El inaudito caso de los “doctores Impulso”
1.- El inaudito caso de los “doctores Impulso”
Los Centros Impulso, ahora llamados Centros Contigo Sí por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) que encabeza Jesús Oviedo Herrera, son parte de una extensión del gobierno estatal. En municipios y comunidades es quizá lo más cercano a una oficina gubernamental.
Al ser parte de la carta de presentación de un gobierno enfocado en cerrar fuerte su política social, que ha ameritado sendos eventos que pretenden relanzarla, su uso y desempeño sin duda debe cuidarse con razón de estado.
Por eso es simplemente inaudito que una pareja de supuestos doctores cubanos, haya sido lo bastante hábil para lograr un espacio en el otrora Centro Impulso del municipio de San Felipe, y desde ahí despachar productos milagro que provocaron la fatal muerte de ciudadanos confiados en el membrete oficial.
El ‘doctor Impulso’ le decían a quien se identificó como Toledinho López, quien afirmó haber llegado por conducto del gobierno federal.
No es descabellada la credulidad que alrededor de 300 sanfelipenses –según calculan algunos en la localidad- les confirieron a este par de falsos médicos, pues los Centros Impulso también llegan a ofrecer servicios de salud de primera atención. Su ubicación en el lugar, en el colmo del absurdo, no podría ser tomada como un emprendimiento.
Incluso, tuvieron el descaro de cobrar por un tratamiento que curaba ‘casi todo’, desde las instalaciones de la zona centro y de la comunidad San Bartolo de Berrios, ambas dependientes de la Sedeshu en la persona de Martín Barrientos Luna, quien fue director del DIF en la administración del exalcalde Mauro Gutiérrez.
Ante todo, queda expuesta un increíble fragilidad institucional y de coordinación, justo en uno de los corazones de la estrategia social del gobierno estatal. ¿A nadie se le ocurrió consultar con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez?
Durante más de dos meses esta pareja operó con singular tranquilidad mientras se gestaba un mega fraude, que se calcula en 3 millones de pesos, a costillas del gobierno estatal; además de un problema de salud pública al ya reportar muertes por los tratamientos que recomendaron.
Sólo hay dos caminos que pueden explicar el caso: la complicidad o una incompetencia garrafal.
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2.- Fuga de talentos
Vacantes para músicos en Coahuila, Veracruz y Querétaro, se publican en el grupo de Facebook ’70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato’. El sitio, administrado por una particular -integrante de la agrupación- y no por la UG, cuenta con más de 840 seguidores, no todos pertenecientes al gremio.
Las plazas que se ofrecen son variadas, la gran mayoría para tocar en la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Esta opción en particular podría resultar peligrosamente atractiva.
Aunque el pasado mes de junio los músicos de la OSUG recibieron la noticia de que a partir de agosto tendrán un merecido y por años demandado aumento salarial, la comparación con los sueldos que perciben sus colegas veracruzanos es devastadora. Con el 13.5% el incremento a la orquesta de la UG, vigente a partir de agosto, un músico principal cobraría 24 mil 393 pesos; por la misma posición, la Universidad Veracruzana paga 41 mil 279 pesos.
Desde finales del marzo, cuando los miembros de la OSUG denunciaron la falta de espacios seguros para tocar y ensayar, reiteraron la necesidad de una mejor paga. En su protesta a las afueras del deteriorado Teatro Principal, manifestaron que incluso dentro del mismo estado hay agrupaciones que perciben mayores ingresos.
Una institución como la Universidad de Guanajuato debería retribuir lo que corresponde a una orquesta tan querida, pilar y referencia de la cada vez más escasa actividad cultural de la capital del estado.
La OSUG ha sido reconocida en naciones como Croacia por su calidad y excelencia, y tendrá un papel fundamental en el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, su relevancia no está en tela de juicio.
Aunque las publicaciones ofreciendo alternativas de trabajo no tienen una significativa cantidad de interacciones o respuestas, es lamentable imaginar a los talentos de la OSUG, que llegaron a esta ciudad con la ilusión de pertenecer a una agrupación icónica, contemplando partir y empezar de cero en otro estado.
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3.- Contralorías: la incompetencia manifiesta
Tal vez el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no ha mostrado avances sustanciales para combatir los actos ilegales cometidos por servidores públicos, pero al menos ha servido para dar cuenta de las piezas que son, valga la expresión, sistemáticamente incompetentes dentro de la cadena de seguimiento de casos.
La afirmación anterior, no debe leerse como un mínimo elogio. Únicamente se trata de reconocer lo que en la sesión del 12 de julio del Consejo Coordinador del Sistema Anticorrupción, se reveló como parte de los informes trimestrales del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que preside el magistrado Eliverio García Monzón.
Se han resuelto 17 procesos administrativos instaurados en contra de resoluciones derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa, presentados por las contralorías municipales. De éstas se decretó la nulidad total de la responsabilidad administrativa en 15.
Ello implica que, el 4.77 por ciento de las resoluciones de responsabilidad administrativas culminan con una sanción contra del servidor público y un 95.23 por ciento se tiene por no acreditada la imputación. En palabras llanas, la efectividad de las contralorías municipales es paupérrima.
No hay que dejar de lado, que el sustento de las acusaciones que se presentan ante el TJA, son producto de la debida investigación, por eso llama la atención que una de las causas más recurrentes en las derrotas de las contralorías, sea la falta de acreditación de la conducta, incluso la inexistencia de la responsabilidad administrativa.
En medio de este escaso palmarés de las contralorías, representadas en el Consejo Coordinador del SEA por Andrea Mejía Alvarado de Victoria, Ricardo Cortés Morales de San Felipe, Laura Elena Lara Rodríguez de Celaya y Patricia Aguilar Gallardo de Irapuato, tampoco se pueden dejar de lado las presiones políticas.
La subordinación de los órganos de control de los municipios, así como la cooptación, siguen siendo un ingrediente que acelere, frene o sabotee, procesos de responsabilidad lo que ha llevado a tener una actuación testimonial frente al TJA.
Lo cierto es que ahora el foco de recomendaciones se concentrará en el desempeño de las contralorías, un tema que de otra manera se destinaría al olvido.
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CONTRA RETRATO
Roberto García Urbano
Su municipio ya es preocupación estatal por el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, así como por su deserción escolar. Por eso su gobierno se ha visto envuelto en un gran escándalo nacional, señal absoluta de que en medio de la crisis de violencia los gobiernos no han entendido nada.
El panista Roberto García Urbano, miembro del grupo político del exalcalde Juventino López Ayala, tendrá que hacer una seria revisión desde la cabeza de la dirección de Seguridad Pública, que tiene a su cargo Benjamín Alejandro Vargas Hernández, pues en sólo una semana desde la Policía local se han suscitado dos actos infaustos.
Un funcionario como el coordinador de árbitros calificadores de Purísima del Rincón, Erick Segura Zepeda, de puro gusto se disfrazó de policía municipal. Días después, desde la propia corporación se decidió mostrar, prestar y adiestrar a estudiantes de secundaria en el uso de armas.
Sin duda alguna, fue este último hecho el que ha causado conmoción e indignación; son dantescas las imágenes de alumnos de secundaria empuñando un revólver o armas largas, como parte de una muestra que supuestamente se enfocaría en el uso adecuado del Sistema de Emergencias 911.
Aún queda por explicar cómo se pudo cometer un acto como ese en un evento organizado por Protección Civil, dentro de una secundaria pública. Si se trató de un acto de insubordinación, como lo argumentó Vargas Hernández, ¿qué perfiles están a cargo de los agentes?
Por ahora se ha anunciado una investigación para sancionar al responsable de este acto apologista de la violencia, como lo han calificado y exigido organizaciones en defensa de los derechos de la infancia. Un deber mínimo para un alcalde que ve como su Policía hace gala de indisciplina y falta de oficio.
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JRP
