El PAN: feministas pero “provida”
1.- El PAN: feministas pero “provida”
“Nosotros somos provida”, fueron las palabras de la diputada local del PAN, Cristina Márquez Alcalá. La legisladora enfatizó que la despenalización del aborto “nunca va a estar en la agenda” de su partido.
Aunque el 21 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró incons-titucional que desde los estados se proteja la vida desde la concepción, los panistas se aferran a dicho criterio para blindarse cada que surge el tema.
¿En qué contexto manifestó Márquez estas declaraciones? Luego de firmar una serie de compromisos en pro de las mujeres, evento en el que participaron sus compañeras de bancada.
“Seguiremos proponiendo acciones legislativas que velen por erradicar la violencia, por las mujeres jefas de familia, (…) por la prevención del acoso y hostigamiento, la atención materno infantil”, enumeró Katya Soto Escamilla.
Y aunque se trataba de una iniciativa femenina, no pudo faltar la intervención del coordinador del grupo parlamentario del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres, quien lanzó el siguiente mensaje a las mujeres: “en nosotros siempre encontrarán oídos abiertos, corazones sensibles y una mano dispuesta a apoyarlas”.
Respecto a escuchar a las mujeres, fue la propia Comisión de Justicia la que desde febrero decidió excluir a los colectivos feministas y organizaciones civiles del debate sobre la despenalización del aborto. Desde la perspectiva de los albiazules, la decisión a ejercer o no la maternidad, no cabe entre los derechos de las guanajuatenses.
De acuerdo con Cristina Márquez, el PAN busca “que el aborto no sea una opción”, brindando alternativas para una vida digna a las futuras madres.
Las acciones dentro de los compromisos que firmó la bancada incluyen foros, conferencias, talleres y publicaciones, así como la transversalidad para trabajar en leyes y reformas que empoderen a las mujeres.
Del dicho al hecho, hay mucho trecho, trecho aún impregnado por lo que la propia Márquez llamó “los principios de doctrina” del PAN.
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2.- Morena empieza con sus jaloneos
Los liderazgos de Morena en Guanajuato parecen estar resueltos al conflicto interno. Ahora que vienen las asambleas distritales, todo parece indicar que el proceso nuevamente provocará un choque de trenes que incluirá intrigas y hasta posibles ilegalidades.
Según trascendió, se registraron poco más de 6 mil candidatos a consejeros de los diferentes grupos de Morena.
Los grupos están configurados: Ernesto Prieto Gallardo, actual dirigente estatal y diputado local; Antares Vázquez Alatorre, senadora y aspirante a la gubernatura; Martha Lucía Mícher Camarena, senadora y cercana a Marcelo Ebrard Casaubón; Mauricio Hernández Núñez, de-legado federal en Guanajuato y Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco.
Será el próximo 22 de julio cuando se publique la lista de los elegibles para ser votados el 31 de julio como consejeros, y por consiguiente se conocerán las bases de la sucesión en la dirigencia estatal.
Es en ese proceso que han comenzado las triquiñuelas y acusaciones entre los grupos, concretamente las que apuntan a Ernesto Prieto, quien no está dispuesto a ceder la dirigencia estatal para que se quede entre sus cercanos, específicamente el diputado local Cuauhtémoc Becerra González.
Según el equipo de Ricardo Sheffield, el abogado Enrique Alba ha encabezado reuniones y operaciones en León, mediante promesas de entrega de despensas para ampliar sus redes en la ciudad zapatera.
Ya sea mediante cartulinas en sitios estratégicos ubicados por sus operadores en colonias populares, o mensajes directos vía Facebook, se solicita el registro con la credencial del INE en mano, para hacerse acreedores a dichas gratificaciones; el ofrecimiento es de una despensa y 3 mil pesos por operador.
Más allá de lo cierto o no de las acusaciones en contra de uno u otro liderazgo, llama la atención que se realice un derroche de recursos de este tipo, en el marco de un proceso al interior de un partido ahogado por las multas millonarias impuestas por el Tribunal Electoral tras las elecciones de 2018 y 2021.
El 2024 podrá traer consigo la coyuntura favorable para Morena en Guanajuato, sólo que sus liderazgos se apresten a dilapidarla con jaloneos y trampas bajo la mesa.
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3.- La continua lucha laboral
A partir de la victoria de un sindicato independiente en la planta de General Motors en Silao, la lucha obrera en Guanajuato marcó un punto de partida para las organizaciones que buscan detonar movimientos similares en el resto de las industrias repartidas en el estado.
La Casa Obrera del Bajío ha surgido a partir de esa lucha y esta semana tomó postura frente al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM) en Guanajuato, liderado por el priista Alejandro Rangel Segovia, en un típico caso de demandas laborales, despidos injustificados y libertad sindical.
José Laguna Delgado, Ernesto López y Karina Abundis Castro denunciaron públicamente haber sido despedidos de manera injustificada de la empresa Fraenkische Industrial, instalada en el Parque Industrial y de Negocios Las Colinas. Según afirmaron, todo fue por organizarse para lograr mejores condiciones laborales.
Ellos sostienen su denuncia en el hecho de que su despido sobrevino, justo cuando iniciaron pláticas con el objetivo exigir el reparto de utilidades y revisar la posibilidad de elegir nuevos representantes sindicales. Fue así que recibieron el respaldo de la Casa Obrera que coordina Israel Cervantes Córdoba.
Estas denuncias públicas lograron despertar las reacciones del SITIMM, que lamentó el despido grupal del pasado 15 de julio “a pesar de toda la atención y respaldo” que les dieron. Para sostenerlo, difundieron capturas de los mensajes que intercambiaron con los trabajadores, aunque en estos sólo se les ratifica su baja.
Por lo anterior, rechazaron las acusaciones de colusión con la empresa, argumentando que representar la voz de los trabajadores amparados en el contrato colectivo de trabajo legitimado por el 87 por ciento de los agremiados en Fraenkische.
De ahí, la contra ofensiva del SITIMM se centró en señalar que sólo se enfocan en “desestabilizar las fuentes de trabajo, y desprestigiar el trabajo que desde hace 50 años ha caracterizado al SITIMM en todos sus centros de trabajo”.
Sin duda alguna el caso aún tiene capítulos por venir, como también lo tendrá esta nueva circunstancia de pesos y contrapesos entre sindicatos, organizaciones y empresas que en Guanajuato hacía mucho tiempo no generaban el menor ruido.
Hoy, hay debate público.
Por si te lo perdiste: Falta de microprocesadores provocaría paro en 14 empresas de Guanajuato: SITIMM
CONTRA RETRATO
HÉCTOR RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
La percepción de la inseguridad es el miedo que tiene una persona ante el riesgo de ser víctima de un delito, por lo que refleja en buena medida el impacto social de los hechos delictivos que son recurrentes en una sociedad urbana como la de León, donde ocho de cada 10 se sienten a merced de la delincuencia.
Por ello las expresiones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en León, Héctor Rodríguez Velázquez, en cuanto a que la gente que se “porta bien” goza de mejor percepción de seguridad, refleja en su magnitud la supina ignorancia y menosprecio en una medición sensible para el ejercicio de gobierno.
El analista Alejandro Hope advierte que en el largo plazo, la percepción y la realidad corren en paralelo, “pero en horizontes temporales más cortos, es posible reducir el miedo sin necesariamente alterar los niveles objetivos de riesgo”. Sin embargo, estos conceptos aún no son, por lo visto, de común uso entre las voces del sector empresarial.
Según Rodríguez Velázquez, lo que importa al final de cuentas son los números duros, los cuales –según afirmó a pies juntillas- reflejan que algunos delitos sí han disminuido, aunque en los hechos el robo de autos, homicidios culposos, violación, violencia familiar, robo con violencia y lesiones dolosas incrementaron.
De esa manera, el líder empresarial simplemente apostó por menospreciar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI que, curiosamente, el exalcalde Héctor López Santillana, incluyó en sus parámetros para fijarse la meta de “reducir al 50 por ciento la percepción de inseguridad en León” de 2015 a 2018.
Al final, Héctor Rodríguez representa la voz de un empresariado que ha decidido apegarse a la narrativa oficial y la defensa progobiernista, que poco ha enriquecido el debate para mejorar una realidad que en los hechos y las percepciones, luce cada vez más cruenta para el ciudadano común, incluso para los que se ‘portan bien’.
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JRP
