El problema es el sistema
1.- El problema es el sistema
La prisión preventiva oficiosa refleja los males endémicos del sistema de justicia en México, de cara a una crisis de violencia y criminalidad organizada en el que la exigencia general es evitar la impunidad.
Como en tantas cosas de la vida pública, los derechos humanos son nuevamente el motivante que cuestiona los procesos de procuración de justicia y los criterios para privar de la libertad a un acusado, que ahora serán analizados y juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de una dicotomía entre la cárcel para presuntos criminales de alto impacto, y las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que pasan años encarcelados sin una definición legal de su caso. Todo a raíz de una prisión preventiva oficiosa.
Al fondo de todo esto se encuentra la ineficiencia de un sistema que no logra garantizar una justicia pronta y expedita. Desde investigaciones estériles de las fiscalías estatales, hasta los excesos cometidos en el seno del Poder Judicial, la justicia mexicana no logra consolidarse.
De entrada, la petición de amparo y de acción inconstitucional que los magistrados están por definir, viene de familiares de Oscar Andrés N, integrante de la Unión Tepito, con la que exigen liberar de la prisión preventiva a su hermano y tío.
En su proyecto para declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, advierte que a diferencia de la prisión preventiva justificada, la oficiosa “afecta en mayor grado el derecho a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia”.
Para la jurista, el agravio se provoca al poner bajo custodia a un imputado desde que es vinculado a proceso, sin que se le permita revisar su situación y la continuidad de esa medida cautelar por un periodo de dos años.
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de dictarse la inconstitucionalidad, se tendría que liberar a más de 92 mil personas con lo que la ‘puerta giratoria’ ahora sería una ‘puerta abierta’. Crítica motivada en buena medida por los grandes casos de alto impacto público que se mantienen abiertos.
Será el próximo 5 de septiembre, cuando la SCJN inicie la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores oposición, así como el amparo que interpuso Brandon Alexis Flores Ramírez, para impugnar la prisión preventiva oficiosa.
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El problema es el sistema
2.- RIAMA y Salamanca: llamado a la certeza
Pese a su gran visibilidad, la contaminación provocada por la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Pemex (RIAMA) requiere ser dimensionada en su impacto a la salud pública. El tener un diagnóstico claro de la prevalencia de padecimientos asociados a la toxicidad lanzada al medio ambiente, es una carta más para denunciarla.
Si bien el tema ha sido abordado por el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, secundados por el Secretario de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Díaz Martínez, faltan estudios concretos para sustentar que la contaminación de RIAMA cuesta vidas.
La falta de estudios sobre la relación de enfermedades con la contaminación no es nueva. Basta recordar la ya histórica lucha de las comunidades cercanas a las casi 200 mil toneladas de residuos con cromo hexavalente sin tratamiento ni confinamiento de Química Central, vinculadas a casos de cáncer.
No hay duda de que la contaminación afecta e impacta negativamente en la salud de las personas, el problema es que para implicarla directamente al daño ambiental que causa un factor en concreto como RIAMA, se requiere de una exhaustiva investigación que la descarte o la dimensione.
Para tal labor, Guanajuato cuenta con casas de estudio e investigadores suficientes para intervenir con el estudio. No es necesario acudir con externos. Se trata de una labor perfectamente visualizada que otorgaría el valor que le fue quitada a la investigación científica a punta de recortes presupuestales.
Un estudio de tal envergadura, ayudaría a pilotear la posibilidad de realizar otros similares en diversos casos particulares, además de convertirse en un elemento de prueba que destrabe las denuncias ambientales que, como en el caso de RIAMA, poco avanzan en instancias federales.
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El problema es el sistema
3.- Mochilas van y vienen
Como suele ocurrir cada año, el inicio del ciclo escolar también da pie a la entrega de apoyos en especie, como el acto político más característico de la temporada.
El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dejó de lado la entrega de tabletas y computadoras, para recurrir a los kits más elementales que incluyen útiles básicos y una mochila, artículo clásico que también abarcaron los diputados locales bajo su partida de apoyo social.
Las entregas se han desplegado sin ton ni son. Gobierno estatal y municipal por un lado, diputados por otro, en algunos casos han concertado entregas conjuntas como en el caso de León con el legislador del PAN, Aldo Márquez, que entregó este artículo con su nombre estampado.
En medio de esto, el colmo se ha denunciado en la zona Laja Bajío donde se ha denunciado la entrega de útiles pero sin la mochila. En escuelas de municipios como Apaseo el Grande, Tarimoro y Celaya aparentemente se han acotado las entregas aún cuando son apoyos generalizados.
En contraste, la diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, mantiene en Celaya la entrega de mochilas ofrecidas como apoyo social. Aunque estas no incluyen promoción a su nombre, no deja de llamar la atención el inusitado interés en este artículo de primera necesidad para alumnos y padres de familia.
Por lo pronto, la fiscalización en estas entregas sin importar la instancia benefactora, es ahora necesaria y conveniente.
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El problema es el sistema
CONTRA RETRATO
Sophia Huett López
Su incursión en instancias federales y estatales se cruzó con circunstancias que quizá no esperaba. Con una plaza vigente en la extinta Policía Federal, saltó al gobierno estatal confiada en el cargo que se le creó exprofeso, siempre como la encargada de ser la voz del estado para enfrentar los cuestionamientos sobre la inseguridad.
Primero como Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, luego como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López ha sido muy bien tratada por el gobierno estatal que ubica estos cargos como carteras bien remuneradas.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Bajío, con maestría en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey, incursionó en la Policía Federal donde llegó a la dirección adjunta en la Coordinación de Asesores del Comisionado General de la Policía Federal, con el grado de Inspectora General.
Esos antecedentes logrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, le valieron la invitación para llegar a un Guanajuato que en 2018 ya enfrentaba una crisis de violencia y criminalidad. Sin las altas responsabilidades de un Secretario de Seguridad o un Fiscal, empató su nivel, al menos, en lo burocrático.
Por lo anterior se explica su respuesta cuando Correo le cuestionó sobre el futuro de su licencia laboral, ahora en manos de la Guardia Nacional. En juego las ventajas logradas en Guanajuato, Huett López alegó, no sin razón, la falta de espacios otorgados en las carteras de seguridad para las mujeres.
Sophia Huett se acerca a la finalización de un encargo que la obligará a resolver su futuro, que en buena medida se definirá entre las certezas y errores desempeñando su labor de vocera, en un contexto social nada amable para el ciudadano común.
El problema es el sistema
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JRP
