaría ni a dotar de agua a la ciudad de León.
Aún sin los datos duros a la mano, los activistas concentraron su embestida jurídica en la falta de respuesta para reconsiderar el proyecto original de la Presa El Zapotillo, así como en el respaldo de 500 personas en sus solicitudes de amparo.
Cabe resaltar que la única figura pública que ha expresado su resistencia para recuperar los beneficios de la Presa El Zapotillo es el presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Antonio Morfín Villalpando, quien se ha negado a dar por terminado el tema.
No obstante, el carpetazo al tema es más que inminente con la autorización de la quiebra de la influyente empresa española Abengoa en México, por parte del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla. Dicha empresa renunció hace más de cuatro años a la concesión del acueducto El Zapotillo, dando cerrojazo final.
Por ahora en Jalisco se enfilan a la puesta en marcha de la presa, mientras en Guanajuato su fantasma ronda como un pendiente que ahora se tornará económico, con las respectivas indemnizaciones por las aportaciones a un proyecto fallido.
3.- FGE y SSP: impunidad por complicidad
La protección que se brindan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Alvar Cabeza de Vaca Appendini, y la fiscalía general del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre, se visualiza con mayor nitidez al acumularse casos de impunidad con el desparpajo de quienes se asumen intocables.
En el asunto penal de las familiares de personas desaparecidas que fueron reprimidas en julio del 2020, la FGE ha decretado el no ejercicio de acción penal en dos ocasiones, mismas en las que las agraviadas han logrado remontar esa decisión.
En la última impugnación la jueza de control penal le indicó varias tareas a la fiscalía antes de volverse a pronunciar sobre si ejercita acción penal o no.
La primera de era recabar las sábanas de conversaciones que tuvieron los mandos con los policías de a pie el día de los hechos. Sobre esto la FGE indicó que ya consultó a las compañías telefónicas y no tienen la información porque ha pasado mucho tiempo.
En cuanto a la cadena de mando, desde un inicio los policías de a pie han referido que nadie les dio indicaciones de reprimir la manifestación, que actuaron motu proprio, pero dentro de la misma carpeta está la declaración del visitador de la CNDH que señala directamente al director de la Policía Estatal de Caminos, Jorge Rodríguez Santibañes.
La fiscalía informa que los policías de pie insisten que nadie les dio la orden; se ordenó también declarar a otros elementos policiacos que estuvieron en el lugar de los hechos, pero no obtuvo ningún dato novedoso.
El 15 de diciembre, Liliana Martínez Sandoval, Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede y Base Guanajuato de la Primera Región del Estado, dio por cumplidas las órdenes dictadas por lo que restaría esperar la audiencia de resolución.
A estas alturas, en el mejor de los casos se prevé en el mejor escenario que se judicialice la carpeta, pero solo a policías de a pie, pero sin tocar a un solo mando. En el peor de los escenarios se podría decretar por tercera vez carpetazo a la investigación, pero en esta ocasión ya será muy difícil volver a remontar.
CONTRA RETRATO
Mauricio Trejo Pureco
Comenzó su administración abriendo fuego contra giros particularmente dedicados al turismo en San Miguel de Allende. Dispuesto a desaparecer a los actuales prestadores del transporte turístico, dinamitó una relación que ahora decidió escalar al gobierno estatal.
El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, ayer culpó al gobierno estatal que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de solapar a los turibuses que con llantas desgastadas circulan por las calles de San Miguel.
Desde finales del 2021, Trejo les envió un documento para avisarles que no podrían trabajar durante el último fin de semana del año, debido a la afluencia de turismo. Al empezar el 2022 detuvo y decomisó sus unidades. Continuó con las estrategias para sacar del centro la zona de abordaje y descenso de clientes en la calle Juárez.
Definitivamente el alcalde sanmiguelense decidido está a mantener las presiones contra un sector que no encuentra tregua –literal-.
Siendo un prominente miembro del sector hotelero de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo ha promovido una confrontación que, con las declaraciones de ayer, no terminará en el corto plazo.
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