El statu quo de los delitos federales
1.- El statu quo de los delitos federales
Cárceles llenas, listas interminables de víctimas y la violencia galopante que no termina por ser, al menos, contenida por las fuerzas públicas de México. Se trata de un panorama deprimente que mucho impacta a la sociedad, pero del que poco se avanza en los estrados oficiales.
Basta voltear a ver las cifras de investigaciones abiertas por la comisión de delitos del orden federal, concretamente el narcotráfico y el robo de hidrocarburos, para darse cuenta de que la realidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero, no empata con la que se da cuenta día a día.
Hoy Correo da cuenta de las 36 carpetas de investigación que ha abierto la FGR en Guanajuato en tres años y medio, como parte de una dinámica ya denunciada por empresarios, políticos y ciudadanía en general: la FGR en Guanajuato es prácticamente inexistente, administra los casos y se moviliza sólo al compás de sus oficinas centrales.
No es una situación nueva, quizá por ello sorprende aún más que no haya habido cambios a pesar de los aires de renovación que presumió Gertz desde su llegada en 2019, el año de la intervención contra el robo de combustible que en Guanajuato dejó sólo siete carpetas de investigación.
De ahí en adelante, como si se tratara de una cuota mínima, Guanajuato promedia una carpeta por delitos federales al mes.
El dato anterior no parece incomodar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Zamarripa Aguirre, quienes decidieron compadecer públicamente al encargado de la delegación de la FGR, David Eugenio Carmona Álvarez, por su trabajo “pese a las carencias que padece”, en el último informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El estado de Guanajuato decidió abandonar las exigencias para que más sujetos detenidos por la violencia, sean procesados también por la larga cadena de delitos federales que les antecede. Así que no hay cadena de custodia dentro de los procesos del fuero común al federal. No hay resultados redondos con las grandes detenciones.
Estamos frente a un statu quo en el que la FGE administra los casos que alcanza a procesar, mientras la FGR da cauce sólo a aquellos en los que recibe consigna oficial.
Pobre escenario tenemos frente a la violencia y la criminalidad, sin instancias activas en su deber de impartir justicia verdadera y profunda.
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2.- Diputados caros, discrecionales y facciosos
El último estudio publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) confirmó que Guanajuato mantiene a los diputados que se encuentran entre los más caros del país, pero también reveló la caída estrepitosa de los recursos asignados para ser revisados en sus gastos y operaciones.
Si a lo anterior sumamos la actitud excedida de la fracción dominante -el PAN- para ‘evaluar’ la viabilidad de las iniciativas antes de que lleguen a una Comisión como la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, el escenario crece del dispendio al despotismo.
Si tomamos en cuenta que el Poder Legislativo tiene razón de existir sólo a través de sus diputados, en Guanajuato se gasta un promedio de 14.5 millones de pesos por cada uno de sus 36 legisladores locales, al hacer el cálculo tomando como base el presupuesto total del año.
Lo anterior contrasta con el 20 por ciento de reducciones que le han aplicado al órgano auditor entre 2020 y 2022. Es decir, salen caros y ventajosos.
Por supuesto, dichas condiciones no podrían entenderse sin una hegemonía partidaria sentada en el PAN desde hace casi 30 años en el Congreso de Guanajuato, con una oposición que no ha podido hacerle frente ya sea por cantidad o calidad en el trabajo legislativo.
Dicha hegemonía quedó muy clara ayer, cuando las diputadas del PAN, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, propusieron que antes, se realice un análisis de 10 propuestas en particular para determinar su “consistencia legal”.
Fue la diputada del PAN, Briseida Magdaleno González, la que planteó se lleve a cabo una evaluación de la legalidad de las propuestas y que a partir del 26 de agosto, se convocara a las mesas de trabajo. Por supuesto, la intención facciosa de rechazo o aceptación de las iniciativas prevaleció.
No importan los mecanismos existentes. Es precisamente en la comisión que más rezagos jurisdiccionales arrastra, que el panismo decide apretar su dominio bajo el argumento de incorporar voces a las discusiones que, claro, a menudo son las que son afines.
Así, con un presupuesto que destaca por ancho e inauditable, los diputados de Guanajuato se sumergen en debates que tienden a proteger y ampliar sus márgenes, sobre todo si pertenecen al partido en el poder.
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3.- Sí, el proceso interno de Morena se pone peor
No hay esperanzas de que amaine la turbulencia al interior de Morena. Pareciera que sus liderazgos –locales, estatales o nacionales- están convencidos de que el desorden rayando la ilegalidad es ya, de hecho, su forma tradicional de dirimir sus procesos en el “partido-movimiento”.
Ya le hemos puesto al tanto en este espacio de las triquiñuelas que se han desatado de cara a las elecciones de consejeros y dirigentes, que en el caso de Guanajuato habrá de ser una mujer tras la última tómbola conforme a los designios de la equidad de género.
Ya sea con las despensas de Ernesto Prieto Gallardo, las escrituras de Ricardo Sheffield Padilla o los llamados de Martha Lucía Mícher Camarena, la parte crucial empieza por afiliar a la mayor cantidad de personas que después voten por sus afines en el consejo partidario.
Como si esto no fuera lo suficientemente complejo, las falencias, omisiones y excesos de la convocatoria interna ya han surtido efecto, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió el 26 de julio e inició la instrucción del juicio SUP-JDC-589/2022 elaborado por la Comisión Jurídica de la Convención Nacional de Morena.
Como “terceros interesados” los abogados y militantes de Morena exigieron la pronta resolución del caso dado la “imperiosa necesidad de dar certeza al proceso electoral” que tendrá lugar este próximo fin de semana. Hasta publicaron una petición en change.org con poco más de 3 mil 500 firmas.
Vaya caso. Lo liderazgos de Morena realizando presuntos actos ilegales, basados en una convocatoria que por su parte también violaría sus propios estatutos.
La verdad es que la petición digital que lanzaron los abogados de Morena lo advierte bien: “el próximo 30 y 31 de julio atestiguaremos una feria de acarreos para la compra y coacción del voto al más fiel estilo del viejo régimen, que acabaría de una vez y para siempre con la esencia de Morena como un partido-movimiento…”
Lo más increíble es que sólo faltan tres días para la jornada morenista y no se ha visto todo. Aquí nos leeremos.
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CONTRA RETRATO
Javier Mendoza Márquez
Desde prósperos negocios familiares que operaron por décadas en Celaya, hasta pequeños comercios, han desaparecido debido a extorsiones. El alcalde Javier Mendoza Márquez declaró el 12 de julio que los cierres o cambios de giro se debían a “otro tipo de situaciones”, que el gremio usaba la inseguridad como una justificación.
De esta manera minimizó uno de los principales delitos que aquejan desde hace años al municipio que gobierna.
Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y el Círculo de Empresarios de Celaya, Juan Yúdico Herrasti y Jorge Rincón, urgieron atender una situación que sabemos ha cobrado la vida de vendedores de flores, propietarios de tortillerías, tianguistas.
Este miércoles, en la presentación de resultados del ‘Programa Integral de Seguridad para Instituciones Educativas’, Joel Aguirre Rodríguez, rector de la Unitesba Universidad, manifestó ante autoridades que la extorsión ya afecta incluso a las escuelas.
Hay alumnos que dejan de estudiar porque sus familias sufren amenazas, lo que disminuye la matrícula en las escuelas.
El catedrático cuestionó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Jesús Rivera Peralta, esté haciendo lo suficiente por combatir este delito. “¿Cuáles son las metas?, ¿a qué queremos llegar?, ¿se tiene claro cuál es el monto, el volumen de la extorsión en nuestra ciudad, en el municipio?, yo creo que no”, manifestó Aguirre.
Una nueva voz, procedente ahora de otro gremio, ya puso el tema sobre la mesa, en espera de que Mendoza enfoque su prometido ‘golpe de timón’ en los puntos que más laceran a la sociedad.
Mientras tanto, Rivera Peralta anunció que habilitarán una línea telefónica para reportar extorsiones, como si las poco más de 56 denuncias recibidas este año, reflejaran la realidad. ¿Pobre estrategia?, sí; esperemos no sea la única que tenga en mente la administración del alcalde panista.
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JRP
