De asesinatos ‘accidentales’ y cosas peores
1.- De asesinatos ‘accidentales’ y cosas peores
Como si se tratara de una ‘obra divina’, la extraña incidencia de los homicidios catalogados como culposos “con otro elemento” cayeron estrepitosamente desde 2021 en Guanajuato.
Esta caída es incluso más drástica que los homicidios dolosos, cuya reducción ha merecido la vanagloria de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que han sustentado en esas cifras un supuesto avance en las políticas de seguridad emprendidas a partir de 2018.
Pero de los homicidios culposos no hay ningún orden de gobierno que los aborde, a pesar de que a partir de 2015 –año en el que cambió la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp)- el estado suma la friolera de 6 mil 982 víctimas.
Ojo. No hablamos de accidentes de tránsito, con arma de fuego y arma blanca, que ya están especificados en la estadística mensual; se trata de aquellos homicidios “accidentales” cuya forma no está especificada en los reportes que obligadamente tiene que entregar la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
Al menos durante cinco años, Guanajuato lideró ese tipo de asesinatos con cifras completamente atípicas. El año 2017, cuando la violencia terminó por configurarse con la disputa por el robo de combustible, este tipo de homicidios alcanzó su pico más alto con nada menos que 1 mil 908 víctimas.
Lo increíble de estos números no generó la más mínima explicación por parte de Zamarripa, del exgobernador Miguel Márquez Márquez o de la administración actual, pero sí las sospechas sobre un alevoso maquillaje de cifras. Estos homicidios culposos, no tendrían porqué seguir la misma dinámica de la violencia criminal ¿o sí?
En 2019, expertos como Eduardo Guerrero Gutiérrez advirtieron la manipulación de cifras en los estados, principalmente los casos de Guanajuato y Ciudad de México, señalando puntualmente las cantidades anómalas de este delito. No hubo respuesta alguna. Las acusaciones del gobierno de la 4T afloraron, pero no hubo respuesta ni denuncia formal.
Tanto en la CDMX como en Guanajuato, son las coyunturas políticas las que han provocado un punto de quiebre en esta clasificación, ambos comenzaron a reducirse con cambios de gobierno, sólo que en en el segundo hay un fiscal como Carlos Zamarripa, que es responsable directo de estas cifras.
Los homicidios ‘culposos con otro elemento’, son sin duda uno de los grandes cabos sueltos de la estadística violenta de Guanajuato, que quizá esconda una realidad aún más cruenta que la reconocida en las cifras oficiales.
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2.- El notario del Rotario
La ilícita división y posterior venta de terrenos que el municipio de León donó en 1997 al Club Rotario Ejecutivo, no pueden ser tomados como una ‘inocentada’. Se trata de una operación ejecutada por una organización en pleno decaimiento, consentida por funcionarios públicos y, una vez más, por un fedatario público.
Desde 2014 las actividades de esta organización cesaron. Pero la propiedad de los dos predios se mantuvo en su poder, sin que ninguna instancia municipal detectara que tras 17 años, no se cumplió con el objetivo para el que les fueron concedidos. Pasaron otros siete años y todavía se tuvo el desparpajo de autorizarles la división para su venta.
Este año la dirección general de Servicios Generales y Recursos Materiales detectó las irregularidades sobre las propiedades cuyo valor ya supera los 20 millones de pesos.
Aunque el Ayuntamiento ya aprobó por unanimidad el inicio del proceso de reversión de los dos terrenos, que la representante del club, Verónica Domínguez Vallejo, haya demostrado que la venta se dio con anuencia del consejo directivo, la contralora Viridiana Márquez Moreno ya inició un expediente por las omisiones cometidas en el proceso.
Pero quizá la falta más grave sea la del Notario Público número 13, Ignacio Freyre Garza, quien protocolizó la compra venta dejando de lado el historial registral de las propiedades, donde claramente se especifica su naturaleza como objeto de donación pública.
Por lo anterior, tanto el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, como el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, coincidieron en que la responsabilidad por el posible fraude recae en el notario público que realizó las escrituras sus nuevos propietarios.
Las responsabilidades municipales serían administrativas, pero las del este fedatario público, mucho más graves. Es la Secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo la responsable de revisar el actuar del notario, aunque esa labor siga pendiente a falta de una queja formal.
Sin duda estamos ante un caso aleccionador para el municipio de León, cuyos candados son precisos en áreas como la Tesorería y Desarrollo Urbano, pero que en materia notarial, expone en blanco y negro las fallas en un sistema que apenas lucha por renovarse.
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3.- Navarro y los restauranteros
Si algo le faltaba al gobierno de Alejandro Navarro Saldaña, era un serio distanciamiento con los empresarios miembros del gremio restaurantero, que no han visto en su compulsiva tendencia de organizar eventos, el camino idóneo para generar una derrama económica compartida.
Nadie puede negar que la generación de eventos populares son también motor de una economía que, desde la informalidad, también sostienen una buena cantidad de familias en la capital del estado.
Sin embargo, la presidenta de la la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Leticia Padilla Villalpando, ha dejado ver una cerrazón total del municipio para tratar las inconformidades del sector frente al camino que ha tomado para generar turismo.
Y no son cosas menores. La molestia de los restauranteros tiene que ver con una competencia desleal que la administración de Navarro les fincó con su propio apoyo. De ahí, se generaron resquemores mayores por la calidad de estos eventos que consideran inseguros e insalubres.
El problema es que esta inconformidad ha escalado a una afrenta mayor, pues al momento el alcalde y aspirante a la gubernatura por el PAN, no les ha abierto la puerta del diálogo a pesar de las solicitudes formales de sectores como la Canirac.
La pregunta que ahora se hacen los prestadores de servicios turísticos es precisa ¿dónde quedaron las intenciones de Navarro por atraer visitantes de perfiles alto consumo?
Por ahora, los afanes del gobierno de Guanajuato capital parecen ser los de un sector popular, cortando de tajo con los empresarios formales.
Por si te lo perdiste: Canirac denuncia competencia desleal en eventos de Guanajuato Capital
CONTRA RETRATO
Eduardo Maldonado García
Tiene cuatro años como alcalde de San Felipe y no ha logrado remontar uno de los retos más concretos que enfrentan todos los alcaldes de Guanajuato: fortalecer y ampliar su policía municipal.
Eduardo Maldonado García se encontró con un preocupante déficit de agentes municipales en 2018, al iniciar su primer trienio en San Felipe, pero tras asumir su segundo periodo ganado en 2021, las circunstancias poco han variado.
Con tardanzas de más de una hora en atender reportes en sus comunidades suburbanas, donde se encuentra más del 70 por ciento de su población, San Felipe se encuentra con un estado de fuerza rebasado que lo coloca vulnerable a la criminalidad.
Según el titular de Seguridad Pública, Adolfo Salazar López, se ha operado en estas condiciones, al menos desde hace 15 años y ya se estableció una propuesta en el plan de gobierno, el problema es que estamos por arribar al penúltimo año de su gobierno.
Delitos como el abigeato, extorsión telefónica, robo a comercio y robo a transeúnte, el gobierno de Eduardo Maldonado pretende salvar las circunstancias con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército. Aunque con ello fortalece la percepción de su propia incapacidad.
Lo peor de todo, es que ejemplos como este, son los de aquellos municipios de Guanajuato que, fuera de las ciudades del Corredor Industrial, permanecen marginados de las políticas de seguridad mostrando la inminencia de un crimen que se expande en los 46 municipios del estado.
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JRP
